Inmigrantes y refugiados venezolanos fueron encuestados en siete países Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana y Guyana sobre los desalojos que han vivido o temen vivir durante la pandemia.
La pandemia ha incrementado el riesgo de desalojo de migrantes y refugiados venezolanos en los países de acogida quienes, en su mayoría, no tienen vivienda formal y alquilan los lugares de manera verbal, pues no cuentan con los recursos ni documentos para hacer contratos formales.
Este fue uno de los hallazgos de la Encuesta Regional de Desalojos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela, revelada el miércoles por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
El 86% de los encuestados manifiesta que el principal impacto del COVID-19 es la acumulación de deudas, y para más del 45%, es la exposición de amenaza al desalojo. En el momento de la encuesta, para más del 41% de los consultados esta amenaza se concretó en un desalojo, lo que ha hecho que más del 11% se hayan visto en situación de calle y el 39,8% estaban, de nuevo, en riesgo de desalojo.
William Spindler, encargado para las comunicaciones de la oficina regional para las Américas de ACNUR, explicó a la Voz de América que “hay un gran nivel de precariedad de esta población que ha sido efectivamente una de las más golpeadas en la pandemia que, de por sí, ha afectado de manera desproporcionada a América Latina”.
La encuesta encontró que el 86,6% de los hogares encuestados pertenecen a personas refugiadas y migrantes de Venezuela que tienen o tuvieron contratos de arrendamiento o de préstamo sobre sus viviendas. De estos hogares, el 76,9% pagan con recursos propios y solo un 10,4% proviene del apoyo de gobierno o un organismo humanitario.
Además, el 73,7%, acuerdan contratos verbales. Solo el 12.9 % tiene contratos de arrendamiento escritos.
“La gran mayoría de éstas dependen de sus propios ingresos para pagar el arriendo o lugares donde están. Casi el 80% de las personas están arrendando una casa, un apartamento, en muchos casos, la inmensa mayoría de ellos no tienen un contrato escrito, simplemente un contrato verbal con la persona que les arrienda”, dijo Spindler.
Este tipo de contratos verbales se relacionan con la incertidumbre y el riesgo de ser desalojado, pues la encuesta halló que aquellos que no tenían contratos o autorizaciones sobre sus alojamientos o viviendas, fueron desalojados en más de un 60%, mientras quienes tenían contrato escrito, lo fueron en cerca de un 30%.
Incluso, cinco de cada diez personas ya desalojadas, se encontraban en el país de acogida de forma irregular, dificultándose su posibilidad de derecho a una vivienda digna, a tener contratos formales.
«Esa informalidad tiene imposibilidad de acceder a justicia, de tener contratos formales, muchos de esos contratos son verbales de días, por semanas o por meses», explicó Juan Betancur, consultor para el informe de desalojos del Sector Regional de Protección de R4V. en una rueda de prensa virtual.
Familias numerosas
En estos alojamientos, viven tres o más personas, sin las condiciones adecuadas. La minoría, según lo encontrado, se ubica en asentamientos informales o en alojamientos construidos en bienes de uso público.
La encuesta indicó que en la región, Brasil cuenta con el mayor porcentaje de refugiados y migrantes de Venezuela viviendo en albergues o alojamientos temporales, con más del 15%, seguido por Colombia con un 4%.
Dentro de lo encontrado, también alerta el hecho de que el 50% de los hogares de refugiados y migrantes de Venezuela vive en viviendas con una habitación y el 18% en alojamientos que no tienen habitaciones; lo preocupante, además, es que cerca del 85% de los hogares tienen más de tres personas y el 32% de los hogares encuestados tiene cinco o más miembros.
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Con información de Voz de América