La comunidad universitaria venezolana se encuentra en la peor crisis de su historia, marcada principalmente por la asfixia presupuestaria del Estado, la violación de los derechos laborales y la falta de atención a sus estudiantes.
El informe Universitarios en el marco de la emergencia humanitaria compleja venezolana –elaborado por la ONG AulaAbierta, junto a la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos Padre Luis María Olaso– detalló que la violación de los derechos humanos se ha convertido en una constante.
Recalcó que la situación del país es una combinación de inestabilidad política, conflictividad, desigualdades sociales y pobreza: “Esta situación ha permeado en la comunidad universitaria venezolana, afectando su desempeño”.
La deserción estudiantil, según el informe, se ubica entre 30% y 40% en las principales universidades del país. “Las principales causas se relacionan con la crisis de los servicios estudiantiles de transporte y comedor, los inexistentes montos para becas estudiantiles y la grave crisis económica que aqueja Venezuela”, especificó.
Para el año 2018 algunas universidades calculan hasta en 50% la fuga de talento profesoral, “llegando a evidenciarse en oportunidades que los profesores de mayor trayectoria y experiencia son quienes mayormente abandonan las universidades”.
Uno de los principales aspectos de la crisis tiene que ver con la asfixia presupuestaria inducida por el Estado.
“Al menos desde el año 2010 se ha registrado una política dirigida a generar una insuficiencia presupuestaria en las universidades públicas de la nación”, detalló el informe.
Señaló que se han aprobado partidas presupuestarias con déficits que van entre 50% y 70% en relación con los requerimientos reales de las universidades: “Lo anterior se traduce en la negación del derecho de las universidades de poder presentar y tener una expectativa real de recibir un presupuesto adecuado a sus necesidades de infraestructura, docencia, investigación y extensión”.
Añadió que esta asfixia “supone consecuencias graves en el ejercicio del derecho a la libertad académica, la autonomía universitaria y en consecuencia al derecho a una educación de calidad”.
El segundo aspecto que se resaltó en el documento tiene que ver con la violación de los derechos laborales de los profesores, empleados y obreros de las casas de educación superior: “Una de las principales violaciones radica en la disminución de la base para el cálculo del escalafón profesoral universitario de 4,75 salarios mínimos, consagrados en la convención colectiva vigente, a 1,33 salarios mínimos”.
Aula Abierta recalcó que la violación a los derechos laborales de los universitarios es una situación que el Estado venezolano ha realizado continuadamente durante los últimos años.
“La presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Lourdes Ramírez de Viloria, denunció que el Estado venezolano, a través del Ministerio para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, ha procurado la exclusión de la Fapuv en los espacios de reivindicación y exigencia de los derechos de los profesores universitarios”, aseveró.
El tercer elemento que destacó Aula Abierta es la crisis en el sector estudiantil universitario. Indicó las deplorables condiciones de los servicios de transporte estudiantil, el comedor y la entrega de becas a los universitarios.
“Las situaciones descritas han causado un daño estructural en la educación superior venezolana, pues las principales casas de estudios del país han arrojado cifras de deserción estudiantil alarmantes”, reveló.
Agregó que las cifras expuestas reflejan que la universidad se encuentra inmersa en el espiral de la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela: “De persistir las políticas de Estado dirigidas a acabar con la universidad el porcentaje de deserción estudiantil y profesoral podría empeorar drásticamente para 2019, siendo un grave peligro para el futuro de una nación que no contaría con profesionales suficientes formados ni por formar”.
Recomendaciones
Aula Abierta exhortó al Estado venezolano a respetar y garantizar el derecho humano a la libertad académica. Asimismo exigió que acate las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela del año 2018, específicamente las relacionadas con el respeto de la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a una educación de calidad.
Exigió al Estado que se abstenga “de aplicar cualquier práctica de censura contra los académicos que se dedican a la investigación científica en Venezuela”.
Finalmente le exhortó “a realizar asignaciones presupuestarias adaptadas a los requerimientos realizados por las universidades, toda vez que la disposición de recursos adecuados para sus necesidades institucionales es una condición sine qua non para el ejercicio pleno de la autonomía universitaria y por ende, protección de la libertad académica”.
Con información de El Nacional