Las bibliotecas públicas se enfrentan a dificultades que ponen en riesgo el patrimonio cultural del país. El mal estado de las colecciones, falta de personal, renuncias, daños en la infraestructura y fallas en los servicios públicos han provocado, hasta ahora, el cierre de seis de las 42 bibliotecas públicas que integran la Red Metropolitana, y nadie da respuestas.
En la Biblioteca Pública Mariano Picón Salas, ubicada en el parque Arístides Rojas de la urbanización Maripérez en el municipio Libertador, el techo machihembrado de madera que cubría la Sala Infantil, donde se encontraban los depósitos de libros y juguetes, cedió ante la falta de impermeabilización y colapsó por las lluvias. Los bienes que se resguardaban en esta sede fueron declarados de interés cultural por el Instituto de Patrimonio Cultural en Gaceta Oficial número 39272.
Cerca de 12.700 libros que se guardaban en cuatro salas de la Biblioteca Pública Parque Central también quedaron atrás. Tras varios inconvenientes y cierres por filtraciones e inundaciones, este centro de lectura localizado en la mezzanina de la Torre San Martín no pudo volver a prestarle servicio a la comunidad.
Las bibliotecas públicas Rómulo Gallegos, ubicada en El Paraíso; Roca Viva, en el barrio Barrio Isaías Medina Angarita; La Pastora y Juan Antonio Pérez Bonalde son otros ejemplos de sedes que se vieron afectadas por la falta de inversión de las autoridades competentes.
Maryori Goicochea, exdirectora de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas, comentó a Crónica.Uno que entre noviembre y diciembre de 2019 se intensificó la filtración que existe en el techo de la Biblioteca Pública Alberto Ravell, en El Valle, y debido a la humedad existente se suspendieron las atenciones a los niños para evitar que puedan desarrollar alergias. En caso de que no sea atendida pronto, podría cerrar definitivamente.
Aunque el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, ha ofrecido “paños de agua tibia”, los hongos, gusanos, polillas y el fenómeno del vinagre en las colecciones por la humedad han degradado los textos y materiales que representan gran valor para el patrimonio cultural de Venezuela, como en el caso de la Biblioteca Nacional de Venezuela que se encuentra fuertemente afectada por la falta de aire acondicionado e iluminación.
“Todo está bien” para la luz pública
“Hay una especie de distracción hacia los asuntos de las bibliotecas”, apuntó Julio Frías, sindicalista del área, y explicó que cuando una biblioteca debe salir a la luz pública, la hacen ver como que todo está bien y que los trabajadores están en condiciones adecuadas. “Sabemos que eso no es así”, lamentó.
Frías detalló que, por ejemplo, hay actividades que se coordinan con embajadas de otros países en conmemoración de fechas o sucesos importantes que pudieran ser beneficiosas para la ciudadanía. Sin embargo, el problema radica en que al momento de hacer las exposiciones “todo se muestra hermoso” y da la sensación de que se activara una logística para arreglar “por donde pasa la novia”, en vez de invertir por mejorar a fondo las condiciones de los espacios y sus trabajadores.
El infocentro de la Biblioteca Pública Paul Harris, en La California, no funciona desde casi un año debido a que después de los apagones de marzo 2019 el servidor de internet se dañó. Los niños y adultos que acudían a esta sala de la biblioteca tenían acceso gratis a la web por media hora para hacer pequeñas investigaciones o tareas y era de gran ayuda para la comunidad, en especial para aquellos que no tenían computadoras en sus hogares.
En contraste, la biblioteca Paul Harris es una de las pocas que prestan los libros para su uso fuera de las instalaciones por una semana, con la restricción de que deben ser habitantes del sector y es necesario una copia de la cédula de identidad con la dirección de la residencia del usuario.
Otras dificultades, como fallas en los servicios públicos, personal de limpieza y seguridad, se repiten en el resto de las bibliotecas públicas de Caracas. Esto implica que los trabajadores deban atender a los ciudadanos “con las uñas” y “con poco” puedan sacar adelante algunos programas de promoción de lectura o ajedrez.
Instancias agotadas
En términos remunerativos, un profesional grado cuatro con 25 años de servicio no recibe más de un millón de bolívares de salario, incluido el bono alimentario y una caja Clap al mes.
“Más que trabajos adicionales, veo que mis compañeros adquirieron oficios”, apuntó una empleada que prefirió mantenerse en el anonimato. Con el salario tan bajo que reciben, es normal que traten de complementar su mensualidad haciendo tortas, secando cabello o vendiendo productos importados. Además, como el resto de la administración pública, han limitado sus horarios hasta las 2:00 p. m., lo que les permite tener otras actividades que les generen ingresos durante la tarde.
En dos años consecutivos los trabajadores han acercado peticiones y agotado instancias. Primero, con una representación que nombró Villegas para negociar con los empleados, y luego, con el mismo ministro en persona, que tampoco funcionó.
“Vemos cómo ahora patea la mesa sin decir lo que realmente ocurre y nos tilda de malandros guarimberos, cuando nosotros ni siquiera hemos trancado la calle”, manifestó Frías, luego de una reunión que se desarrolló los primeros días de febrero.
No es la primera vez que los trabajadores salen de una discusión con las manos vacías. A finales de 2019 los empleados que forman parte del Ministerio de Cultura hicieron un acercamiento, un tanto más modesto, con el acompañamiento de un grupo de constituyentes y del Ministerio del Trabajo, en el que calificaron la actitud de Villegas como de “desencuentro” y de “falta de voluntad política para resolver sus problemas”.
Los trabajadores resaltan su compromiso institucional, en especial con el patrimonio al que se han dedicado a cuidar y defender, sin que eso signifique que deban gastar toda su quincena en pasaje o tener que ver cómo su calidad de vida se ve quebrantada por una serie de políticas que consideran incorrectas.
El movimiento sindical del Ministerio de Cultura organizó el pasado viernes 7 de febrero una asamblea en los espacios del Foro Libertador, donde los trabajadores expresaron las dificultades de ejercer su labor en los diferentes institutos culturales de la capital.
Las bibliotecas públicas en Caracas, más allá de combatir contra las nuevas tecnologías, afrontan las necesidades más básicas. Sus trabajadores aseguran que el libro en físico “nunca va a morir” y entienden que sus espacios, aparte de promover la lectura, deben dedicarse a formar culturalmente a los ciudadanos. Esperan mayor atención por parte de las autoridades, no solo en inversión de infraestructura y programas, sino también en sus requerimientos laborales.
Con información de Crónica Uno