La Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) nació luego de una violación a derechos humanos. La noche del 27 de noviembre de 2005, seis jóvenes fueron atacados por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) tras la muerte de uno de sus funcionarios en el sector Kennedy, una barriada al oeste de Caracas.
El ataque de funcionarios de la DIM y otros cuerpos de seguridad, que quiso presentarse como un enfrentamiento con bandas armadas, dejó a tres jóvenes asesinados y el resto heridos de bala.
Tras descubrirse la actuación de más de 27 funcionarios en estos hechos, el entonces presidente Hugo Chávez decidió la intervención de este organismo, que está adscrito al Ministerio de Defensa y que pasó a ser conocido como la Dgcim.
Desde entonces, la Dgcim se mantuvo en las sombras y con denuncias aisladas sobre violaciones a la integridad personal o presuntas torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los cuales se desconoce si fueron procesados por las autoridades judiciales.
Según datos de abogados y organizaciones no gubernamentales, entre 40 y 50 civiles o militares permanecen detenidos dentro de la sede de Boleíta, el cuartel principal de la Dgcim en el país. Los familiares de gran parte de estos presos, casi todos por motivos políticos, han denunciado ser víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Para recluir a una persona en Boleíta parece que debe cumplir con cierto perfil: De ser militares, deben haber sido acusados de traición a la patria, rebelión o delitos contra el decoro militar, los principales tipos penales que ha imputado Fiscalía Militar a los más de 20 efectivos, la mayoría altos rangos, de los distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional que permanecen en esas instalaciones.
En el caso de los civiles, las imputaciones que realiza el Ministerio Público son más amplias. Por ejemplo, en Boleíta permanecen recluidos varios exdirectivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo, acusados de corrupción, o señalados de cometer “instigación pública” como fue el caso de la clarinetista Karen Palacios.
Distintas organizaciones no gubernamentales y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han denunciado una escalada en la violación de los DDHH en Venezuela a partir de 2014, cuando se realizaron una serie de protestas, bajo un movimiento denominado “La salida”, que buscaba la renuncia de Nicolás Maduro al poder.
Fue a partir de 2017 cuando la Dgcim empezó a tomar “relevancia” en las denuncias sobre violaciones a la integridad personal, cuando concentró el 17,4% de los casos, según datos del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea). Ese año tan solo fue superada por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB) y la Guardia Nacional
La Oacnudh, en un informe sobre Venezuela publicado en junio de 2018, documentó una serie de denuncias donde estuvo involucrada la Dgcim. Esta instancia de Naciones Unidas registró más de 90 casos de tortura cometidos en 2017 y afirmó que los agentes de seguridad de este organismo recurrieron de forma notable a estos métodos para obtener una confesión, información e intimidar y castigar a los detenidos.
Entre las torturas o tratos crueles aplicados estarían las golpizas, aislamiento forzado, negación de alimentos, agua o atención médica, esposamiento por largos períodos de tiempo, descargas eléctricas o amenazas sobre ello, golpes excesivos hasta romper costillas, simulaciones de ejecución, cortes en plantas de pies, ahogamientos simulados, la llamada “tortura blanca”, colgamientos, asfixia parcial con capuchas o carpetas amarradas con cintas plásticas, etc.
Según datos de Provea, la Dgcim encabezó en 2018 las denuncias por presuntas torturas en todo el país. De 100 casos registrados, 75 personas señalaron directamente a este cuerpo de seguridad de ser responsable de esta violación a los DDHH.
Además, Provea también identificó que este cuerpo de seguridad estuvo involucrado en 431 casos de violaciones a la integridad personal, lo que incluye desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como negación a la alimentación y otros derechos.
Si las acusaciones de presuntas torturas no son suficientes, la Dgcim ha visto como en menos de un año, tres personas bajo su custodia han fallecido por causas vinculadas a violaciones reiteradas de derechos humanos.
Hugo Carvajal, diputado del parlamento venezolano y exdirector de la Dgcim, dijo en marzo pasado que fue Nicolás Maduro quien ordenó la instalación de un sistema de torturas dentro de ese organismo, y que afecta a todos los detenidos.
Con información de Tal Cual