TalCual y varios medios del interior se unieron para ofrecer una visión más amplia de cómo se ha ido agravando la situación de los pacientes renales en el país
“Nuestros familiares no aguantan ni un día más sin diálisis”, reclamaba Alejandra Marín el pasado 7 de enero frente la Unidad de Diálisis Juan Pablo II de Caracas; una de las primeras protestas que se registró en el país este 2021. Los pacientes renales no pueden esperar más, desde 2015 vienen padeciendo un calvario: falta de medicinas, cierre de unidades de diálisis, reducción de los tratamientos por falta de máquinas de riñón artificial (MRA) o por la crisis de los servicios públicos, de personal calificado, transporte, efectivo, hiperinflación; y en 2020 se sumaron covid-19 y restricciones en el suministro de gasolina. Su vida depende del gobierno.
“Están enfermos. Están descompensados, porque las toxinas están llegando a su cerebro y al corazón; eso pone en riesgo su vida”, señalaba Marín al ser entrevistada el 7 de enero, durante la protesta.
Las máquinas y los tratamientos que requieren las personas con problemas de insuficiencia renal y las personas trasplantadas dependen del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como los centros públicos y privados que atienden a estos pacientes. Este organismo llego a contar con más de 2.000 MRA, pero para 2017 más de la mitad se encontraba dañadas y muchas unidades cerraron. Entre 2018 y 2019, las máquinas fueron paralizándose por falta de reparación y repuestos y la mayoría quedo inutilizable, mermando el acceso a tratamiento de diálisis en el país; asegura un informe publicado en 2019 por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y Amigos Trasplantados de Venezuela.
2020 en cifras rojas
“El 2020 cerró en casi todo el país con cifras rojas. Esto se debe a los efectos del covid-19, el virus ha sido letal en la población vulnerable, como los son trasplantados y pacientes renales. El 80% de las unidades de diálisis del país presentan fallas de mantenimiento de la planta de osmosis y en las MRA. La cuarentena y las restricciones de movilidad no fueron solo para los pacientes, también lo fueron para los proveedores. En el interior para que lleguen los medicamentos las valijas están tardando mucho y muchas veces llegan incompletas, los insumos son personalizados. El reparto del IVSS ahora se hace de forma semanal, hay retrasos y no hay stock en las regiones. Esto es un problema sumamente grave”, señala Reymer Villamizar, director de Amigos Trasplantados de Venezuela.
Nueve días más tarde de la protesta en la Unidad de Diálisis Juan Pablo II por las fallas en la planta de ósmosis, el servicio de nefrología del Hospital General Dr. José Ignacio Baldó de Caracas (El Algodonal), cerraba de manera definitiva y a finales de enero el colapso de las aguas negras en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño afectaba la sala de espera de los pacientes de diálisis.
De acuerdo a la página del IVSS en Caracas hay 22 centros de diálisis, entre hospitalarios y extrahospitalarios. En la lista está incluido el del Algodonal, aunque recientemente no ofrece el servicio.
Las fallas en el servicio de agua y la falta de personal calificado son los principales problemas en los centros de diálisis de la capital, además de la reducción de las MRA.
Los requerimientos de un paciente renal
Las personas con insuficiencia renal necesitan dializarse para limpiar su sangre de las toxinas que el cuerpo no expulsa naturalmente. Este tratamiento debe ser practicado tres veces a la semana, entre tres y cuatro horas al día, hasta que la persona pueda recibir un trasplante renal. La hemodiálisis se realiza a través de máquinas (MRA) que suplen la función del riñón de manera artificial.
Todos los medicamentos, maquinarias, materiales e insumos para la atención de las personas con tratamiento de diálisis son suministrados por IVSS. Costear el tratamiento de pacientes renales y trasplantados de forma particular es sumamente costoso. “Una diálisis cuesta alrededor de 400 dólares por sesión”, explica Villamizar; además los derechos a la salud y la vida de todas las personas con insuficiencia renal se encuentran reconocidos como derechos universales en la Constitución venezolana de 1999.
IVSS está pagando muy poco por las diálisis. Esto ha originado que hayan cerrado muchas unidades de diálisis extrahospitalarias (privadas)”, resalta.
En 2017 el Ministerio de Sanidad decidió suspender todas las actividades de trasplante a nivel nacional en el sistema público, condenando a muchos enfermos a estar conectados a una máquina de diálisis. La suspensión se mantiene hasta hoy.
“Entre dos horas y medias y tres horas es lo que está recibiendo de diálisis un paciente renal hoy en Venezuela. Quizá sólo un 20% de los pacientes renales están cumpliendo el tratamiento. No cubrir las cuatro horas se traduce en que el paciente no está sacando de su cuerpo todas las toxinas. Las razones de esta situación son varias y la mayoría producto de la crisis sanitaria de los servicios públicos que atraviesa el país. En algunos centros los pacientes hacen colectas para pagar un camión cisterna o los insumos y así garantizarse la diálisis. O se dializan o se mueren”, señala el director de Amigos Trasplantados de Venezuela.
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Con información de Tal Cual