El diputado de la Unidad por el estado Lara a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, aseveró que existe una falsa creencia en cuanto a la obediencia militar actualmente en Venezuela.
«La inmensa mayoría de la Fuerza Armada tiene claro la terrible situación que enfrentamos, porque también la padece».
«La oficialidad debe entender que su compromiso no es con el gobierno de turno, si no con la Constitución que juraron defender y por ende con el pueblo de Venezuela».
Dijo que quienes están cumpliendo órdenes para reprimir, deben tener claro que son corresponsables de las violaciones de derechos humanos.
«Cuando el brazo largo de la justicia internacional los alcance no solo tocará a quienes dieron las órdenes, sino también a quienes las ejecutaron», argumentó al tiempo de recordar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
El Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, señala que un crimen de lesa humanidad consiste en un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Para que la Corte conozca de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela se necesitaría lo siguiente: 1) que un país parte del Estatuto envíe el caso a la Corte; 2) que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordene la investigación; o 3) que la Oficina del Fiscal de la Corte decida que “existe fundamento suficiente para abrir una investigación” y sea autorizado por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte.
La directora ejecutiva del Instituto Casla, abogada Tamara Sujú, presentó el pasado viernes ante la Corte Penal Internacional una lista de 57 altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro que son acusados de “torturas sistemáticas” en Venezuela. La denuncia señala que estas prácticas violentas se han disparado desde el inicio de las protestas el 1° de abril y hasta la fecha se registran aproximadamente 300 casos.
Las torturas más habituales van desde la intoxicación por el uso excesivo de bombas lacrimógenas hasta golpes con objetos contundentes, violaciones o tratos crueles y humillantes, como las denuncias presentadas por detenidos que aseguran que los obligaron a comer excrementos y gusanos o a vestirse con ropa empapada en heces.
Fuente: Prensa Henrique Capriles
Fecha: 24 de julio de 2017