Biagio Pilieri, diputado a la Asamblea Nacional, aseveró que la “Ley” contra el odio aprobada por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, es “espuria”, ya que a su juicio, es ilegítima e ilegal desde su origen por su forma y fondo.
Asegura que con esa normativa se pretende penalizar la disidencia política al tipificarla como delito, imponiendo sanciones penales, administrativas y tributarias “en flagrante violación del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”.
Para el parlamentario, la mencionada “Ley” viola 7 artículos 202, 49, 51, 57, 58, 62 y 68 de la Constitución , así como los artículos 6, 11, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el artículo 20 de la ley se establece una pena de 10 a 20 años de cárcel a “quien públicamente (…) fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas”. Es decir, con esto se abre la posibilidad de que sean evaluados por los parámetros de esta ley la opinión expresada “mediante cualquier medio apto para su difusión pública” y formas de expresión como los comentarios en las redes sociales, que podrían convertirse en delitos.
“De esa manera intentan legitimar el abuso de poder y coartar la protesta ciudadana en contra de la crisis, penalizándola de la misma forma que un asesinato”, manifestó Pilieri, durante el debate, en el cual participaron los diputados Franklyn Duarte, Arnoldo Benítez, César Alonso y Ángel Medina.
Los parlamentarios denunciaron que la constituyente pretende tipificar una serie de delitos sin tener la competencia en materia legislativa.
“18 años para enterarse de que todo lo que ellos hacen (el gobierno) son actos de odio contra el pueblo”, manifestó el diputado Benítez. Criticó que la ley impulsada por la ANC no deja claro elementos fundamentales como, por ejemplo, el concepto de odio y amor.
La Asamblea Nacional también considera que la “ley” establece restricciones a la libertad personal, promueve la autocensura y la censura por parte de los órganos del Estado. “suprimiendo los pocos espacios con que cuenta el ciudadano para debatir los asuntos de interés colectivo e inhibiendo la posibilidad de formular denuncias de cualquier naturaleza”.
Publicada por El Nacional
15/11/2017