El ministro de Interior y Justicia afirmó que en 2018 hubo menos crímenes en el país. Los alcaldes de Caracas también lo celebran. Las estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia confirman una reducción. Pero, ¿es Venezuela un país más seguro o uno más vacío? El juego de las cifras lo permite todo, incluso su descontextualización. Entretanto, muchos siguen llorando miles de pérdidas, humanas y materiales.
A Juan le robaron el celular mientras caminaba por el municipio Chacao en Caracas el 11 de octubre de 2018. Más temprano, ese mismo día, un niño de 12 años murió al recibir una bala perdida en un enfrentamiento entre policías y supuestos delincuentes. Horas después, el ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol aparecía en la televisión venezolana anunciando que en Distrito Capital había una disminución de incidencia delictiva.
Alcaldes de los cinco municipios que conforman Caracas no difieren del militar y han ovacionado la reducción de delitos dentro de sus jurisdicciones. Pero en Venezuela se ha ido tanta gente que para hablar de menor incidencia delictiva hay que poner una lupa. No todo se reduce a números, aunque muchos aún hablan.
Durante 2018, en Venezuela murieron menos personas por hechos violentos, en comparación con 2017. Las estimaciones del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), una ONG que hace seguimiento a la criminalidad en el país, fijan en 81,4 por cada cien mil la tasa de homicidios a escala nacional al cierre de 2018. Según los datos del OVV, 23.047 personas resultaron muertas por causas violentas. Allí se incluyen 10.422 homicidios, 7.523 caídos por “resistencia a la autoridad” y otras 5.102 “muertes en averiguación”.
La “epidemia de violencia” convierte al país en el de mayor violencia criminal del mundo, aunque muestra una reducción. La misma organización cifró en 26.616 personas las personas caídas durante 2017. Esa cifra contemplaba que 16.046 fueron homicidios, 5.535 resistencias a la autoridad y 5.035 se encuentran en averiguación. La tasa de homicidios entonces se fijó en 89 por cada 100.000 habitantes. Más atrás, el OVV estimó en 2016 que se produjeron 28.479 muertes violentas ese año, con una tasa de 91,8 homicidios por cada cien mil habitantes.
Fueron años de protestas, de represión de Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), calificadas como de exterminio por defensores de derechos humanos como Provea. Pero también de emigración. Mucha emigración. Al menos tres millones de venezolanos viven en el extranjero; de ellos 2,4 millones en América Latina y el Caribe, según un informe de Acnur y la Oficina Internacional de Migraciones de la ONU publicado en noviembre de 2018. Una cuenta que no deja de crecer.
Se trata de una fuga humana que no solamente ha vaciado ciudades, puestos de empleo y casas de familia, sino que también ha reducido en número a las potenciales víctimas de algún hecho delictivo. “Las reducciones de criminalidad no se corresponden con la intensidad del crimen en la calle. A cada rato hay homicidios impactando la opinión pública”, explica el abogado criminalista Luis Izquiel recordando decapitaciones, desmembramientos y demás casos de los llamados “crímenes horrendos”, convertidos en habituales. El experto cita la reducción de cifras en bruto, de números enteros, pero su poca incidencia en el relato de la realidad. Y en la cuentas poco se habla de otras fechorías como el secuestro, el robo, los hurtos y pare usted de contar.
Funcionarios como Néstor Reverol han anunciado orgullosos que el crimen ha disminuido. El 21 de diciembre de 2018, el ministro de Interior y Justicia declaró que los delitos se redujeron 28,6% durante ese año. Agregó que las víctimas de homicidios bajaron en 27,8%. “Alrededor de 4.000 homicidios se han dejado de cometer, con respecto al año anterior”, indicó.
Izquiel disputa el manejo de cifras. Para poder hablar de una verdadera disminución, la fórmula a seguir es una que ya está establecida en estándares internacionales: los delitos deben contabilizarse por cada cien mil habitantes. Y el ministro no dio la tasa. Se trata, de hecho, de un número censurado desde hace más de una década en el despacho que encabeza Reverol.
En cambio, Pablo Fernández, secretario ejecutivo del Consejo General de Policía, dijo en una entrevista radiofónica en noviembre que la tasa de homicidios en 2017 fue de 47 por cada cien mil habitantes, y la de 2018 sería apenas 30 por cada 100 mil. Son números difíciles de verificar pues no están sustentados en documentos públicos. En todo caso, se trataría de una abrupta caída de 50% en tan solo dos años, en contraste con datos divulgados por el Ministerio Público cuando estaba en manos de la ahora exiliada Luisa Ortega Díaz (y nunca ratificados por el Ejecutivo nacional). Además, muy alejados de los que maneja el Observatorio Venezolano de Violencia.
La tendencia, no obstante, se mantiene. Decir que el delito ha bajado está de moda, y sirve para la propaganda. Lo hace el gobierno nacional, pero también los gobernadores y alcaldes. En Caracas, todos coinciden.
La radiografía completa
El abogado criminalista Fermín Mármol García apunta que la única manera de determinar si el crimen y violencia disminuye o no en el país es conciliando la denuncia ciudadana con una encuesta de victimización nacional. Cosa que no existe en Venezuela. Cree que es factible que ciertos tipos delictuales hayan disminuido, tal como lo afirman Reverol y los alcaldes, pero no todos. “Tengo la percepción empírica de que el secuestro bajó pero hay otros en donde el crecimiento es evidente, como el robo de bienes inmuebles, por ejemplo”.
Se trata de inmuebles que, en muchas ocasiones, están inhabitados. Propiedades dejadas atrás, cerradas y sin cuidado, por quienes enfilaron hacia algua otra frontera. Este respecto no pasa por debajo de la mesa para Izquiel, quien cofirma la probabilidad de que numéricamente los crímenes disminuyan mientras continúe la diáspora en Venezuela “porque hay menos población, y es un sofisma afirmar que la criminalidad se está reduciendo. Tendrían que dividir los delitos y su ocurrencia con base en la población que queda”. Mármol García no lo secunda. En su opinión, la diáspora no genera una disminución del crimen.
Ambos coinciden, sin embargo, en que las trancas al momento de poner alguna denuncia en un ente de seguridad también hacen mella cuando toca sacar los números de delitos que ocurren en Caracas. Que no se denuncie no implica que el crimen no ocurrió y Mármol García ahonda en que el ciudadano lo ve como una pérdida de tiempo. “Hay trabas documentales para que se materialicen las denuncias. La informalidad a la que nos acostumbramos con relación a nuestras posesiones hace que de pronto seas víctima de un delito en tu residencia y desistas de denunciar cuando te soliciten la factura para probar si tienes el bien o no”.
Con información de El Estimulo.