Durante 2017 se hicieron patentes los estragos de una emergencia humanitaria compleja cuyas consecuencias para el derecho a la salud fueron el desplome de las capacidades sanitarias a nivel nacional. La emergencia causó y sigue causando muertes por privación prolongada y absoluta de medicinas, incapacidad de los servicios para atender una mayor cantidad de enfermedades asociadas a la desnutrición y aparición de nuevas epidemias diseminadas en gran parte del país.
Frente a la emergencia, el gobierno se niega a implementar mecanismos de asistencia y cooperación internacional y tanto las organizaciones de salud como los gremios y sindicatos perdieron toda comunicación con las autoridades sanitarias, debiendo salir a la calle en protesta pacífica para exigir garantías a sus derechos.
Cifras indican que se ha ido agravando más el déficit de personal médico y de enfermería y las fallas de servicios en hospitales públicos, comprometiendo entre 50% y 90% sus niveles operativos, lo cual mostró un comportamiento de caída debido a la profunda desestructuración del sistema sanitario.
Más de 22.000 médicos han migrado de Venezuela según informa de la OPS, mientras que Provea agregar que durante el 2017 se retiraron 3000 enfermeras del sistema sanitario público.
Fuente: Informe Anual 2017 Provea