“Después de declarada la llegada de la pandemia de coronavirus a Venezuela, los medios de comunicación asumen el compromiso que tienen con informar basados por supuesto en el marco jurídico venezolano, la Constitución y Ley de Ejercicio del periodismo. ¿Qué ha venido sucediendo? Que se ha venido incrementando una política de agresión a periodistas que están informando sobre casos de coronavirus”.
La afirmación la hizo el presidente de la seccional de Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Édgar Cárdenas, destacó que el organismo, ante la situación de Emergencia nacional por la presencia de contagiados de covid-19, reiteró el compromiso de los periodistas de informar debidamente a la población. “No se trata de contradecir los datos que pueda publicar el Gobierno sino de la obligación que se tiene de informar a la población debidamente y que el ciudadano pueda estar informado de lo que sucede en esta materia”, expresó el directivo.
Atropellos
Édgar Cárdenas precisó que hay dos casos emblemáticos de agresión a periodistas durante la cuarentena decretada por Nicolás Maduro. El primero corresponde a la directora del diario La Verdad, Beatriz Rodríguez, quien luego que el medio publicó sobre un caso de coronavirus en Vargas, fue sacada de su casa y llevada a declarar, y el día 25 de marzo se le citó de nuevo y se le abre una investigación.
Luego está el caso del periodista Darvinson Rojas, «a quien una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana llegó a su casa con el argumento que estaban buscando a una persona infectada de coronavirus, al no dejarles entrar, le indicaron que iban era a detenerle e ingresaron a la residencia, deteniéndole a él y a sus padres. Los padres fueron seguidamente liberados, pero de Rojas hubo un tiempo que no se supo el paradero».
Hubo que buscar al colega en toda la ciudad hasta que fue ubicado en Caricuao –relató Cárdenas. «A los abogados que se esperaba que lo asistieran en su defensa no se les permitió el acceso a la audiencia. Primero se dijo que sería llevado a los tribunales y los abogados que lo iban a defender se trasladaron a los tribunales de Justicia en Caracas, así como representantes de las ONG de DDHH, pero no fue presentado. Lo fue en horas de la noche; se le imputaron delitos de instigación al odio e instigación pública, sin presencia de sus abogados, y se le asignaron abogados públicos, lo que viola el derecho al debido proceso. Se le solicitó se entregaran unos fiadores y otros recaudos, (para obtener la libertad condicional) que ya se entregaron, pero han pasado cinco días y no ha sido liberado”.
Política de Estado
El directivo del CNP-Caracas expresó que es muy importante que el Estado comprenda que los periodistas no son enemigos y que están obligados a informar, algo que está fijado en las normas jurídicas venezolanas.
“Nosotros, desde el año pasado, hemos denunciado que la agresión a los medios se ha ido convirtiendo en una política de Estado, que ha buscado silenciar a la prensa libre sobre lo que acontece en Venezuela. Nicolás Maduro ha intentado precisamente que los ciudadanos se enteren de lo que sucede en el país específicamente a través de los medios dependientes del Estado o aquellos que le puedan ser afectos”, sostuvo Édgar Cárdenas.
Resaltó que, a pesar de que, dentro de las normas que rigen el Estado de Emergencia, las autoridades deben permitir la libre circulación de la prensa, de los servicios de salud y las cadenas de alimentos, parece que algunos funcionarios no están tomando esto en cuenta. “Pareciera que hay una discrecionalidad por parte de los propios funcionarios”, acotó.
Añadió que se han dado casos en que los periodistas intentan acceder por vías terrestres (a un sitio donde se produce un hecho noticioso) y las autoridades les impiden hacerlo, o tienen que hacer largas colas para acceder, y se ha llegado al extremo de detenciones arbitrarias de periodistas.
“El mayor riesgo es que se monopolice la información en manos del Estado. Que no se le permita a los medios difundir información sobre lo que acontece en el país implica una monopolización de la información, un control que deriva en un silencio informativo, ya que la información es suministrada a través de los canales del Estado y no por el ecosistema natural que son los medios de Comunicación” afirma Cardenas.
Con información de Tal Cuál