Al vicepresidente Tareck El Aissami ya le encomendaron en una ocasión “trabajar por la seguridad del pueblo”. Ocurrió entre 2008 y 2012, periodo en el que dirigió el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. ¿El resultado de aquel cuatrienio? La peor tasa de homicidios que se había registrado hasta la fecha y un repunte de la criminalidad en el país.
“Tareck, métete de noche y de día, los dos juntos a trabajar por la seguridad del pueblo, la paz, la lucha contra los criminales, la lucha por depurar a las policías regionales y nacionales”, ordenó tras anunciar su designación el presidente Nicolás Maduro, quien aseveró que su estrecho colaborador es uno de los venezolanos que “más ha estudiado el tema de la seguridad ciudadana”.
En junio de 2012, meses antes de abandonar la cartera de Relaciones Interiores y Justicia para asumir la candidatura a la gobernación del estado Aragua, El Aissami reconoció su fracaso. “Nosotros el año pasado tuvimos 14.092 víctimas de homicidios (…) No hemos podido bajar del piso de los 50 homicidios por cada 100 mil habitantes”, admitió el abogado y criminólogo de 42 años egresado de la Universidad de Los Andes (ULA). Aunque escandalosa, la estadística oficial era mucho menor que la recogida por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que registró 19.336 asesinatos en 2011.
Al año siguiente, la situación empeoró. En el informe de gestión que presentó el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia ante la Asamblea Nacional quedó reflejado lo siguiente: “el delito de homicidio presentó una variación ascendente del 14% en números absolutos; de 14.092 homicidios en el 2011, pasó a 16.072 (en 2012), lo que representa una variación sustancial en la tasa nacional, pasando de 48 a 54 homicidios por cada 100 mil habitantes”. Este dato lo reveló a principios de 2013 el mayor general Néstor Luis Reverol, quien sucedió en el cargo a El Aissami. Sin embargo, el OVV contabilizó 21.692 homicidios en 2012, equivalentes a 73 por cada 100 mil habitantes.
El texto consignado por Reverol, en realidad, servía para diseccionar la gestión de El Aissami. “Para el año 2012, la situación delictiva del país ha sido particularmente difícil. Las estadísticas muestran un incremento en la incidencia de los principales delitos a nivel nacional. La tasa delictiva nacional para el año 2010 fue de 499 delitos por cada 100 mil habitantes, en el 2011 alcanzó la cifra de 441 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que en el año 2012 fue 524 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que representa un 19% de incremento durante el último período en el total de delitos”, se detallaba en el documento entregado al Parlamento.
En su patio
Un video sacudió a la opinión pública en agosto de 2015. Mostraba a policías de Aragua ejecutando a un presunto delincuente, que tras recibir un balazo en el pecho caía en el suelo donde ya estaban tirados otros cadáveres. En su condición de gobernador de la entidad, El Aissami tuvo que solicitar al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia “una inspección general” del cuerpo policial que estaba bajo su responsabilidad.
El informe de 2015 de la Defensoría del Pueblo indica que durante ese ejercicio atendieron 205 denuncias de “vulneraciones del derecho a la vida”, incluidas 161 ejecuciones. El despacho de Tarek William Saab llamó la atención sobre los abusos cometidos por las fuerzas regionales, mencionando específicamente las desviaciones en territorio aragüeño.
“Los órganos de seguridad mayormente señalados como responsables de estas vulneraciones fueron el Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, 59 casos) y las policías estadales (55 denuncias). En ese sentido, es importante realizar el cruce correspondiente de la información y prestar especial atención a las deficiencias de los cuerpos policiales estadales de las entidades federales con mayor número de denuncias registradas, a saber, Zulia (26 denuncias), Aragua (16 denuncias), Anzoátegui (16 denuncias) y el Área Metropolitana de Caracas (23 denuncias)”, enfatizó Saab.
El último balance anual de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) destacó que en 2014 la Policía de Aragua “fue señalada como responsable de 11 muertes y este año (2015) asciende a 26”. A escala regional, la Policía de Aragua encabezó la lista de “organismos de seguridad señalados como responsables de violación al derecho a la vida” de Provea, y solo fue superada en la tabla general por el Cicpc, la Fuerza Armada Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.
A falta del cómputo oficial, el OVV reportó en diciembre que durante 2016 se perpetraron 28.479 asesinatos en el país, para una tasa de 91,8 por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con esta investigación, la entidad federal más violenta de Venezuela es Aragua, con 142 homicidios por cada 100 mil habitantes, y 25,2 muertes por resistencia a la autoridad por cada 100 mil habitantes. Con estos antecedentes a cuestas, Maduro espera que El Aissami conquiste la paz y derrote a los criminales. “¡Con todo compadre!”, insufló el Jefe de Estado ánimo a su flamante Vicepresidente.
FUENTE: EL ESTIMULO
09 DE ENERO DE 2017