Apenas para un “desayunito” alcanzan los 2.168 bolívares con 53 céntimos que representará, a partir del 1 de septiembre, el salario mínimo integral diario.
Así lo describió el doctor León Arismendi, abogado laboral, asesor sindical y profesor de la Universidad Central de Venezuela, consultado por El Impulso.
¿Cómo puede comer la familia?
Si se suman los 22.576 del salario mínimo con los 42.480 de los tickets del bono de alimentación, el monto a obtener es de 65.056 bolívares. Si esta cifra se divide entre 30, que es el número de días de un mes, tendremos que el trabajador percibirá 2.168 bolívares con 53 céntimos diariamente.
Eso alcanza apenas para un “desayunito” cuando mucho, dice Arismendi. El promedio de la familia venezolana es de cuatro personas. Si ese salario diario alcanza para que coma un solo ser humano, entonces, ¿cómo puede alcanzar para los otros tres? Indudablemente, es insuficiente.
Si no se adopta una política antinflacionaria o las medidas que deben tomarse ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo, que es una hiperinflación, ambos incrementos no alcanzarán para nada, porque al ritmo arrollador que tiene la inflación devorará esos ingresos rápidamente.
Vendrán aumentos de precios
Fíjese que la reacción de los trabajadores y, en general, de la población tan pronto fue hecho el anuncio, no fue en ninguna parte de euforia, alegría, satisfacción. Al contrario, produjo preocupación. La experiencia que tenemos es que detrás de cada ajuste viene un acelerado aumento de precios que se lo traga inmediatamente.
Regreso al pasado
Estamos en presencia de una experiencia que se vivió en los años 90 como fue la bonificación, lo que dio pie para la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Para 1997, el salario de los trabajadores se había llenado de subsidios.
Estamos de vuelta a esa situación. A partir del 1 de septiembre el 34,84 por ciento o, para redondearlo, el 35 por ciento del ingreso es lo que tendrá carácter salarial.
Con esta parte es que se calculan los beneficios laborales: las vacaciones, el bono vacacional, las utilidades, las prestaciones sociales.
El ingreso del trabajador es solamente para comer. El 65% de lo que percibe no repercute en ningún beneficio laboral.
Prestaciones sin ganancias
Es deplorable que esto ocurra. Las prestaciones sociales son un ahorro forzoso. Es la ley la que dispone los beneficios de antigüedad, que se van abonando mes a mes. Esa prestación debe ganar un interés y el objetivo que establece la Constitución es que cuando el trabajador tiene la necesidad de atender algún requerimiento por salud, educación o vivienda, la puede utilizar. O cuando el trabajador se retira.
¿Qué ocurre con este modelo que se acaba de adoptar? Por un lado, el salario no es lo que crece. La que crece es una bonificación por concepto de alimentación. Y las prestaciones tienen un interés muy moderado.
Seguro que el interés que están recibiendo las prestaciones no será de gran beneficio. El interés actual es de 20, 80 ó lo que es lo mismo, menos del 21%, mientras que la inflación es de 500%, 600% ó 700% como se ha anunciado que será este año. Hay un empobrecimiento del trabajador porque sus ahorros no valen nada. Esto nunca se había visto en la historia del país.
Los más golpeados
Y otro detalle preocupante es que a los pensionados y jubilados, que carecen del beneficio del bono de la alimentación, se les está castigando con partida doble: lo que dice la Constitución es que se les homologa la pensión mínima con el salario mínimo.
Como el salario mínimo tiene un componente adicional, que es el ticket de alimentación y ese complemento no lo perciben los jubilados y pensionados, estos son mucho más fuertemente castigados por la inflación. Mientras un pensionado o jubilado percibe 22.576 bolívares, no tendrá los otros 42.480 bolívares de los cestatickets para la alimentación.
Seguimos nadando en un mar de incertidumbres que avizoran un futuro cada vez más complicado para los trabajadores y peor para los jubilados y pensionados.
Considera Arismendi que no se puede seguir con una política de ajustes salariales compulsivos, decididos unilateralmente.
Los ajustes tienen que ser producto de un acuerdo entre empleadores, trabajadores y Gobierno.
FUENTE: EL IMPULSO
18 de agosto, 2016