Venezuela contabiliza 22 años donde el Estado ha aplicado una política continua para restringir la libertad de prensa, así lo señalan organizaciones de Derechos Humanos y periodistas del país. Las medidas comenzaron a radicalizarse en 2010, cuando fue sacado del aire el canal de señal abierta RCTV durante el gobierno de Hugo Chávez. Desde entonces han sido suspendidas del espectro radioléctrico numerosas emisoras, canales internacionales por subscripción, se han bloqueados portales informativos y se han cerrado fuentes de trabajo que dejan a la prensa libre a la deriva.
Recientemente, instituciones como Conatel y el Seniat se han convertido en los acusadores de medios independiente, aplicando sanciones, multas administrativas y confiscando bienes para impedir la cobertura periodística sin seguir el debido proceso, cerrando en las primeras dos semanas de enero el canal audiovisual VPITV y temporalmente a Panorama. También se contabiliza el hackeo digital de Tal Cual, y el robo masivo de equipos de la radio Fe y Alegría en Monagas.
«El Estado decidió declararse enemigo de los medios y de los DD.HH. Ha sido un ataque sistemático contra el periodismo que es la ventana de una democracia cuando al pueblo le restringen todos sus derechos. En 22 años se ha ido mutilando el derecho a la libertad de prensa y el derecho al trabajo», alegó Rafael Narváez, defensor de DD.HH.
La nueva arremetida que inició el 8 de enero contra medios independientes, busca criminalizar la labor del comunicador social atribuyéndole incluso delitos tipificados en la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
«El gobierno se ha empeñado en controlar la información exclusiva que ellos emiten con cualquier justificación, esgrimiendo la Ley del Odio, o fallas en el cumplimiento del pago de tributos al Estado para los medios de comunicación libres. Solamente en 2020 se registraron 944 agresiones al ejercicio del periodismo. Desde 2004 hasta 2019 se cerraron 165 emisoras de radio, 18 plantas de televisión y 42 periódicos, más lo ataques a los portales informativos. Ahora la excusa es que los medios de comunicación están recibiendo dinero del exterior, convirtiéndolos en traidores a la patria o que sabe qué epíteto», contó Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
«Una vez que deja de existir la Asamblea Nacional democrática y se juramenta una controlada por el gobierno, la libertad de prensa queda en el limbo en Venezuela, lo que ocurrió en VPI es muestra de esa realidad, las comunidades del país han quedado desprotegidas y mal informadas, en muchos municipios el único acceso informativo son las cadenas de WhatsApp, que en la mayoría de los casos son falsas», indicó Yhoger Contreras, del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS).
Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de Espacio Público, sostiene que las actuaciones de Conatel y el Seniat contra VPI el 8 de enero, fueron «incongruentes». El canal digital está cerrado tras la confiscación de sus equipos de transmisión, cámaras y computadoras. 108 trabajadores quedaron desempleados y 23 corresponsalías en todo el país cesantes. Afirma que hasta ahora no existe una ley que informe las restricciones para el uso del espacio digital en Venezuela, porque la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) sólo le permite a Conatel regular el espectro radioeléctrico.
«No hay una regulación específica que de cuenta de cuáles son las limitaciones del espacio digital. Con lo de VPI surgen preguntas cómo: ¿Acaso esto representa el inicio de una serie de atribuciones que se va a tomar Conatel en relación a las líneas digitales?. En este caso también ha actuado el Seniat y ahí también surge la interrogante de bueno, si es una empresa que funciona fuera de Venezuela, en EE.UU ¿qué sentido tiene que el Seniat la intervenga, cuál es el alcance en términos tributarios de una empresa que no tiene sede en el territorio?. Hasta ahora ninguno de estos entes ha manifestado claramente cuál era el motivo de confiscar los equipos», comentó Rodríguez.
Según Narváez, Conatel que se ha convertido en un «tribunal sin serlo», restringiendo a los medios que no controla el gobierno. «Conatel y el Seniat entraron a VPITV sin orden judicial, aplicaron una medida administrativa sin cumplir lo establecido en los códigos de procedimientos civiles, desalojaron a los periodistas tratándolos como esclavos, incautaron bienes que son de propiedad privada sin orden judicial y los acusaron de ser financiados por el imperio sin derecho a la defensa, simplemente porque generan incomodidad al Estado», declaró.
Rafael Uzcátegui, coordinador nacional de Provea, sostiene que el gobierno está atacando con mayor intensidad a los medios de comunicación que reciben financiamiento internacional para funcionar, al igual como ha atacado a defensores de DD.HH en el país. En una lista, el canal de televisión Globovisión, a través de un comunicado señaló a Efecto Cocuyo, Caraota Digital y El Pitazo, de ser «financiados para derrocar al gobierno de Maduro».
«Hasta el mes de octubre de 2020 contabilizamos que las personas que más han sufrido detenciones arbitrarias son los trabajadores de la prensa. En 2020 hubo en ese lapso 66 comunicadores detenidos, es decir el 30,5% del total de 216 detenciones arbitrarias registradas. Se intenta invisibilizar la evolución del coronavirus y la emergencia humanitaria compleja», argumentó Uzcátegui.
Con información de La Prensa de Lara