“El gobierno venezolano pasó de una violación sistemática de Derechos Humanos al desconocimiento absoluto de la existencia de los derechos. No se trata de violar los derechos, sino de desaparecerlos para que el ciudadano sienta que no pueda exigirlos ni denunciarlos“, dijo el abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), José Vicente Haro.

La organización Defiende Venezuela presentó un informe de seguimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos (2016-2019) en el que se concluye que el Estado, en un plazo de dos a tres años, ha incumplido 70 % de sus metas y le restaría un año para dar cumplimiento al resto de los indicadores. “Este es un plan con naturaleza ideológica y un brazo ejecutor del Plan de la Patria”, dijo Omar Piñango, investigador de esta institución. De los 10 entes de la Administración consultados, solo dio respuesta la Defensoría del Pueblo, pero no dieron especificaciones en cuanto a su responsabilidad de cumplimiento del plan. De hecho, Piñango sostiene que en la mayoría de los entes no había conciencia de una obligatoriedad de cumplimiento del mismo. “O no lo conocían o no le daban importancia”, agrega.

En cuanto a los cinco ejes estratégicos que componen el Plan, Defiende Venezuela subrayó que en todos existen incumplimientos y reveló por cada uno los elementos que ameritan mayor atención. En el primero, relacionado con la creación de líneas de investigación sobre Derechos Humanos —desde una visión “emancipadora, crítica y alternativa”— bajo la responsabilidad del Ministerio para Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología, se verificó que estas no se producen en 12 universidades del país.

Las iniciativas en esta temática son independientes. Por otro lado, con respecto al “fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos de todos” se arrojó un resultado de 62 % de incumplimiento. A falta de información por parte del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Ministerio para la Defensa, evaluaron la formación de los funcionarios que componen la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y determinaron que no hay un nivel de instrucción en materia de Derechos Humanos y, peor aún, han premiado con ascensos a oficiales responsables de torturas.

Con información de Crónica Uno

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