Los empleados de la administración pública se sorprendieron cuando vieron en sus recibos que dejaron de percibir 50% o más del monto que les corresponde por el pago de la bonificación de fin de año.

Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, explicó la razón: “La Oficina Nacional de Presupuesto no bajó los recursos a los organismos para cancelar las incidencias salariales en esa remuneración. Alegó que no hay dinero para cancelar completa esa obligación”.

Una empleada pública, que pidió no mencionar su nombre, expresó su indignación. “¿De qué sirve que te aumenten de 90 a 105 días los aguinaldos cuando te desconocen el impacto de otros conceptos salariales? Es una injusticia porque me están negando unos reales que me tocan por derecho”.

Otro trabajador expresó: “Es una burla la orden del gobierno de adelantar la Navidad para luego no pagar lo que corresponde. Esa plata está destinada para cancelar las deudas de los útiles escolares y comprar algo del Niño Jesús”.

Otro argumento de la Onapre para no reconocer esos pagos es el costo de la convención colectiva marco, vigente entre enero de 2016 e igual mes de 2018, que supera los 704 millardos de bolívares. “Suponiendo que paguen esa diferencia más adelante, los trabajadores salen igualmente perjudicados porque ese dinero se devalúa con la inflación”, alertó.

El representante de Fentrasep citó como ejemplo que a un funcionario con un sueldo de 30.000 bolívares mensuales se le desconocen 9.000, 3.600 y 7.550 bolívares en el pago de fin de año por concepto de las compensaciones de antigüedad, profesionalización y el bono vacacional, respectivamente.

Nicolás Maduro anunció que el pago de los aguinaldos de la administración pública se realizará conforme al último salario devengado y la tabla de sueldos que subieron 30% a partir del primero del presente mes, con lo que el salario mínimo, primer nivel del tabulador, quedó en 27.092 bolívares mensuales.

“La Onapre sostiene que es demasiado alto desembolsar los recursos para el bono de fin de año impactado por los aumentos de salario que decretó el gobierno en 2016”, dijo Carbone.

Recientemente, el Ministerio del Trabajo homologó el contrato colectivo marco 2016-2018 del sector público, que elevó la bonificación de fin de año de 90 a 105 días como la referencia para los organismos que no tienen contratación colectiva.

Por ello, el impacto de la no cancelación de las incidencias salariales en los aguinaldos es superior en el caso de los ministerios, institutos autónomos y empresas del Estado, cuyos contratos colectivos establecen cancelar 120 días o más por el bono de fin de año. El pago se estipuló en dos tercios en noviembre y el resto, en la primera quincena de diciembre.

“Como otros compañeros del ministerio, ya me gasté en comida la primera parte de los aguinaldos. Hay que prepararse, pues históricamente cancelan el sueldo después del 15 de enero y esto se suma la incertidumbre de 2017 porque no se sabe mucho de la aprobación del presupuesto nacional”, dijo un empleado del Ministerio de Planificación Finanzas que pidió no ser identificado.

En las regiones

José Matute, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, precisó que la nómina de administración pública centralizada y descentralizada (gobernaciones y alcaldías) está entre 2,5 millones y 3 millones de trabajadores fijos y contratados.

El sindicalista deploró que más de 350.000 empleados de las gobernaciones y alcaldías fueran excluidos definitivamente del contrato marco de la administración pública. “El exhorto al Ejecutivo de incluir esos trabajadores de las convenciones colectivas anteriores fue eliminado”, expresó.

Maduro aprobó el martes los recursos por 155.182 millones de bolívares para la cancelación del bono de fin de año a los trabajadores de las gobernaciones y alcaldías. Los sindicalistas destacaron la práctica del gobierno de atrasar la entrega de los recursos para los gastos de personal a las 3 gobernaciones y 70 alcaldías en manos de la oposición.

“Con esa práctica el gobierno violenta la Constitución y el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que prohíbe la discriminación laboral por razones políticas”, expresó Matute.

Otra preocupación de la dirigencia sindical es que los trabajadores regionales les paguen los aguinaldos calculados con el salario mínimo anterior (22.576,73 bolívares al mes), pues la decisión presidencial del martes no aclara si el monto aprobado para el bono de fin de año incluye el aumento del sueldo mínimo vigente desde el primero de noviembre.

El 12 de septiembre, el Ejecutivo aprobó 80.000 millones de bolívares para que las alcaldías y gobernaciones cancelaran a su personal el incremento del salario mínimo decretado a partir del 1° de ese mes.

Contrato marco

Sobre el contrato colectivo marco del sector público, Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, informó que enviaron una comunicación al Ministerio del Trabajo para que convoque las mesas de trabajo que instrumentarán los acuerdos sociales.

El dirigente de Fedeunep explicó que la convención colectiva 2016-2018 tiene programado destinar a los beneficiarios 20% de las viviendas que construya el gobierno, la rehabilitación de hoteles y centros turísticos del Estado para los planes de recreación de los trabajadores y sus familias, además de la provisión de farmacias.

Suárez destacó que el contrato marco incluye explícitamente extender la aplicación de los beneficios a los trabajadores contratados de la administración pública.

Aguinaldos devaluados

Los trabajadores del sector público y privado cobrarán este año aguinaldos devaluados por la decisión del gobierno de aumentar más el ticket alimentación que el salario mínimo. “Más de 60% del ingreso total no es calculado para los aguinaldos y las vacaciones”, afirmó León Arismendi, director del Instituto Nacional de Asuntos Sindicales.

El abogado laboral explicó que si un trabajador gana salario mínimo la base de cálculo para la bonificación de fin de año es 27.092 bolívares mensuales, pues el ticket (63.720 bolívares al mes) no va para esa cuenta.

Dijo que las continuas alzas de sueldo mínimo profundizan la crisis del país, al no ir acompañados con políticas económicas para frenar la inflación y promover la productividad. Agregó que la bonificación del salario merma las prestaciones sociales.

FUENTE: EL NACIONAL

20-11-2016

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