En los consejos de protección de los derechos de niños y adolescentes de Caracas ha aumentado el otorgamiento de medidas de abrigo a pequeños que están desnutridos. La falta de programas de asistencia para abordar la pobreza, que en el último año abarcó a 76% de los venezolanos según la Encovi, también produce separaciones familiares.
El miércoles a las 10:00 am en el barrio La Bombilla de Petare la familia Moncada Martínez no había desayunado. Solo tenía una auyama en la cocina para preparar el almuerzo de tres de sus siete hijos y la abuela de 70 años de edad. De dos hornillas solo funciona una; y la nevera, también dañada, ahora está en el cuarto de los pequeños para que la usen como gaveta y guarden sus cuadernos.
José Moncada, de 53 años de edad, y Maryeli Martínez, de 32 años de edad, conformaron una familia con siete hijos, pero desde hace un mes solo tienen bajo el mismo techo a tres varones de 13, 11 y 9 años de edad, que duermen en el mismo colchón. Una tabla, presionada con cajas para que no se caiga, provee privacidad a sus padres que descansan en la misma habitación.
Este año el trabajo del padre como cabillero en construcción, que le generaba 6.000 bolívares a la semana, se hizo insuficiente para darles comida a todos. Por ello, su hijo menor, que con 11 meses de edad aún no gatea, sus hermanos de 2 y 3 años y, la única hembra, de 5 años edad, se encuentran en una casa hogar para que sean alimentados, mientras sus padres pueden pasar la crisis económica.
El Consejo de Protección de los Derechos del Niño y el Adolescente del municipio Sucre intervino. Tuvo que separar a la familia para que una ONG alimentara a los hijos menores que estaban en estado de desnutrición. “Los más grandes se tuvieron que quedar guerreando con nosotros porque no los aceptan en ninguna casa hogar por la edad”, dice el padre.
En un día bueno Moncada podía comprar dos kilos de yuca y sardinas para comer la única comida del día. Los días que sí había almuerzo y cena, el plato se llenaba al mediodía solo de plátano y en la noche con una ración arroz. El deterioro físico de sus hijos era evidente, por lo que una maestra los persuadió para entregar a los más afectados a una casa de abrigo de forma temporal. Moncada tuvo que admitir que sus hijos tenían hambre, que no solo estaban flacos, sino desnutridos; que no podía mantenerlos a todos; que la pobreza los arropó.
Este año las oficinas de los consejeros de Protección del Área Metropolitana de Caracas se han llenado de casos de este tipo. La instancia encargada de proteger los derechos de la población infantil está cumpliendo un rol que los obliga a castigar a los padres por la imposibilidad de mantener a sus hijos, pese a que no tener dinero no es un delito. La decisión de desmembrar familias de forma temporal se toma para garantizar que los niños coman, duerman en mejores condiciones y cese la vulneración del derecho a una vida adecuada que establece la Ley Orgánica del Niño, Niña y Adolescente en el artículo 30. Este año este es el derecho más violentado que consta en las actas cuando se dictan las medidas de abrigo. La legislación señala que todo niño tiene derecho a una “alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas dietéticas”, además de vestimenta y una vivienda digna. La diferencia es que en muchos de los casos atendidos este año la causa del maltrato no es por negligencia de los padres sino por la crisis.
En el Consejo de Protección de Sucre se suman 52 medidas de abrigo –recurso legal usado cuando ya no se puede preservar la seguridad y derechos de los pequeños–, para niños cuyas familias están golpeadas por la crisis. Hasta el año pasado, el promedio de otorgamiento de esta medida era entre 10 y 12 al año. En 2016 también han registrado siete bebés abandonados en el Hospital Domingo Luciani, los últimos tres solo en agosto, cuando en años anteriores no reportaban más de tres niños huérfanos al año.
“Aumentaron las denuncias de padres que maltratan a sus hijos por situaciones ligadas a la economías del hogar, padres que le colocan candados a la nevera porque el ‘muchacho es tragón’. Niños que son quemados por sus padres en partes de su cuerpo por comerse la comida. Hace aproximadamente dos meses se produjeron saqueos en la redoma de Petare, donde participaron adolescentes que, por tener menos de 14 años y no tener responsabilidad penal, fueron remitidos al Consejo de Protección. Entre las razones que manifestaron los adolescentes para salir a saquear estaba no tener comida en su casas”, precisa el consejero de protección, Nelson Villasmil.
¿Y la Lopnna? Moncada conoce de siembra. En Barlovento logró que un consejo comunal le diera un terreno, que aseguran estaba baldío pese a tener una siembra de cacao. Allí se dedicó a cultivar yuca y auyama. Cuando consigue quien le dé la cola a Caracas trae suficientes verduras para vender y para que los hijos coman. No recuerdan cuándo fue la última vez que comieron carne. Si consiguen pollo es porque alguien se los regala y lo rinden en sopa.
Ahora, Moncada apuesta por pedir un crédito en el Banco Agrícola, apelando a la fidelidad que tuvo cuando trabajaba para la milicia cuidando planteles escolares en los barrios de Petare. “Con Chávez uno vivía un hechizo cuando él nos hablaba, pero ahora la crisis pegó duro. Es primera vez que no puedo ni comer. Mi hija, mi única hembra, me llora cuando la visito en la casa hogar y yo no sé qué fecha darle para que estemos juntos. No sé si entiende que no los estamos abandonamos sino que no puedo darle comida”.
Cuando los niños fueron separados llegaron dos cuñetes de pintura de color azul y naranja para darle color a las paredes. Presume que alguien de la comunidad las donó. La profesora que intervino le consiguió ayuda con materiales de construcción para habilitar la vivienda, pero Moncada desconoce de dónde viene el favor y no le preocupa averiguar. Lo que sí sabe es que debe construir habitaciones en el techo de la casa para que cada niño tenga su espacio. “No pierdo la fe en que voy a recuperar a mis hijos. Por eso los visito miércoles y sábado cuando me lo permiten. El de tres años me llora y me pregunta por qué lo dejo y no sé qué decirle”, dice Martínez.
En el Consejo de Protección de Baruta contabilizan tres niños abandonados y 54 traslados a unidades de atención en 2016. Solo en agosto atendieron los casos de un niño de 9 años de edad abandonado y cinco hermanos desnutridos. El niño dormía en los escapes de los aires acondicionados del Centro Comercial Chacaíto para mantener el calor. En las noches caminaba hasta Las Mercedes para que los empleados de los restaurantes le dieran comida. “Denunciaron que lo vieron caminando a las 3:00 am en la avenida principal de Las Mercedes sin zapatos. Alguien lo robó y lo dejó descalzo. Cuando llegó dijo que vivía en los Valles del Tuy y que su mamá le dijo que se fuera a la calle porque allí la gente le iba a poder dar más comida. Solo se sabe que tiene dos hermanas menores”, precisa Lourdes López, del Consejo de Protección de Baruta.
A la consejera Angélica Vallenilla le tocó dictar por primera vez una medida de abrigo a cinco hermanos, entre 1 y 7 años de edad, que vivían con sus dos padres en Hoyo de la Puerta. Los vecinos denunciaron que los niños no comían desde hace días. Cuando los consejeros de protección llegaron los encontraron sosteniendo una arepa que les regalaron, desnudos y los dos niños menores con una delgadez extrema y sin fuerzas para caminar. No había cocina y dormían en el piso de tierra, bajo un techo de lata. El padre trabaja como “caletero” y la madre está desempleada. Todos fueron hospitalizados en el Pediátrico Elías Toro de Catia para recuperarlos.
El problema que ha exacerbado la crisis económica también arrastra con las limitaciones que tienen las casas hogares. Un informe entregado por Proadopción a la Asamblea Nacional en marzo advierte que el número de niños y adolescentes que ameritarían su protección por encontrarse en condiciones de riesgo está creciendo debido a las condiciones socioeconómicas y de violencia del país.
Penalizar la pobreza. Los consejeros se encuentran con más vacíos cuando intentan proteger a niños que viven en pobreza. Nelson Villasmil señala que el artículo 134 de la Ley Orgánica del Niño, Niña y Adolescente establece que el Estado debe crear programas de asistencia “para satisfacer las necesidades de los niños, adolescentes y sus familias, que se encuentren en situación de pobreza”. Eso no se cumple.
La Gran Misión Hijos de Venezuela, que se creó en 2011 para las familias con ingresos menores al salario mínimo, hijos menores de 18 años y personas con alguna discapacidad y mujeres embarazadas, hoy tiene denuncias en su página web de quienes tienen 6 meses sin recibir la beca de 400 bolívares mensuales, que no alcanzan para comprar un refresco y que representan menos de un día de salario mínimo. El plan se limita al depósito de la mensualidad sin otro abordaje social.
La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en el artículo 354 cita: “La falta o carencia de recursos materiales no constituye, por sí sola, causal para la privación de la patria potestad. De ser este el caso, el niño o el adolescente debe permanecer con sus padres sin perjuicio de la inclusión de los mismos en uno o más de los programas a que se refiere el artículo 124 de esta Ley”.
Para Carlos Trapani, abogado de Cecodap, la falta de servicios sociales para empoderar a las familias con bajos recursos para que superen la crisis son vuelve a victimizar a los niños. Los consejeros de protección están de manos atadas. “No se trata que el Estado sustituya la familia, sino que mamá y papá sean mejores padres. Si una familia tiene crisis en acceso a alimentación debes fortalecerlos y no desmembrarlos”.
Trapani explica que la penalización de la pobreza viola otros 7 artículos: el derecho a ser criado en una familia precisado en el artículo 26; el derecho a la alimentación nutritiva, balanceada en cantidad y calidad que establece el artículo 30; la prioridad absoluta del niño en las políticas públicas del artículo 7; la prevalencia del “Interés Superior del Niño” como principio de interpretación y aplicación de esta ley para el disfrute pleno de derechos y garantías del artículo 8; el derecho a la integridad física, psíquica y moral del artículo 32; y el derecho a la salud del artículo 41.
FUENTE: EL NACIONAL
Sep, 4 2016