El J.M. de Los Ríos es el único centro de salud público que realiza reconstrucciones de malformaciones urogenitales, corrección de malformaciones gastrointestinales complejas, dispone de una Unidad de Quemados, tiene amplia experiencia en cateterismos diagnósticos y terapéuticos, hace cirugías de malformaciones cardíacas complejas, desarrolla un programa de trasplantes renales, es líder en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades hemato-oncológicas y mantiene activa la Unidad de Fibrosis Quística y Radioterapia. Son 34 servicios los que atiende y es el centro de referencia en el ámbito nacional.
Y con todo ese historial, actualmente el hospital no tiene un balance positivo. En este centro es frecuente la falta de Rayos X; la inoperatividad de los laboratorios; el servicio de Hematología no tiene activa la lámpara para las quimioterapias; las mamás tienen que pagar por todos los exámenes de gases venenosos y arteriales, muchas salen del país para buscar morfina y albúmina; desde hace un año no hay fórmulas lácteas, los pacientes tienen un solo menú: arroz o arepas; cuando se va la luz la planta no funciona; falla el agua constantemente y se ha ido 50% del personal de salud
Sin embargo, Katherine Martínez, presidenta de la organización no gubernamental Prepara Familia, en medio de todo este drama resalta algo positivo: las medidas cautelares dictadas en febrero pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger la vida e integridad de los niños que se encuentran en el área de Nefrología.
Esas medidas llegaron luego de las muertes de 10 infantes, ocurridas en 2017, como consecuencia de la insalubridad existente en el J. M. de Los Ríos.
Para Martínez, el hecho de que la CIDH haya dictado esas medidas es un logro tremendo. “Lo malo es que el Estado no ha cumplido y tampoco ha hecho el esfuerzo para hacer un cambio. Hicieron unas remodelaciones que no llenaron los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Todo ha sido un retroceso para las mamás y la salud de los niños. Se les violan los derechos fundamentales. Muchos han muerto y otros no tienen acceso a los medicamentos, como los antibióticos de amplio espectro. Cada día están más expuestos y sus familiares no tienen ni siquiera acceso a los calmantes”.
Cuando Martínez dice que el Estado no ha cumplido es porque ni siquiera le ha establecido un cronograma y una ruta de trabajo. En la reunión de seguimiento que sostuvieron en mayo pasado, en República Dominicana, a las organizaciones petitorias de las medidas y los voceros del Estado, les dijeron que por la “guerra económica” no estaban al día.
Luego, en la mesa de trabajo de octubre realizada en Colorado, dijeron que se pondrían al día. “No lo han hecho en perjuicio de estos niños y sus familias”.
Por eso, y por las implicaciones que esta situación tiene para la salud, Prepara Familia y Cecodap solicitaron el mismo mes de octubre extender las medidas a 13 servicios más, fallo que esperan que se de en 2019.
Con información de Crónica Uno