A un año del encarcelamiento del líder sindical, la alianza Provea – TalCual conversó con el periodista, locutor y escritor Damián Prat, quien en los 40 años que lleva en el estado Bolívar ha sido testigo no solo de la debacle del parque industrial guayanés, la base del desarrollo industrial nacional, sino también de la destrucción de los derechos de los trabajadores y sindicalistas de las empresas básicas a lo largo de los últimos veinte años de chavismo.
¿Qué le está diciendo el Gobierno a la dirigencia sindical venezolana con la condena a Rubén González?
– La intención política es golpear al movimiento de los trabajadores que estaba muy activo en las protestas, que no se rendía, deteniendo a una figura emblemática, quizás la más emblemática de todas. Es una manera de decir “bueno, aquí está, podemos joder al que sea”. Trata de sembrar miedo y desesperanza en los trabajadores. Es un mensaje de amedrentamiento sobre toda la sociedad.
– ¿Cuál fue la excusa del Gobierno para detener a González? Supuestamente tenía una orden de captura por “atacar a un centinela”
– A mediados de agosto de 2018, había muchísimos problemas por todas las violaciones a los derechos laborales. Ya en aquel momento el Gobierno había empezado con el cuento de que todo el mundo ganaría lo mismo. Eliminaron las escalas salariales, algo que no puede ser porque un aprendiz no puede ganar lo mismo que un tipo que tiene 25 años trabajando, que tiene una experticia acumulada. Es ilegal.
Los ferromineros hicieron una asamblea muy grande de trabajadores en Ciudad Piar, al pie del Cerro Altamira, donde decidieron ejercer paros y protestas. Allí estaba Rubén y todos los dirigentes del sindicato. Luego continuaron las protestas y las asambleas, y de pronto el Gobierno decide reprimir con violencia.
La mañana del 14 de agosto, un fuerte contingente militar disolvió con gases lacrimógenos una asamblea que hicieron al pie del cerro. En la represión ellos fueron a la casa de Rubén a tratar de detenerlo y varios trabajadores lo protegieron, lo sacaron escondido y finalmente lo pudieron sacar de la ciudad. Él no pudo haber agredido a un centinela, eso es un cuento chino, más bien estaba huyendo porque supuestamente había una orden de capturarlo. A él le asaltaron su casa.
– ¿A dónde fue después?
– Apareció en Puerto Ordaz en una asamblea en el portón de Ferrominera, en un sitio público muy grande al borde de una avenida principal y que además tiene un puesto de la Guardia Nacional en la entrada. En las siguientes semanas hicieron como más de 10 asambleas, incluso en la sede del sindicato de Sintraferrominera que está a unas 7 u 8 cuadras del portón y en el centro de Puerto Ordaz. De hecho, uno de esos días yo hice mi programa de radio desde ahí para ponerlos a ellos a hablar. O sea, él hacia actividades públicas. A mi programa fue tres veces, de manera que tampoco es que estaba escondido. Ese cuento de que tenía una orden no puede ser verdad. Esa supuesta orden de captura por ataque al centinela es un cuento que se inventaron. Ellos lo hubieran podido detener todas las veces que hubieran querido porque él hacía actividades públicas.
Incluso cuando fue a Caracas a una protesta, fue a la sede de los tribunales para declarar como testigo en el caso (otro más de atropello a los trabajadores) que se le sigue desde hace 8 años al también ferrominero Rodney Álvarez. Fue al edificio sede de los tribunales en Caracas, debió presentar su cédula, chequearse en el registro de la computadora, etc. Si hubiese existido alguna “orden de captura” de cualquier fiscalía o tribunal, militar o civil, habría aparecido allí y lo habrían detenido.
– ¿Qué significaba Rubén para la dirigencia sindical en esas actividades públicas?
En septiembre, octubre y noviembre de 2018 hubo una serie de jornadas de protestas que no eran solo de los ferromineros sino de todas las empresas. Hubo docenas de asambleas en los portones de las empresas del aluminio, de Sidor, etcétera. Hicieron asambleas, trancas, manifestaciones. Variaban. Rubén era una figura emblemática en todo eso, porque además en ese período se constituyó la Intersectorial de Trabajadores de Guayana en una asamblea masiva en la sede del viejo sindicato de Sintraferrominera y Rubén quedó como coordinador general de esa Intersectorial.
¿Qué más ha hecho el Gobierno para reprimir las protestas además de detener a González?
– En Ferrominera el Gobierno instaló un sindicato paralelo designado a dedo por ellos. Eliminó al sindicato legítimo, a Sintraferrominera, les intervino la sede sindical, les cambió la cerradura y ellos ya no pueden entrar a su sindicato. También despidieron a una cantidad de dirigentes sindicales, creo que son alrededor de 30 personas, que tampoco pueden entrar, porque cuando van a la empresa su ficha está desactivada.
– Entonces son más los sindicalistas y trabajadores de las otras empresas básicas de Guayana perseguidos por el Gobierno…
– Hay de todo, pero sí hay mucha gente amenazada, algunos con juicios abiertos que lo dejan así como una medida de presión para controlarlos, como que “cualquier cosita que tú hagas te puedo hacer tal vaina”. Hay tres que se han ido del país amenazados de varias empresas, uno de Ferrominera y otro de Sidor, porque ellos sentían que había cada vez una amenaza más directa sobre ellos. Pero al mismo tiempo esa visita de la OIT fue una presión al contrario. Ellos trataron de amenazar a gente para que no fuera a hablar, a ratificar la queja, pero la gente en general fue.
– La OIT no solo pide la libertad de González sino también del ferrominero Rodney Álvarez, otro caso emblemático
– Tiene ocho años preso sin juicio. Es algo horrible lo que le hizo este gobierno a ese pobre muchacho para justificar el dejar libre a un activista del PSUV.
Según Provea, aproximadamente 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales desde 1999, año cuando Chávez asumió el poder. La ONG señala que algunos de esos sindicalistas fueron juzgados en libertad, pero bajo régimen de presentación periódica, y que varios de ellos llevan más de siete años presentándose ante tribunales. Además, “tienen otras restricciones como la no libertad de tránsito por el país, la prohibición de salida al exterior e incluso el no poder participar en concentraciones o protestas ni siquiera en las empresas donde fueron elegidos como representantes sindicales”.
La Comisión de Encuesta relativa a Venezuela, establecida en marzo de 2018 por el Consejo de Administración de la OIT, constató la existencia en el país de un conjunto de situaciones y prácticas que atentan contra garantías y derechos laborales establecidos en convenios internacionales y en las que, por acción u omisión, están implicados múltiples agentes estatales.
Condena los mecanismos y prácticas que abarcan graves atentados a los convenios en forma de actos de violencia, incluidos asesinatos, así como impunidad o falta de esclarecimiento de los mismos; persecución y múltiples formas de acoso a empleadores y sindicalistas; prácticas de favoritismo o promoción de organizaciones paralelas y de discriminación, suplantación y trabas al funcionamiento de organizaciones no afines; y ausencia de consulta tripartita y exclusión del diálogo social.
De los 31 casos de asesinatos ocurridos entre 2015 y 2018, denunciados por las organizaciones de trabajadores, la instancia de la OIT afirma que la Fiscalía no dio respuesta sobre 14 de ellos, o indicó que los nombres de los asesinados no estaban registrados en sus archivos. Tampoco proporcionó detalles sobre los otros 16 casos, pues apenas informó que estaban en etapa de investigación, “por lo que el expediente estaba reservado solo a las partes”.
Durante 2018 Provea contabilizó el asesinato de 6 sindicalistas, un descenso de 40% respecto a los 15 casos registrados en el período anterior. Los nombres de los sindicalistas asesinados son los siguientes: Tomás Molina (Sutiss), Ciudad Bolívar, estado Bolívar; José Desiderio Ramírez Torres (Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Guaicaipuro), estado Miranda; José Desiderio Ramírez Torres (Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Guaicaipuro) estado Miranda; Jancili Gabriel Baca Bonalde (Sindicato Coca-Cola), estado Anzoátegui; Freddy Colmenares (Aragua), y Juan Diego Jiménez Zamora (Sindicato de la Construcción), estado Guárico.
La ONG pide cesar de inmediato la instrumentalización del sistema de justicia para perseguir, detener y encarcelar dirigentes sindicales en Venezuela y poner en libertad de inmediato a los dirigentes sindicales que se encuentran privados de libertad por ejercer el derecho a la libertad sindical.
En los 100 años que recientemente –el 11 de abril– cumplió la OIT, apenas se han creado 13 Comisiones de Encuesta para investigar violaciones de los convenios laborales cometidas en países. Venezuela es uno de ellos, y durante la gestión del “presidente obrero”.
Con información de Tal Cual