El Abogado y analista internacional Daniel Merchán consultado por el circuito continental de noticias (CCN) calificó el llamado de la comunidad internacional como un pedido para no criminalizar el derecho a la protesta en Venezuela, especialmente tras el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien exhortó al país a respetar y garantizar el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica “de quienes protestan en el país”.
Nota de prensa
Merchán apuntaló que la CIDH se refirió a las protestas opositoras acaecidas en el país entre el mes de marzo y mes de abril de este año”, y constató el uso de “cordones policiales, carros lanza aguas y gases lacrimógenos para obstaculizar y dispersar las manifestaciones”.
La comisión instó a las autoridades “a reconocer públicamente los derechos a la reunión pacífica y libertad de expresión, sin discriminación por razones de opinión política, La CIDH estableció que el Estado venezolano también debe “facilitar las manifestaciones públicas, incluidas las contramanifestaciones”, así como “cooperar” con los organizadores para que desempeñen su función, “sin discriminación por razones de opinión política”.
La CIDH es partidaria, asimismo, de “excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas”.
La comisión hace igualmente un llamamiento para que se garantice que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.
De igual modo resalto el jurista miembro del Foro Penal Venezolano y catedrático universitario, que en días pasados el exhorto de la CIDH también incluye a los defensores de derechos humanos, pues atendiendo a la preocupación expresada por los activistas de derechos humanos en Venezuela que representan a distintas ONG’s como Foro Penal Venezolano, Defensores Activos, Un Mundo Sin Mordaza y Refugee Freedom Program, entre otras organizaciones participantes en audiencia pública se solicitó al Estado venezolano garantizar a los defensores la protección debida a sus labores de defensa, enmarcado en el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, tras el “discurso estigmatizante” del gobierno de Nicolás Maduro en su contra.
El artículo 63 del mencionado Reglamento reza que “el Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
En consecuencia, la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó al Estado venezolano que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal” de los defensores, y que éstos puedan desempeñarse sin que sean objeto de actos violentos u hostigamientos.
Fuente: La Patilla
Fecha: 15 de abril de 2017