Desde hace ocho años la Revolución Bolivariana avanza en su estrategia de consolidar un nuevo ecosistema de partidos políticos, construyendo una oposición política que en el corto plazo no tiene capacidad de intentar exigir la alternancia en el Poder Ejecutivo, pero puede enfocarse en desplazar a los referentes tradicionales de la oposición venezolana.
Primera etapa: la Intervención judicial
Esta estrategia comenzó a ejecutarse semanas antes de la elección presidencial del año 2012 con la intervención judicial de las directivas de las organizaciones Podemos y PPT. Estas organizaciones formaban parte de la estructura de campaña del candidato presidencial Henrique Capriles Radonski. No obstante, la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la imposición de nuevos directivos provocó cambio de última hora en su apoyo a Capriles Radonski para terminar respaldando a Hugo Chávez.
Ese mismo año los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) negaron la inscripción de organizaciones representantes del chavismo disidente: Marea Socialista y la Unión Nacional Organizada. A la par, negaba la posibilidad que el movimiento Vente Venezuela dirigido por María Corina Machado pudiese convertirse en partido político.
Tres años después, en las semanas previas a las elecciones parlamentarias del año 2015 el chavismo repitió la estrategia e intervino judicialmente a cuatro organizaciones políticas que habían presentado candidaturas unitarias con los partidos integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). MIN-Unidad, MEP, Copei y Bandera Roja fueron las fuerzas políticas afectadas por esta decisión.
En la mayoría de los casos la intervención judicial consistió en transferir el control de los partidos a integrantes relacionados o cercanos al Ejecutivo Nacional o militantes de los partidos que se habían caracterizado por distanciarse de las estrategias de la MUD.
Segunda etapa: Negar la renovación
La siguiente etapa en la estrategia de partido único comenzó a ejecutarse en enero del año 2016. El proceso de legitimación de partidos políticos previsto en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (LPPRPM) que data de 1964 y que reformada parcialmente por la Asamblea Nacional en 2010, fue suspendido.
Entre los retrasos del Consejo Nacional Electoral y varias decisiones del TSJ el proceso de relegitimación de organizaciones políticas se pospuso definitivamente hasta marzo de 2017. Este retraso, provocado por el propio CNE, sirvió de excusa para que no efectuara en el tiempo previsto el proceso de convocatoria del referendo sobre la continuidad de Nicolás Maduro como Presidente de la República.
Entre marzo y agosto de 2017 el CNE convocó a 59 partidos de ámbito nacional a relegitimarse. A este proceso no fueron convocados el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por ser las organizaciones mas votadas de las últimas elecciones parlamentarias. Tampoco concurrieron al proceso de renovación tres organizaciones políticas admitidas por el CNE después del año 2015. De estas organizaciones dos estaban vinculadas a la oposición: Partido Unión y Entendimiento (Puente) y Unidad Política Popular 89 (UPP89) y una estaba vinculada al oficialismo: Independientes por el Progreso (IPP).
Solo 12 organizaciones políticas (de las 59 originalmente convocadas a relegitimarse recogiendo firmas y huellas de los votantes) lograron superar las trabas técnicas y legales impuestas por el CNE.
De estas organizaciones cinco estaban abiertamente vinculadas a la oposición: Acción Democrática (AD), Avanzada Progresista (AP), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP).
Interviene la ANC
Las denuncias de fraude en la totalización de resultados para la designación de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (en julio de 2017) y las irregularidades del proceso de elección de gobernadores (octubre de 2017), unida a la manipulación de resultados en la votación del estado Bolívar provocaron que los partidos de oposición que aún sobrevivían a las decisiones del CNE y TSJ decidieran no participar en los comicios de alcaldes celebrados en diciembre de 2017.
La ausencia de estos partidos en los comicios municipales fue utilizada por la Asamblea Nacional Constituyente para ordenar un nuevo y expedito proceso de renovación de partidos políticos en el cual debían participar todas las organizaciones que no hubiesen acudido a las elecciones de alcaldes.
Esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente provocó que los partidos opositores Acción Democrática, Mesa de la Unidad Democrática, Primero Justicia, Puente y Voluntad Popular debieron volver a legitimarse al no haber participado en los comicios de 2017.
Aunque esta decisión de la Asamblea Constituyente violaba los artículos 52 y 67 de la Constitución Nacional, y 25 y 32 de la Ley de Partidos Políticos, además de la sentencia 878 de la Sala Constitucional del TSJ fue acatada por las rectoras del CNE.
El proceso exprés de renovación generó una nueva división entre la oposición: Mientras Voluntad Popular y Puente decidieron no acatar la orden de la Asamblea Constituyente a pesar de que serían inhabilitados, los partidos Acción Democrática, MUD y Primero Justicia decidieron participar.
En este proceso exprés solo Acción Democrática logró cumplir con los requisitos impuestos por el CNE. En el caso de PJ y la MUD las rectoras del CNE cambiaron los instructivos de renovación utilizados en 2017 impidiendo que estas organizaciones lograran cumplir con los requisitos impuestos (como si lo hicieron Copei o Bandera Roja en 2017).
En este escenario se convocó el proceso presidencial sobrevenido del 20 de mayo. Para ese evento 10 partidos postularon a Nicolás Maduro a la reelección , cuatro postularon a Henri Falcón (Avanzada Progresista, Movimiento Al Socialismo, Copei y Movimiento Ecológico de Venezuela) y una organización (Esperanza por el Cambio) decidió apoyar a Javier Bertucci.
A este proceso decidieron no acudir cuatro organizaciones que previamente habían superado las exigencias de validación del CNE: Acción Democrática, Independiente por el Progreso, Un Nuevo Tiempo y Nuvipa. Al no participar el 20 de mayo, la Asamblea Constituyente decidió que estás organizaciones estaban ilegalizadas y debían someterse a un nuevo proceso de recolección de firmas y huellas (el tercero en 12 meses)
A estas cuatro organizaciones se unieron ocho organizaciones nacionales “en formación”.
- Acción Ciudadana en Positivo (ACEP)
- Cambiemos Movimiento Ciudadano (CMC)
- Fuerza Del Cambio (FDC)
- Independientes por la Comunidad Nacional (IPCN)
- Lápiz Procomunidad (LAPIZ Procomunidad)
- Liberal Prociudadanos (LPC)
- Partido Independiente de Venezuela (PIV)
- Soluciones Por Venezuela (SPV)
Este nuevo proceso de renovación decretó la ilegalización definitiva de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Nuvipa e Independientes por el Progreso, pero también significó el nacimiento de tres nuevas organizaciones políticas vinculadas a la oposición: Cambiemos Movimiento Ciudadano (CMC), Lápiz Procomunidad (LAPIZ) y Fuerza Del Cambio (FDC)
En el caso de la organización Cambiemos Movimiento Ciudadano, se encuentra a su cabeza el parlamentario Timoteo Zambrano, mientras que Antonio Ecarri es el principal referente de Lápiz Procomunidad.
Tercera etapa: AD pasa a apoyar al chavismo
El año 2020 ha marcado una nueva etapa en el proceso de crear un nuevo ecosistema de partidos políticos opositores.
La jugada del chavismo de imponer a los diputados Luis Parra y José Gregorio Noriega en la directiva de la Asamblea Nacional incluye cambiar el control de los principales partidos opositores que integran el llamado G4.
El 15 de junio el TSJ comenzó a aplicar esta parte de la estrategia al decretar una medida cautelar de tutela constitucional consistente en suspender la actual Dirección Nacional de Acción Democrática, nombrando una Mesa Directiva ad hoc “para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario de la organización con fines políticos” presidida por Bernabé Gutiérrez.
Con las organizaciones Primero Justicia y Voluntad Popular se puede seguir una estrategia similar. El control legal de Primero Justicia pudiese pasar a manos de Luis Parra, mientras que en Voluntad Popular sería asignado a José Gregorio Noriega.
La MDN: la nueva oposición
La Mesa de Diálogo Nacional (MDN) está integrada por partidos que aparecieron después del 20 de mayo de 2018, como Cambiemos y Soluciones u organizaciones que lograron superar los procesos de legitimación de 2017 y nunca dejaron de participar en los eventos electorales convocados por la Asamblea Nacional Constituyente: MAS, Avanzada Progresista y Esperanza por el Cambio.
Además de los partidos político afines a la Revolución Bolivariana existen, al menos, 14 organizaciones políticas de oposición, entre las que se incluyen los integrantes de la MDN, que pudiesen participar en las próximas elecciones parlamentarias.
- Acción Ciudadana en Positivo
- Cambiemos Movimiento Ciudadano (presidido por Timoteo Zambrano. Integrante de la Mesa de Diálogo Nacional)
- Independientes por la Comunidad Nacional (IPCN)
- Lápiz Procomunidad (LAPIZ Procomunidad)
- Liberal Prociudadanos (dirigido por Leocenis García)
- Partido Independiente de Venezuela (PIV)
- Soluciones Por Venezuela (presidido por Claudio Fermín. Integrante de la Mesa de Diálogo Nacional
- Movimiento al Socialismo. Integrante de la Mesa de Diálogo Nacional
- Esperanza por el Cambio. (Dirigido por el excandidato presidencial Javier Bertucci. Integrante de la Mesa de Diálogo Nacional)
- Avanzada Progresista (Dirigido por el excandidato presidencial Henri Falcón. Integrante de la Mesa de Diálogo Nacional)
- Copei. Por decisión judicial se cambió su directiva durante el mes de diciembre de 2019.
- La Fuerza del Cambio. Esta organización se asocia a Henrique Capriles Radonski aunque el ex candidato presidencial no figura en su junta directiva
- Acción Democrática. La decisión del TSJ de imponer una mesa directiva adhoc puede desencadenar en la solicitud de reinscripción de esta organización para participar en las elecciones parlamentarias.
- Primero Justicia (se espera una decisión judicial similar a la tomada con AD. En esta decisión se pudiese entregar el control de la organización al grupo parlamentario del diputado Luis Parra. En caso de confirmarse esta información PJ deberá iniciar un proceso de relegitimación ante el CNE)
- Voluntad Popular (se espera una decisión judicial similar a la tomada con AD. En esta decisión se pudiese entregar el control de la organización al grupo parlamentario del diputado José Gregorio Noriega, que forma parte del grupo parlamentario de Luis Parra. En caso de confirmarse esta información VP deberá iniciar un proceso de relegitimación)
En 2015 la oposición venezolana logró el mayor triunfo electoral en 20 años. Cinco años después solo el partido dirigido por el ex candidato presidencial Henri Falcón mantiene su legalidad, mientras el resto de fuerzas políticas que integraban a la Mesa de la Unidad Democrática están ilegalizadas.
Cinco años del triunfo electoral de la oposición en las elecciones parlamentarias las decisiones del CNE, TSJ y Asamblea Constituyente han logrado desplazar a la Mesa de Unidad Democrática y sustituirla por los partidos que integran a la Mesa de Diálogo Nacional.
Con información de Efecto Cocuyo