Vecinos de distintas comunidades de Caracas y otras regiones del país han denunciado que voceros de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), acompañados de los llamados colectivos, han amenazado con eliminarlos de las listas de distribución de alimentos y quitarle otros beneficios sociales si participan en manifestaciones contra Nicolás Maduro.
A quienes suenen cacerolas o no asistan a las marchas convocadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se les retirarán los «beneficios» que les otorga el gobierno.
Habitantes de los sectores que han levantado su voz de protesta ante los intentos del gobierno de violentar los derechos a la protesta y a la alimentación, estipulados en la Constitución en los artículos 57, 68 y 305, se acercaron a El Estímulo para dar a conocer la situación.
Varias de las denuncias recibidas provienen de residencias ubicadas en la parroquia San Juan, municipio Libertador en Caracas.
“Somos representantes de un consejo comunal, que debemos asistir a las reuniones que convoca el Estado Mayor de Alimentación parroquial, que coordina los operativos para la distribución de las bolsas de alimentos. En uno de esos encuentros nos “recomendaron”, advertirle a nuestros vecinos no participar en los cacerolazos, pues podrían ser suspendidos en la entrega de alimentos. Nos indicaron que hay “grupos de vigilancia”, recorriendo las calles observando el comportamiento de los habitantes de las residencias. También nos indicaron que en las concentraciones convocadas por el Gobierno, debíamos tener una representación de nuestra comunidad”, dijo uno de los lugareños que prefirió reservar su identidad.
En esta misma parroquia, cada vez que hay alguna movilización convocada por el Gobierno, les informan a los habitantes de los edificios de Misión Vivienda Venezuela, a través de carteles, que por lo menos un representante por cada apartamento, debe acudir a la movilización, “llevan a un control de asistencia, el cual debemos firmar”.
Desde la creación de los CLAP, las autoridades señalaron que deberían estar conformados por personas afectas al partido de Gobierno, y no por integrantes de la oposición, por ser una política gubernamental. Señalaron que en cada CLAP debe haber un representante de la Unión Nacional de Mujeres, Unamujer; de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, UBCH; un coordinador del frente Francisco de Miranda y del consejo comunal, del sector.
Freddy Bernal, jefe nacional de los CLAP, en una de sus declaraciones señaló: “Nosotros no vamos a excluir a nadie. Es mentira totalmente lo que dicen algunos voceros de la derecha, que no vamos atender a la gente de la oposición. Ellos también son pueblo. Los CLAP no pertenecen a ningún partido político, no tienen carácter partidistista, son herramientas para garantizar, en la emergencia, la distribución equitativa de los productos de la cesta básica”.
Andrés Rivero, coordinador del Movimiento Pro San Juan, desmiente a Bernal. Señaló que varias familias de los barrios de San Juan, que han participado en las marchas convocadas por la Mesa de La Unidad (MUD), “han sido eliminadas de las listas para la entrega de las cajas y bolsas de alimentos, así como también a las personas que les ha sido entregada la tarjeta Hogares de la Patria, mediante la cual recibían una asignación mensual (Bs 70.000), por estar en una situación de pobreza crítica”.
Indicó que el gobierno quiere reprimir las protestas populares, no solo con ballenas (vehículo para la contención de protestas), perdigones y represión, sino “también quiere atacar la lucha por el estómago de los venezolanos, con el hambre”.
Carlos Reina, líder comunitario de la Primera Loma de Propatria, otro sector popular de Caracas dijo que lo censaron para recibir la bolsa CLAP “pero al final no me entregaron la bolsa por qué soy un dirigente adeco que denuncia los problemas de la comunidad. En nuestro sector también fueron eliminadas de la lista otras 36 familias, acusadas de participar en un cacerolazo contra Nicolás Maduro, pero no importa, así tengamos que comer solo yuca, mango y plátanos, continuaremos nuestra lucha por una mejor calidad de vida”.
En Macuto, estado Vargas, un sector de la popular zona costera, le fue retirada la bolsa que raciona alimentos a la población más necesitada, por haber participado en un sonoro cacerolazo la última semana de abril.
La ONG Transparencia Venezuela denunció días atrás que el gobierno utiliza el plan de distribución racionada de comida como arma de retaliación política.
Fuente: El Nacional
Fecha: 29 de mayo de 2017