Ser atendido en la Emergencia de algún hospital en Caracas puede ser una experiencia de muerte. El estado de abandono, la obsolescencia de los equipos y la indolencia que se percibe en las salas resultan devastadores para miles de venezolanos que acuden a diario a estos centros, que son la puerta de entrada al servicio de salud del Estado. Casi no queda lugar para la vida. Los espacios antes destinados para la correcta operatividad de los equipos con los que se podía ofrecer un diagnóstico oportuno de las complejidades médicas que se atienden en estos servicios, ahora solo sirven para almacenar polvo sobre aparatos descompuestos, con la vida útil vencida, sin reemplazo o sin esperanza de reparación.
El Hospital Universitario de Caracas, el Hospital Dr. José María Vargas, el Hospital Miguel Pérez Carreño y el Hospital Dr. José Gregorio Hernández sintetizan la precaria asistencia que padecen diariamente los venezolanos debido a la irregular dotación de material médico, la insuficiencia de personal que ha migrado a otros oficios o países en busca de mejores ingresos, así como la cada vez más disminuida y colapsada planta física, signo de nula planificación estatal en materia de infraestructura hospitalaria.
En los más de más de 4.000 m2 que suma el espacio de los servicios de Emergencia de los cuatro establecimientos de salud, son atendidas, o al menos acuden a diario, más de 3.000 personas provenientes de parroquias, municipios y estados vecinos donde la desasistencia es mayor. Los pacientes llegan con los casos más comunes que se pueden presentar en un hospital, que varían de un episodio de enfermedad cardiovascular, neumonía, politraumatismo, herida de bala, diarrea o crisis asmática. La espera para que cualquiera de estos casos sea siquiera considerado para la atención mínima es de hasta tres horas.
Las limitaciones de insumos, personal, espacio, además de la reducida capacidad de respuesta de la red de atención primaria, contribuyen a que las emergencias se conviertan en dispensarios, salas de parto y, en general, en la única forma en la que los usuarios pueden garantizar el acceso a alguna forma de servicio hospitalario. Muchos de los que presentan cuadros clínicos que no califican en el criterio de una urgencia prefieren esperar para que les sea medida la tensión o por la consulta con un médico general, pues los ambulatorios, como los de la red Barrio Adentro o los administrados por gobernaciones o alcaldías, están en peores condiciones que las depauperadas emergencias.
El avance de la crisis hospitalaria, uno de los aspectos desencadenantes de la emergencia humanitaria compleja que ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil desde 2016 —y reconocida por el gobierno de Nicolás Maduro con la firma de un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja para el ingreso de asistencia humanitaria en abril—, queda demostrado en los espacios limitados, desprovistos y rezagados de las emergencias.
El nivel del colapso impide el cumplimiento de las normas nacionales que rigen el funcionamiento de las emergencias, cuyo primer reglamento fue aprobado en 1996. En esta norma se establecieron los parámetros de funcionalidad, higiene y capacitación que debían poseer los departamentos de emergencia, que incluyen requisitos arquitectónicos, entre los que destacan las ampliaciones para aumentar la cobertura de atención, aparte de la adecuación tecnológica, equipamiento y actualización de los procesos de prestación del servicio.
Este incumplimiento ha ocasionado lo que, a juicio de trabajadores de la salud y pacientes, representa una involución del sistema de atención de emergencias reflejado en la pérdida cada vez más notoria de la calidad y cantidad de recursos de todo tipo.
La mengua y el óxido parecen haber condenado a las otroras emergentes salas de urgencias a ser antesalas de la morgue.
Con información de El Pitazo.