2018 ha sido el año en el que han apresado a más militares en Venezuela. De los 163 funcionarios tras las rejas, 116 fueron encarcelados este año; lo que representa 71 % de las detenciones. Esta cifra supera con creces el total de militares que Hugo Chávez ordenó encarcelar durante su gestión, que fue un total de 31 efectivos.
Un proyecto político de militares que intentó imponerse por las armas en 1992 sin éxito y, seis años después, consiguió el poder mediante una contienda electoral liderada por un teniente coronel, persigue, en el presente, a los soldados de su país. Nicolás Maduro, aunque no es militar, pero sí sucesor del modelo socialista del siglo XXI planteado por el difunto Hugo Chávez, encabeza la responsabilidad de una cifra histórica en cuanto a militares detenidos por razones políticas en Venezuela.
Instigación a la rebelión, traición a la patria y faltas contra el decoro militar son los presuntos delitos por los que se acusa a la mayoría de los 163 militares que se encuentran detenidos actualmente en Venezuela. Cifra histórica en el país, que supera a las de mandatarios autoritarios como Marcos Pérez Jiménez y Hugo Chávez y que, además, casi se equipara a la de los civiles presos en el presente por motivos políticos, que son 197, según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Un descontento oculto y temor a represalias es el sentimiento que está floreciendo e instalándose entre algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); así lo aseveran familiares de los efectivos tras las rejas.
Las razones son las mismas que afectan al resto de los venezolanos: escasez, hambre e hiperinflación. De hecho, las esposas de muchos militares expresan que ni siquiera con dos ingresos mensuales son capaces de mantener sus hogares ni cubrir necesidades básicas.
“Yo tampoco consigo carne, pollo, huevo”, dice Yocelyn Carrizales, esposa de Inbert Marín Chaparro, número uno de la promoción 1999, quien se encuentra detenido desde el 2 de marzo de este año en la sede del Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. En este caso, Carrizales sostiene que hay un ensañamiento contra este efectivo, quien tiene el mejor promedio de la Academia Militar en la historia contemporánea del país.
Fueron nueve los detenidos en esa misma fecha, de los cuales seis son tenientes coroneles, pero él es el único del grupo que se encuentra en dicho calabozo, a pesar de que tiene boleta de traslado hacia Ramo Verde.
Marín Chaparro lideraba el Batallón Ayala en Fuerte Tiuna, Caracas, uno de los más importantes y extensos por su caballería motorizada. Los otros comandaban batallones, tanto en Caracas, como el Bolívar, y en otras partes del interior, como el Juan Antonio Paredes, en San Cristóbal (Táchira), o el Grupo de Caballería Blindada e Hipomóvil, en Calabozo (Guárico).
La violación sistemática del debido proceso y de los Derechos Humanos a los militares detenidos ha sido una constante en ambos gobiernos “bolivarianos”. El abogado de muchos de ellos y miembro de la Coalición por la Democracia y los DD. HH., Alonso Medina Roa, asevera que actualmente hay una “promiscuidad” en la calificación jurídica a un mismo hecho. Pone como ejemplo a oficiales procesados por conversar temas políticos en reuniones y que fueron acusados por supuestos actos de rebelión o traición a la patria.
“Lo que estamos viviendo es una ofensa a la estructura del derecho penal. De hecho, estamos presenciando un uso abusivo del derecho penal. Se ha configurado una exageración de su uso para sancionar a aquellos que han manifestado su inconformidad a la intromisión política en los cuarteles”, agrega.
En el caso de los tenientes coroneles detenidos el 2 de marzo, las esposas concuerdan en que la tortura empezó desde el primer día de la aprehensión. Permanecieron incomunicados por nueve días mientras se encontraban recluidos en el Dgcim-Boleíta. Cuando fueron presentados al Tribunal Supremo de Control para la audiencia de presentación todos tenían heridas físicas. La esposa de Marín Chaparro denunció que su pareja tenía dos costillas fisuradas, las muñecas maltratadas y las manos hinchadas. Esto se debe a que estuvo todos esos días esposados con las manos hacia atrás. Hasta la fecha se mantienen a la espera de juicio.
Por su parte, Ana Raquel de Soto, esposa del teniente coronel Víctor Soto, observó a su marido en este mismo tribunal golpeado por los costados, en las rodillas y en los tobillos.
Le echaban el polvo del gas lacrimógeno por las fosas nasales y en los ojos y, luego, le colocaban un pasamontañas para taparle toda la cara”, agrega.
En el caso del teniente coronel Henry Medina, su esposa, Leonela Difurt, cuenta que las manos esposadas hacia atrás durante los nueve días en el Dgcim provocó una lesión en el manguito rotador del brazo de su marido. “Trata de que me saquen de la Dgcim como sea”, fue lo primero que le dijo Medina a su pareja.
Las torturas del Dgcim también las observó Ysmenia Cedeño, esposa del guardia nacional y comandante del Destacamento de Seguridad Urbana en Petare, Abraham Suárez, detenido el 21 de mayo de este año, a quien guindaron por dos días —en esa posición tuvo que hacer sus necesidades fisiológicas— le partieron la nariz, le golpearon las costillas hasta fisurarlas y le dieron tablazos en los glúteos al punto de que se formó una celulitis. Cedeño sostiene que la audiencia preliminar de su esposo ha sido diferida cuatro veces.
Con información de Crónica Uno.