La pandemia del nuevo coronavirus no solo ha afectado al área de salud. En el aspecto económico los comercios y empresas están atravesando por una difícil situación, sobre todo en el contexto venezolano, donde ya la crisis había marcado un precedente en el tema de nuevas inversiones.

La extensión del decreto de cuarentena a principios de semana por parte del ejecutivo de Nicolás Maduro incrementó los niveles de incertidumbre de los comerciantes, así como de los empresarios de productos no esenciales que hacen vida en los estados Anzoátegui y Monagas.

Angustia es la palabra con la que los dueños de negocios y empresas definen el panorama que atraviesan desde el pasado 17 de marzo cuando se decretó la cuarentena nacional.

Ahora comerciantes y empresarios de ambas entidades, además de lidiar con el alza desmesurada de los impuestos municipales, deben hacerlo con el cierre obligatorio de los establecimientos a causa de las medidas de confinamiento social.

El acoso policial se ha vuelto una constante también para quienes tienen negocios ubicados en el sector Barrio Sucre de la capital anzoatiguense, dueños de establecimientos afirman que los oficiales de la policía municipal de Barcelona no los dejan trabajar obligándolos a cerrar sus establecimientos.

Golpe duro

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Wael Raad, la situación que vive el comercio llamado «no esencial» no solo en la capital sino en el resto del estado es grave porque, si bien han acatado las medidas sanitarias, lo que no se ha visto es una medida económica que ayude a estos comercios a sobrellevar la crisis generada por la pandemia.

Raad afirmó que los negocios que no se dedican a la venta de alimentos y productos de higiene personal arrastraban problemas desde 2019 por las pocas ventas y el aumento en los impuestos municipales anunciado a principios de 2020 por la alcaldía de Barcelona, lo que muchos calificaron de una condena de cierre.

Para evitar más pérdidas, el gremio envió el pasado 8 de abril una comunicación al alcalde de Barcelona y jefe de la Oficina de Defensa Integral de Anzoátegui (ODDI) Luis José Marcano, para que les permita abrir gradualmente los negocios y hacer la rotación de mercancía y mantenimiento.

Los centros comerciales son otro gremio que ha recibido un duro golpe por el cierre derivado de la pandemia de COVID-19 en Venezuela y el C.C Puente Real de Barcelona ha sido uno de los más afectados.

Raad indicó que si no se toman medidas económicas adecuadas durante esta pandemia, saldrán fortalecidos los grandes negocios mientras que los pequeños comerciantes serán los que perderán la batalla.

Pymes de Monagas

La inflación en Venezuela ha desmoronado el sueño de muchos comerciantes de construir su propio negocio. La situación antes de la pandemia no era muy alentadora.

Para 2019, según declaraciones del entonces presidente de Fedecámaras Monagas, José Zerpa, 1500 comercios habían cerrado sus puertas por el aumento exagerado de impuestos municipales. Zerpa detalló que, para el 18 de junio de 2019 el aumento de impuestos en la municipalidad fue de al menos 300 % sobre el ingreso anual de la empresa, se podía traducir al menos 10.400.000 bolívares.

De 12.000 empresas registradas en Maturín para el año 2015, en el 2019 quedaban solamente 4000, la cuales estaban en peligro de cierre por la situación económica y aumentos en los impuestos.

Maglorys Alcalá, representante de Fedecámaras en la entidad, afirmó desde que inició la cuarentena social y colectiva, al menos 70 % de las pequeñas y medianas empresas del estado se encuentran cerradas cumpliendo esta medida. Sin embargo, continúan cancelando la nómina de empleados y pagando los impuestos de la municipalidad.

Alcalá informó que de ese 70 % alrededor de 20 % están al borde de un cierre definitivo y advirtió que al terminar la cuarentena es posible que no abran nuevamente sus puertas.

La situación afecta de manera directa a aquellos comercios que no pertenecen a las áreas priorizadas como alimentación y salud (abastos y farmacias). De acuerdo con lo relatado por Alcalá, las zapaterías, tiendas de ropa, repuestos, telas, etc., son las más afectadas ante el confinamiento. Se trata de comercios que a pesar de no estar operativos igual deben cumplir con los gastos impuestos por el municipio.

“El gobierno venezolano debe tomar políticas coordinadas junto con el sector empresarial para evitar el despido nefasto de un grupo importante de empresas que pueden cerrar sus puertas de manera definitiva”.

Con información de Crónica Uno

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