Los venezolanos en la denominada Cuarta República y hasta 2011 tan sólo necesitaban un salario mínimo para adquirir la canasta alimentaria. Según explicó Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el «descalabro» de la caída del poder adquisitivo comenzó en 2012, cuando una familia requería cada vez más dinero para comprar los mismos nueve rubros alimentarios que contempla esta cesta.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
«A partir de 2012 se necesitaban 2.23 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria, luego salta en 2.80 en 2013, y de allí en adelante el gráfico es una curva ascendente. En febrero de 2022, una familia necesitaba 300 salarios mínimos para adquirir esa canasta», enfatizó.
El poder adquisitivo se recuperó levemente el 15 de marzo, cuando el Gobierno aumentó el salario mínimo a 130 bolívares (30 dólares en ese momento). Pero en un país con la inflación más elevada del mundo con una tasa anual que podría cerrar en 2022 en 500 por ciento, según el Fondo Monetario Internacional, tal incremento puede elevar el precio de la canasta alimentaria un 6 por ciento, pasando de costar 471 dólares en marzo a posiblemente más de 500 dólares en mayo.
«Una familia necesita 500 dólares para poder cubrir el costo de los alimentos y requiere el doble de ese monto (1000 dólares) para cubrir la canasta básica que incluye 60 productos alimentarios, más el precio de gastos como vestimenta, educación, salud, recreación, productos de higiene personal, transporte. Siempre hablamos de una familia venezolana de cinco miembros. Lo que representa que cada miembro necesita trabajar y ganar 100 dólares al mes para comer y 100 dólares adicionales para cubrir el gasto de bienes y servicios», resaltó Meza, quien es PhD en economía.
El caos que ocasionó que el 96 por ciento de los venezolanos hoy estén en pobreza inició con las erradas políticas económicas implementadas por el gobierno desde que Hugo Chávez llegó al poder. Las expropiaciones y las confiscaciones de propiedades productivas comenzaron a generar grandes pérdidas en Venezuela y un temor a los inversionistas, debido a que el Estado no garantizaba la propiedad privada.
Según comentó Meza, Venezuela tenía más de 13 mil industrias en 1999, y en revolución unas 9.000 quebraron. «Esas industrias dejaron de tener contrato colectivo, no aportaron más empleo para la economía y dejaron de producir. En consecuencia, disminuyó también la oferta de bienes y servicios en la nación, dejaron de pagar impuestos, por eso perdimos el 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y apenas somos una quinta parte de la economía que éramos en 1998, o incluso de la década del boom petrolero (2002-2012), cuando el país percibió más de 1.000 millones de dólares por concepto de ingresos petroleros debido al aumento de precios del barril del petróleo», apuntó.
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Con información de La Prensa de Lara