Las organizaciones defensoras de derechos humanos Provea y el Foro Penal, presentaron un balance de la represión contra los manifestantes que salieron a las calles en sectores populares entre el 21 y 25 de enero para protestar en contra del gobernante Nicolás Maduro.
En ese lapso, 850 personas fueron detenidas por los cuerpos de seguridad, especialmente por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, así como por policías estadales y municipales.
De ese número de detenidos en 21 estados del país, 703 fueron privados de libertad por tribunales de control y con competencia en adolescentes. Alfredo Romero, director del Foro Penal detalló que entre ese número de los 850 detenidos, hay 77 adolescentes y 100 mujeres.
Solo el miércoles 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó asumió las competencias de la Presidencia de la República, 696 venezolanos fueron arrestados por los cuerpos de seguridad y orden público.
El coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, denunció que existen 8 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Faes en los estados Bolívar, Lara (El Tocuyo) y Caracas, donde después de las protestas los funcionarios de este cuerpo de la PNB han entrado a las casas de los manifestantes.
“La actuación de las Faes demuestra el desprecio que tiene el Gobierno de Nicolás Maduro por los pobres. Usar un órgano policial que tiene armas de guerra demuestra el desprecio a la vida. Le es muy útil a la dictadura para tratar de sembrar terror”, sostuvo Alvarado.
Agregó que todos estos casos servirán para documentar el expediente y el examen preliminar contra el gobernante Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) que investiga presuntos casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes de seguridad de su gestión.
Torturas contra detenidos
Romero denunció que hay evidencia de torturas, tratos crueles e inhumanos contra los manifestantes detenidos.
Entre ellos mencionó no solo heridas por disparos de perdigones de los presentados en tribunales, sino también lesiones grandes en la espalda, casos de personas a quienes después de arrestadas las acostaron en el piso y le comenzaron a saltar y caminar encima.
Dijo que en el caso de Monagas, donde hay 77 privados de libertad, los enviaron a la cárcel de La Pica, donde le raparon el cabello y los obligaron a cantar consignas a favor del chavismo, una vez que los recluyeron en el Centro de Formación para el Hombre Nuevo Nelson Mandela de la ciudad de Maturín.
Para Romero este es un patrón que se repite desde las protestas antigubernamentales de 2017. Al ser aprehendidos los incomunican, no permiten que sus familiares puedan visitarlos e incluso les niegan alimentos.
“En las audiencias de presentación en los tribunales de Caracas, casi que rogamos al juez y los alguaciles al final de presentación para que les permitieran agua y alimentos para los detenidos, pero no lo permitieron. Existe una verdadera intención de agredir, humillar y lesionar”, agregó.
Protesta pacífica
Alvarado sostuvo que pese a la represión, los venezolanos tienen el derecho a manifestar de forma pacífica y expresarse libremente. “Estamos en una coyuntura donde tenemos que ejercer el derecho a la manifestación, por más que nos repriman y coarten la libertad de expresión, estamos en la obligación de ejercer el derecho a la protesta“, subrayó.
Para el representante de Provea los ciudadanos tienen dos opciones:
“O nos dejamos someter por una dictadura por una dictadura que no quiere que ejerzamos nuestros derechos o salimos a la calle a ejercerlos pacíficamente”.
Con información de Efecto Cocuyo