Desde el comienzo de la cuarentena, entre las principales restricciones que tuvieron que enfrentar los periodistas para ejercer su labor, destacan los obstáculos para el libre desplazamiento. De igual forma, en centros de salud y en estaciones de servicio del país, la cobertura de medios de comunicación estuvo prohibida, prácticas ejecutadas por los distintos cuerpos de seguridad en los centros asistenciales.
El 13 de marzo de 2020 el gobierno admitió la existencia de los dos primeros casos de la COVID-19 en Venezuela. Ese día, Nicolás Maduro declaró el estado de alarma. Autorizar la vigencia de un estado de excepción es una facultad del Poder Ejecutivo, sin embargo, exige dos requisitos constitucionales para gozar de legitimidad: ser aprobado en Consejo de Ministros y ser publicado en Gaceta Oficial; aún así, el documento se hizo público cuatro días después, luego de que las medidas fueron implementadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que toda suspensión, restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos para proteger la salud en el marco de la pandemia debe “cumplir con el principio de legalidad, ser necesaria en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcional”, a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información en función de su rol trascendental durante la pandemia.
El 16 de marzo entró en vigencia una medida de cuarentena colectiva en varios estados del país que derivó en la suspensión de actividades laborales y educativas, excepto las de distribución de alimentos, servicios de salud, transporte y seguridad.
La figura del estado de alarma se establece en el primer párrafo del artículo 338 de la Constitución Nacional; podrá decretarse cuando se produzcan catástrofes, calamidades u otros acontecimientos similares que pongan en riesgo la seguridad de la República, tiene un límite constitucional de 30 días, prorrogable hasta por treinta días más. Sin embargo, hasta el 16 de enero de 2021, el decreto se ha prorrogado 10 veces.
Los medios de comunicación no fueron incluidos de forma clara y expresa dentro de los sectores priorizados para mantener funciones y servicios básicos, de acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial. Esto viola tanto la Constitución, como el artículo 7, numeral 14, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, el cual establece que el derecho a la información no es susceptible de suspensión.
La omisión de garantías directas generó obstáculos para el libre ejercicio de la labor periodística, tanto durante el desplazamiento a los lugares de trabajo, como al momento de cubrir situaciones vinculadas a la pandemia del coronavirus en Venezuela.
Tras 10 meses de confinamiento (del 16/03/2020 hasta el 16/01/2021), se contabilizaron al menos 321 casos de violaciones a la libertad de expresión, cuya frecuencia disminuyó con el pasar de los meses. En tal sentido, la mayor cantidad de casos se registró durante los primeros tres meses de cuarentena: marzo (35), abril (42) y mayo (46). El resto de los meses, el número de casos mantuvo un comportamiento regular de 27 casos mensuales, en promedio.
El 37 % de los casos registrados en 2020 atribuibles específicamente al COVID-19, se contabilizaron en al menos 105 casos y 250 violaciones. El 41 % de las violaciones fueron intimidaciones, el 22 % casos de censura, el 12 % amenazas, 11 % hostigamientos judiciales, un 7 % restricciones administrativas, el 4 % hostigamientos verbales y un 3 % agresiones. De un total de 140 víctimas asociadas a la pandemia del COVID-19 y sus implicaciones, los más afectados fueron periodistas y reporteros con un 39 % y particulares con 16 %.
Impedimentos a la labor periodística
La principal restricción establecida desde el comienzo del confinamiento fueron los obstáculos para el libre desplazamiento, situación que impidió en varias ocasiones el pleno ejercicio de la labor periodística. De igual forma, en centros de salud y en estaciones de servicio del país, la cobertura de medios de comunicación estuvo prohibida, prácticas ejecutadas por los distintos cuerpos de seguridad en los centros asistenciales.
El 16 de marzo, en el primer día de cuarentena colectiva, a la periodista Mariana de Barros le fue impedido el paso a la ciudad de Caracas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes le indicaron que por ser periodista no estaba exceptuada de la medida; hecho recurrente en varios sectores de la ciudad de Caracas, así como en otras zonas del país. Tal fue el caso de la corresponsal de Crónica Uno en el estado Sucre, Mónica Salazar, a quien funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Sucre (IAPES) impidieron ingresar al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, en Cumaná, donde la periodista daría cobertura a una rueda de prensa el 23 de marzo.
Las restricciones para surtir gasolina, que recrudecieron debido a la escasez del combustible, derivaron en una serie de limitaciones para la cobertura en las adyacencias de las estaciones de servicio.
El 2 de junio, en una estación de Barquisimeto, en el estado Lara, funcionarios de la GNB obligaron al ciudadano José Urdaneta a borrar el material que había grabado minutos antes, mientras esperaba información sobre el suministro de gasolina. El 5 de junio, el equipo periodístico de Venezolanos por la Información (VPITV), fue detenido por funcionarios de la GNB, mientras realizaban entrevistas a usuarios de una estación de servicio, en Caracas. Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Oscar Avilez fueron abordados por los funcionarios, quienes los retuvieron durante varios minutos.
Criminalización de la denuncia
La centralización de la información asociada al virus, por parte de las autoridades y entes gubernamentales, generó al menos 90 detenciones arbitrarias gran parte de ellas vinculadas a la difusión de denuncias sobre el sistema de salud o críticas acerca del manejo de la pandemia por parte del gobierno.
En 10 meses de cuarentena, fueron detenidos por ese motivo al menos 28 periodistas; 27 particulares, nueve trabajadores públicos; nueve reporteros gráficos; seis trabajadores de la salud; seis conductores; tres camarógrafos, y dos miembros de ONG e Iglesia.
El periodista Darvinson Rojas fue detenido el 21 de marzo por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, tras una publicación que realizó en su cuenta de Twitter, donde cuestionaba información sobre el coronavirus difundida por voceros del gobierno. Igualmente, el 26 de abril, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al profesor Fernando Antonio Marcano Ferrer, luego de que éste publicara mensajes en sus redes sociales en los cuales expresaba su descontento con el gobierno por su gestión de la pandemia de la COVID-19.
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Con información de Crónica Uno