Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) cumplen dos años desde aquel 13 de agosto de 2018 cuando comenzaron a actuar en las calles del estado Lara. Hasta la fecha, 348 personas han muerto en manos de los uniformados tras presuntos enfrentamientos. La llegada del grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ha estado envuelta de críticas y denuncias.
Según los registros que a diario lleva LA PRENSA DE LARA, de las 348 personas muertas en presuntos enfrentamientos, 92 ocurrieron entre agosto y diciembre de 2018, mientras que en 2019 murieron 171 personas, entre esas una mujer y hasta el 13 de agosto de este año han matado a 85 hombres, la mayoría presentaron registros policiales.
La mayoría de las personas que murieron en presuntos tiroteos recibieron impactos de balas en el pecho, mientras que otros presentaron heridas en el costado, espalda, piernas, brazos y cabeza, esto según fuentes del Cicpc y personal de la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda.
Para algunos larenses las FAES han logrado disminuir las incidencias delictivas en el estado y hasta los crímenes por parte del hampa, pero hay otro grupo de habitantes que asegura que estos funcionarios en vez de generar seguridad en las comunidades han logrado que les tengan miedo por su accionar sangriento.
Control criminal
Para Carlos Meléndez, sociólogo y coordinador del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) de Lara, desde la llegada de las FAES, los uniformados pretenden atacar la inseguridad «matando a presuntos malandros».
«No solo representa el control criminal porque genera más miedo y temor en las comunidades más vulnerables, sino que también en disolución política, tenemos el caso de las muertes de los cinco jóvenes que murieron en enero de 2019 en El Tocuyo y Carora», soltó Meléndez.
El sociólogo explicó que las FAES son la «generación del miedo», pues resaltó que han estado incursos en otros delitos como la extorsión.
En julio de 2019, en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se recomienda al Ejecutivo nacional que «disuelva las FAES», pero pocos días después de la publicación el presidente Nicolás Maduro elogió al cuerpo policial: «Todo el apoyo para las FAES en su labor diaria para darle seguridad al pueblo de Venezuela, ¡que vivan las FAES!», recalcó.
Sin embargo, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), han registrado una a una las muertes ocurridas en manos de los funcionarios y en algunos casos han denunciado presuntas ejecuciones extrajudiciales. Desde comienzo de 2019 las denuncias de los familiares de los abatidos comenzaron a denunciar ante los medios de comunicación las presuntas violentas acciones de este cuerpo policial.
Una investigación de la organización no gubernamental Proiuris identificó 16 patrones en las ejecuciones realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado. En ellas destacan la irrupción violenta en residencias y domicilios, la concentración de la actuación policial en barrios pobres, en la lista las personas que mueren en su mayoría son hombres jóvenes, en presuntos enfrentamientos calificados jurídicamente como resistencia a la autoridad.
Según el reporte de Proiuris las presuntas «ejecuciones extrajudiciales» no son debidamente investigadas por el Ministerio Público y explicaron que en los pocos casos atendidos por la Fiscalía «pueden operar vicios del sistema de administración de justicia que impiden el enjuiciamiento y aplicación de sanciones conforme a Derecho».
Bajan los índices delictivos
Para algunos funcionarios de seguridad consultados por LA PRENSA DE LARA, la crisis migratoria y la llegada de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) al estado Lara han hecho que los índices delictivos en la región bajaran, aunque para ONG y sociólogos esto ocurre por el miedo que ha generado el grupo élite de la PNB.
«Pocos son los homicidios que se registran en Lara, la parroquia Juan de Villegas (ahora Ana Soto) era una de las zonas donde más crímenes ocurrían. Los grupos delictivos operaban en lo largo y ancho del estado, pero tras la presencia policial estos números fueron bajando», comentó un funcionario.
Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia informó que a inicios del año 2020, que durante el año 2019 la incidencia delictiva disminuyó en un 36.2%.
«El año pasado tuvimos una reducción del 36.2% en todos los indicadores de criminalidad y violencia que se estudian en el país, de acuerdo a los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas», comentó el ministro.
Rompen el silencio
Dejan el miedo atrás y denuncian. Desde inicios del año 2019, los familiares de los muertos por las FAES han denunciado que en algunos casos, supuestamente, se han cometido abusos policiales y ejecuciones.
El 13 de agosto, día en que se cumplen dos años de las FAES en Lara, se registró un presunto enfrentamiento en El Tocuyo, municipio Morán, pero sus familiares refutaron esta versión y aseguraron que no se trató de un enfrentamiento, pues el joven no tenía armas.
«Llegaron tumbando la puerta, apuntaron a una dama, vistieron a Carlos Suárez (36) y lo sacaron vivo de su casa en La Coqueta y lo mataron en Pueblo Nuevo», soltó un familiar, quien no quiso identificarse por temor a represalias.
Pero no es la única denuncia que LA PRENSA DE LARA ha recibido sino que cada vez el relato es parecido y en su mayoría los familiares defienden a sus parientes y desmienten las versiones policiales.
En septiembre del año pasado, los familiares de José Luis Lucena Castillo (36), conocido como «Kichu» denunciaron que él no era un delincuente y que no se enfrentó a comisiones de las FAES.
El día del funeral, la esposa e hijas de 16 y 10 años, de José Luis rodearon el féretro, que estaba ubicado en medio de la sala de la humilde vivienda. Encima habían dos coronas de flores, un globo con forma de balón de fútbol y un cartel en papel bond que decía: «FAES se equivocaron».
A pesar del dolor que sentían, los familiares de «Kichu» contaron ese día a LA PRENSA DE LARA que lo que ellos dicen es «la versión real» de lo sucedido. Explicaron que él estaba durmiendo en su casa, ubicada en el sector Antonio Ricaurte, cuando los funcionarios policiales irrumpieron en su casa.
«Llegaron en una machito blanca sin placas y dos camionetas negras. Más de seis policías se bajaron y entraron a la casa a la fuerza. Le exigieron a la esposa e hijas de «Kichu» que salieran de la casa porque ellos debían hablar con él. Una hora después, los funcionarios fueron al lugar en que estaban ellas y les dijeron que fueran hasta el Hospital Central porque supuestamente se había enfrentado a ellos con un revólver»; es parte de lo que reveló una prima de Lucena, el día del funeral.
Con información de La Prensa de Lara