Desde pinturas en las paredes hasta la construcción de baños. Desde la eliminación de las celdas usadas —presuntamente— para la tortura hasta instalación de televisores en los cuartos de los presos. Así supuestamente han modificado los sótanos de la Dirección Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta.

Fuentes extraoficiales indicaron que estos cambios se han realizado hace aproximadamente dos semanas, ante las reiteradas peticiones de los familiares de los presos políticos a la comisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que se encuentra en Caracas, para que visite la prisión.

Extraoficialmente, se conoció que entre las modificaciones a la sede de Boleíta también se encuentra la iluminación de los espacios. “Derrumbaron paredes y quieren hacer ver que las celdas de tortura nunca existieron”, contó un pariente, quien pidió no identificarlo, por miedo a venganzas.

La muerte del capitán Acosta Arévalo y la insistencia de los familiares, y políticos, para que la comisión constante cómo se vive dentro, al parecer puso sobre aviso a los oficiales de la Dgcim, aunque todavía no les han autorizado el ingreso a los funcionarios defensores de Derechos Humanos.

En el informe del Acnudh, presentado el 4 de julio de 2019, admitieron que en la Dgcim y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se cometen torturas y malos tratos a los detenidos dentro de las celdas.

Castigos y amenazas a detenidos por exigir respeto

Desde el 3 de julio los militares presos políticos lideraron una protesta para exigir que cesen las torturas y se respeten sus derechos humanos. También para solicitar que les permitan las visitas a todos, incluyendo al teniente coronel Igbert Martín Chaparro, quien no las recibe desde hace más de dos meses. Otras de las peticiones son que los saquen al aire libre para recibir luz solar y se libere a los presos con boleta de excarcelación.

Fuentes contaron  que tras esta rebelión trataron de llegar a acuerdos que en la Dgcim no se cumplieron. Posteriormente, funcionarios encapuchados y con armas largas sacaron a los militares de sus celdas y requisaron sus pertenencias. “Les robaron las medicinas y hasta las almohadas. Los amenazaron (a los militares presos) diciéndoles que tenían cómo entrar y responder”.

Por estas exigencias castigaron a los oficiales Martín Chaparro, Humberto de la Sotta, Ruperto Molina y al civil Carlos Marrón. Sus parientes no han obtenido noticias de ellos en más de una semana y tampoco les permiten que les pasen comida diariamente.

El Foro Penal Venezolano registra 590 presos políticos en el país, cifra actualizada hasta el 15 de julio; 107 son militares.

Con información de Crónica Uno

Ir a la barra de herramientas