La escasez y el desabastecimiento de alimentos, artículos de higiene personal y aseo no se solucionará obligando a empresarios y productores a entregar 50% de su producción a los CLAP. “La implementación de más regulaciones es seguir en la dirección incorrecta y la consecuencia es que los anaqueles estarán más vacíos. Los venezolanos recibirán menos comida, más aún cuando se trata de un sistema tan ineficaz como los CLAP”, afirmó Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras.
Aquiles Hopkins, vicepresidente de Fedeagro, coincidió: “La medida va contra las libertades de la gente. Es el camino equivocado porque por medidas así es que cada día producimos menos alimentos. La disposición profundiza el error, ya que administra la distribución cuando la solución es generar políticas que mejoren la producción”.
En la Gaceta Oficial 41005 se establece que los empresarios que se nieguen a entregar 50% de su producción a los CLAP serán penados por medio de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentario. Según el artículo 116 del estatuto, quienes incumplan el orden priorizado de colocación de alimentos serán sancionados con el decomiso del producto y una multa desde 10 hasta 100 unidades tributarias; mientras que el artículo 117 dicta que el incumplimiento del orden priorizado de colocación de servicios e insumos será penalizado con una multa de 100 a 1.000 unidades tributarias.
Martínez agregó que el empresariado no cuenta con la capacidad de afrontar penalizaciones. “Ninguna compañía se encuentra en condiciones de entregar 50% de su producción a un solo cliente, menos con sanciones que podrían tener consecuencias negativas para su operatividad”.
Reuniones infértiles. De las conversaciones que el gobierno ha mantenido con empresarios y productores agrícolas no han salido soluciones, aseguran. Martínez y Hopkins afirmaron que esto ocurre porque el Ejecutivo ignora las propuestas presentadas por ambos gremios. “Lo triste y lamentable es que desde 1998 los productores hemos acudido a todas las instancias a las que se nos ha convocado. Al final, lo que se discute es una cosa y lo que hace el Estado es otra. Son reuniones estériles que no producen soluciones y en las que lo que planteamos no se escucha”, dijo Hopkins.
Martínez aseguró que los empresarios están siempre dispuestos a asistir a reuniones con el gobierno. “A lo que no estamos dispuestos es a que nos sigan haciendo perder tanto tiempo para que el Ejecutivo no nos escuche y siga haciendo lo que quiera”, añadió.
FUENTE: EL NACIONAL
15 DE OCTUBRE DE 2016