Según varias fuentes, esta escasez de combustibles no es para nada puntual sino estructural. El problema no es mayor porque la economía ya está paralizada por una brutal depresión económica que en cinco años ha pulverizado la mitad de la riqueza en forma total de bienes y servicios medidos en el Producto Interno Bruto (PIB).

El mercado interno era de unos 600.000 barriles por día, ahora está en torno a unos 200.000 bpd, de los cuales entre 20% a 25% se va vía contrabando, destacó un reconocido economista que prefirió el anonimato.

Por su parte, cálculos manejados por el diputado de la Asamblea Nacional Luis Stefanelli, de la comisión de Energía y Petróleo, indican que hoy se están consumiendo entre 70.000 y 100.000 bpd  de gasolina y entre 50.000 y 70.000 bpd de diesel.

Históricamente esta economía empleaba entre 280.000 y 300.00 bpd de gasolina y 190.000 de diesel.

Hoy se estima que solo está operando en Caracas 30% del parque automotor registrado, lo que ha permitido atenuar la crisis de combustibles.

Paralelamente se mantiene en boga una industria del contrabando tan fuerte que presiona con sus intereses para que la gasolina siga siendo más que gratis.

“Por concepto de contrabando hacia Colombia o vendido en alta mar, las estimaciones conservadoras de Pdvsa refieren unos 100 mil barriles de petróleo por día, unos 45 mil barriles de combustible/día”, decía hace casi un año en un acucioso estudio el chavista Haiman El Troudi, ex ministro de Transporte  y Obras Públicas.

Esa cantidad que se va de contrabando ahora hace mucha falta y se nota más, mientras ciudades enteras como Maracaibo, San Cristóbal y Maturín están prácticamente paralizadas con colas de vehículos durante de varios días para repostar combustibles.

Hace casi un año, en agosto de 2018, Nicolás Maduro amenazó con llevar los precios del combustibles a niveles internacionales. Nunca se atrevió a hacerlo, según algunos analistas, porque eso implicaría desafiar el poder de mafias militares que controlan de este lado el contrabando de extracción.

Ahora que el país esté en bancarrota, con una deuda externa de $152.000 millones, la mayor parte en default (impagos), sin fuentes externas de financiamiento y con presiones sociales crecientes por la escasez de alimentos y medicinas, el régimen deberá ponderar mejor sus decisiones.

Por ejemplo, ya no puede comprar esa gasolina con créditos de más de 30 días.

Es obvio que a quienes ejercen el poder armado no les conviene un aumento de los combustibles, aunque esa medida significaría conseguir dinero por ejemplo para atender los quebrados hospitales públicos, donde son frecuentes las muertes de pacientes no tanto por las enfermedades sino por falta de tratamientos.

Con información de El Estímulo

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