El 13 de febrero pasado tres compañeras de Michelle Longa, estudiante de cuarto año de bachillerato en el Liceo Caricuao, la golpearon hasta causarle la muerte –después de una semana hospitalizada– porque presuntamente la joven no las incluyó en una asignación escolar en grupo. La víctima tenía 18 años de edad y además estaba embarazada.
Ese asesinato, por motivos académicos, ha sido identificado como un caso inédito en el histórico de violencia en Venezuela, de acuerdo con el criminalista Fermín Mármol García.
Thaís Contreras, coordinadora del Observatorio Social de la Juventud Venezolana que desarrolla el Equipo de Formación, Información y Publicaciones, advierte que el suceso debe alertar a las instituciones educativas, a la sociedad civil y al Estado.
La trabajadora social hace referencia a que, en la adolescencia, los jóvenes necesitan identificar a un adulto como referente y que en la escuela es natural que esa figura sea el docente.
Sin embargo, el déficit de profesores afecta la capacidad de atención a la población estudiantil, incluido el hecho de que no haya profesor guía u orientador, que es el que usualmente canaliza los conflictos en las aulas de clase o individualmente en los alumnos.
Opina además que en la actualidad la escuela no cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar programas preventivos contra la violencia en ese ámbito, entre otras razones porque están ocupados en lidiar con la crisis del sistema. También lamenta que la profesión docente sea descalificada.
Un acto natural. Contreras señala que la violencia se ha naturalizado y que parece ser la primera opción para la resolución de los problemas, incluso en los jóvenes. Considera necesario que el gobierno ejecute políticas y brinde instrumentos a los planteles para educar a los jóvenes, generar perspectivas más allá de las realidades que viven en sus comunidades y los malos ejemplos a los que pueden estar expuestos a diario.
“Es necesario que se fortalezca la formación alternativa para que los jóvenes desarrollen proyectos de vida. “Una persona que mata a otra no piensa en el futuro y hay que enseñarlos a pensar en el futuro”, dice.
Recordó que entre los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas se incluye garantizar una educación de calidad, especialmente en el caso de las niñas y jóvenes porque se identifican como un grupo vulnerable.
Mirla Pérez, docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela e investigadora especialista en las mujeres y su participación en hechos delictivos, añade que una de las principales causas de la escalada de violencia es el modelo manifestado en los actores políticos. “Aquí se puede cometer un delito y no pasa nada. Se borraron los límites morales y reina la impunidad, eso tiene mucho peso”, dijo.
Señala que la reacción de esas jóvenes a lo que ellas consideraron una “agresión” (no incluirlas en el trabajo grupal) fue un impulso desmedido y que no se concibe que la opción sea “eliminar a el otro”.
Pérez coincide con que cada día las escuelas cuentan con menos recursos para atacar el problema de los conflictos entre alumnos y que es necesario que el gobierno restablezca el Estado de Derecho para reconstruir la sociedad.
Fuente: El Nacional
Fecha: 02 de marzo de 2017