Una visita del equipo de El Estímulo en octubre comprobó que la única novedad en el sitio, con respecto al panorama a mediados de año, es una malla de color oscuro que rodea el lugar. Intenta evitar miradas incómodas de transeúntes, vecinos y medios.
Lo cierto es que, desde el compromiso más pequeño hasta el más grande, las metas establecidas por el Consorcio Tiburones de la Guaira para la construcción del estadio de beisbol Carlos “Café” Martínez no han sido cumplidas.
El evidente retraso en la obra, la apatía de los entes encargados de supervisar la evolución de la edificación y el difícil acceso a vocería oficial dejan más preguntas que respuestas sobre la verdadera situación del un proyecto pensado para que los fanáticos litoralenes vieran jugar a su equipo frente al mar.
Atropellado inicio
La primera piedra funcional del estadio Carlos “Café” Martínez fue puesta el 10 de diciembre de 2012. En un acto presidido por Carneiro se afirmó que en un año el conjunto salado contaría con un complejo propio, en la localidad de Macuto. “Este estadio llevará el nombre de uno de los jugadores de béisbol que en su juventud llevó el nombre de Venezuela y el de los Tiburones de La Guaira a las Grandes Ligas. En 12 meses la fanaticada de la novena guairista tendrá su propio estadio”, señaló el gobernador.
Las obras iniciaron en febrero de 2013. Inmediatamente, surgieron múltiples problemas, ocasionados por una cuestionable planificación.
“Cuando comenzamos la construcción del estadio, el plan establecía que los pilotes se instalarían a 50 metros de profundidad. Sin embargo, al empezar a escavar no encontramos sedimentos que impedían el proceso. Esto nos retrasó y obligó a modificar la fecha de entrega”, asegura una fuente que estuvo ligada al proyecto durante más de tres años, y que pidió, por seguridad, no revelar su nombre.
La dificultad fue solucionada. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, más inconvenientes se sumaban. “Comenzó a complicarse la adquisición de materiales; luego, no había suficiente flujo de caja por parte de la gobernación. El trabajo de los obreros era deficiente, porque se les debía dinero, entonces paralizaban la obra como medida de presión”.
Los diferentes planes de la Gobernación del estado Vargas, a través de su Instituto de Infraestructura (Infravargas), se convirtieron también en una piedra de tranca para la empresa transnacional que ejecutaba el proyecto: Fondo Global de Construcción.
“Un día, el gobernador pidió una ampliación, un edificio con oficinas. Se reestructuró el proyecto; pero cuando supo el nuevo costo, desistió”.
Así, cada nueva situación sumergía la fecha de entrega del recinto en un mar de incertidumbre, que se incrementó con la repentina vinculación de la compañía en un escándalo de lavado de dólares, en su sucursal en Ecuador, y con el incumplimiento de contratos asumidos con Pdvsa, para la construcción de urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Los misterios de Fondo Global
El anuncio de la construcción del estadio Carlos “Café” Martínez contó desde el inicio con la figura de Fondo Global, como empresa contratista encargada de su desarrollo.
La obra forma parte del “Proyecto Integral de Construcción y Transferencia Tecnológica”, que estableció la compañía en el país con el programa social Gran Misión Vivienda Venezuela, auspiciado por el Estado.
El contrato establece la importación de mallas electrosoldadas con poliestireno expandido, información que puede ser verificada en la inscripción de la compañía en el Registro Nacional de Contratistas.
Sin embargo, y pese a las claras pruebas de su vinculación con la obra –que incluye el testimonio de obreros que afirman venir de la sede colombiana de la transnacional- el gobernador García Carneiro ha desmentido la presencia de la empresa en el desarrollo de la edificación. ¿La razón? La relación de Fondo Global con una investigación por lavado de dólares en Ecuador, que corresponde, además, a los compromisos adquiridos con Venezuela.
El portal Cuentas Claras Digital difundió el 3 de julio de 2015 una nota que dilucida la situación:
“Con la presencia del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, se inició la instrucción fiscal (preparatoria del juicio) en el caso de la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (Foglocons S. A.), por un posible lavado de activos (…) tomando como referencia el Informe remitido por la Unidad de Análisis Financiero en junio del 2013, en la cual reportó 67´415.400 dólares de ingresos para ese año. Sin embargo, en proveedores registró un promedio de 200.000 dólares, lo que significó una diferencia elevada entre el monto de pago a proveedores y la cantidad por las exportaciones.
Para ello se estableció que el delito lo conozca la Fiscalía General del Estado, mediante reportes de operaciones inusuales e injustificadas de diversos sujetos obligados a informar, en el cual se establece que algunas empresas reciben altos montos de dinero mediante transferencias provenientes desde Venezuela, por concepto de exportaciones que se han acogido al sistema de pagos SUCRE.
Este informe incluye a cinco empresas que presentan un comportamiento similar respecto a la forma de operar, es decir son empresas exportadoras que han recibido transferencias de fondos desde Venezuela, como son Foglocons S. A., Bio Fresh S.A., Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cia. Ltda., Global Merchandising S. A. y Pifogardens S.A.
Los productos exportados a Venezuela por las empresas en mención, consisten en construcciones prefabricadas”.
La investigación revela también que el Banco Central del Ecuador reportó exportaciones de este producto a la empresa venezolana Elm Import S.A. por 159.895.499,67 dólares, en el período de diciembre de 2012 a marzo de 2013, fecha que coincide, además, con el inicio de la construcción del recinto deportivo.
No obstante, Elm Import, según el Registro Nacional de Contratistas, se dedicaba al suministro de equipos de comunicaciones.
Las irregularidades no terminan
En el registro de Fondo Global como contratista se designa a Miguel Ángel Acosta Medina como Director Ejecutivo de la compañía y, entre sus directores suplentes, aparece el nombre de Andreína Fuentes Mazzei.
La vinculación entre el empresario y la abogada no es nueva. En 2005, Mazzei lo representó judicialmente, tras un proceso de demanda por cobro de bolívares por intimación, que debió asumir Acosta, por parte de Julio Arnaldes Zava y Alejandrina Sicilia Hernández, hacia la empresa que presidía: Sofian C.A.
En esta oportunidad, el recurso se declaró sin lugar. Sin embargo, no fue la única vez que el actual director de la transnacional en Venezuela debió asistir al juzgado.
En 2003, el Banco Provincial S.A. Banco Universal inició un procedimiento contra Acosta Medina, como representante de Sofian C.A., por el mismo motivo (cobro de bolívares). Esta vez, sin un apoderado judicial constituido, y tras un proceso de casi 10 años, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró, el 10 de diciembre de 2012, la perención de la instancia, es decir “la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el cual no se realizan actos de impulso procesal y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente”, según reza la sentencia.
El mismo proceso, con la misma decisión, fue iniciado por Olga de Jesús Alcalá, hacia el mismo empresario, en 2005.
En los tres casos, Acosta salió librado de posibles embargos a su compañía.
Con Fondo Global, las irregularidades parecen perseguirlo. Además del escándalo de lavado de dólares en Ecuador que involucra a la compañía, fuentes cercanas a la sucursal venezolana aseguran que el empresario es quien dirige, indirectamente, el Consorcio Tiburones de la Guaira, creado para la construcción del estadio Café Martínez.
“El consorcio fue creado por dos inversionistas, Fondo Global y Sarcar. Sarcar es dirigida, a su vez, por César Medina, hermano de Miguel. Ellos crean la empresa para desvincular a Fondo Global. Entonces, todos los recursos se inyectan en (Consorcio) Tiburones; pero son ellos mismos”, cuenta la fuente a El Estímulo.
Sin embargo, Consorcio Tiburones de la Guaira no figura en el Registro Nacional de Contratistas, requisito indispensable para contratar con el Estado.
El informante asegura, además, que se han invertido casi 700 millones de bolívares en la construcción, y que el 95% proviene de estas dos empresas.
FUENTE: EL ESTÍMULO
18-11-2016
