Melissa Echandi, de 30 años de edad y residente de Palo Negro en el estado Aragua, denunció que el miércoles pasado acudió al ambulatorio de ese sector en búsqueda de un antibiótico (azitromicina) para su hija Ivana, de 5 años de edad, a quien su pediatra le diagnosticó otitis. Previamente la madre había recorrido distintas farmacias, pero no consiguió el medicamento para comprarlo y algunos conocidos le recomendaron que acudiera a la red pública.
Al llegar al centro de salud, Echandi comenzó a hacer una fila en la que escuchó que una empleada del lugar solicitaba a quienes estaban allí el carnet de la patria, documento creado este año por Nicolás Maduro para contribuir a la protección social de los ciudadanos. Cuando llegó su turno, la mujer le pidió la tarjeta para hacerle entrega del fármaco de manera gratuita.
“Le respondí que el único documento que me identificaba como venezolana era mi cédula. Lo repetí muchas veces. Finalmente le pregunté si me iba a hacer entrega o no del tratamiento para mi hija y le expliqué que no lo había conseguido en ningún lado. Me lo dio, creo que porque se trataba de una niña pequeña, pero me aseguró que la próxima vez tenía que traer el carnet. Salí con dolor de cabeza y llorando de la rabia”, relató.
Organizaciones no gubernamentales y activistas por el derecho a la salud han rechazado la posibilidad de que se utilice este mecanismo y los CLAP como requisito y vía de distribución de medicamentos esenciales, asegurando que se trataría de una medida discriminatoria que no cumple con los estándares internacionales.
Con información de: El Nacional
Fecha: 29 de julio de 2017