La organización no gubernamental Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV) y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida) llaman a permitir el traslado de las personas con insuficiencia renal y personas trasplantadas, mientras continúen en vigencia las medidas para contener la propagación del COVID-19 en el país.
En un comunicado compartido en sus redes sociales, Codevida y ATV advierten que cerca de 10 mil personas con insuficiencia renal están en emergencia nacional. Destacan que las medidas de cuarentena, la restricción del suministro de combustible, con pocas excepciones y los controles de tránsito, han derivado en que muchos pacientes no puedan cumplir su diálisis, procedimiento al que deben someterse tres veces a la semana.
“Dichas medidas han ocasionado que las personas que requieren tratamiento sustitutivo renal no puedan asistir a sus respectivas unidades de diálisis por no encontrar la forma de trasladarse sea en transporte público, privado o particular al no contar con el suministro de combustible, así como la restricción del tránsito entre entidades e incluso municipios”, resalta el documento.
Daños irreparables
Afirman que el incumplimiento de la diálisis puede ocasionar “daños irreparables” a la salud e incluso la muerte de las personas con insuficiencia renal. Exhortan a que se permita el suministro de combustible al personal de salud y a encargados de trasladar a quienes requieren dializarse.
Igualmente, piden que se garantice el servicio de agua en los centros de diálisis. Que se active un plan con transportes de gobernaciones, alcaldías o entes públicos para que resguardar la salud de las personas con enfermedades crónicas “mientras culminan las medidas tomadas para enfrentar al COVID-19”.
ATV y Codevida además destacan que cerca de 2.600 personas trasplantadas están en riesgo. Han encontrado limitaciones para acudir a las farmacias de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) para adquirir los inmunosupresores. Son los medicamentos que deben buscar cada mes para impedir que sus cuerpos rechacen los órganos que recibieron.
Las organizaciones piden que se permita el desplazamiento entre municipios y estados a personas que presenten informes o récipes válidos para retirar sus inmunosupresores en las farmacias de Alto Costo.
Antes de la llegada del nuevo coronavirus, las personas con insuficiencia renal enfrentaban fallas en las regiones. Sus tratamientos se habían visto reducidos por falta de máquinas o agua. Desde que entró en vigencia la cuarentena para frenar la propagación de COVID-19, el pasado 17 de marzo, pacientes de Lara, Yaracuy y Carabobo han encontrado obstáculos para llegar a sus unidades de diálisis.
Con información de Efecto Cocuyo