Fueron 30 los presos fallecidos en una masacre en los calabozos del Centro de Coordinación N° 2 General José Antonio Páez en el sector Campo Lindo en Acarigua, estado Portuguesa, uno de los presos fue asesinado el jueves 23 de mayo y de allí se desato el conflicto que culminó el viernes 24 de mayo con 29 presos muertos, convirtiéndose en una nueva masacre.
Los cadáveres de los 30 reclusos fueron trasladados hasta el Hospital Dr. Jesús Casal Ramos de Acarigua, allí comenzaron a llegar sus familiares quienes fueron pasando para identificarlos. Una vez que tenían conocimiento que su ser querido estaba muerto comenzaba la faena con los papeles para retirar el cuerpo y según pudo conocer el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) muchos de ellos no tenían recursos para darle cristiana sepultura a sus seres queridos.
“El Gobierno fue quien los mató ellos deberían darnos para enterrarlos”, expresó una de las tías de los fallecidos a un medio de comunicación local y es que un servicio funerario lo mínimo que cobraba era un millón 300 mil bolívares, muchos resolvieron pidiendo prestado a amigos, familiares, otros con donaciones de vecinos, algunos los ayudaron familiares de afuera, otros simplemente vendieron lo que tenían, pero casi todos son familias de escasos recursos y solo les alcanzó para adquirir los féretros más baratos.
Además del sufrimiento de haber perdido a sus familiares cada uno debió esperar para la entrega de los cuerpos porque en un principio en el Hospital no había suministro para hacer las autopsias, hasta este domingo en horas de la mañana eran 26 de los 30 cadáveres que habían sido entregados a sus familiares.
Humberto Prado, coordinador general de OVP pide a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de estos hechos pues familiares aseguraron que algunos de los cadáveres presentaban orificios de bala en la cabeza y estas heridas fueron omitidas en los informes forenses, los documentos expresaban que la causa de muerte era por la explosión de un artefacto explosivo. OVP exige que no exista la impunidad en estos nuevos hechos violentos, que se ubique, enjuicie y condene a los responsables de estás masacre, así como el Estado debe reparar los daños causados a cada una de las víctimas y sus familiares.
Prado solicita una intervención de está policía en la que a través de videos se evidenció como los presos estaban armados y en una supuesta requisa realizada después de la masacre en donde además se observaron a los presos totalmente desnudos, violando totalmente su integridad, fueron presuntamente sacadas 17 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólver y escopetas, tres artefactos explosivos tipo granadas, así como múltiples armas blancas.
¿Quién arma a los presos? Se pregunta el coordinador general de OVP. “El preso ya está preso y bajo custodia de ellos, un familiar no puede introducir en sus partes íntimas una escopeta, una pistola o una granada, además ellos son sometidos a una rigurosa revisión que le violan hasta el alma, expresa Humberto Prado.
OVP pudo conocer que de los 540 presos que estaban en la comandancia de la Policía de Acarigua, 30 fueron asesinados, quedando un total de 510 que fueron sacados requisa y que aún permanecen en dichas instalaciones, donde continúa existiendo una sobrepoblación pues la capacidad es para 300 personas, con un hacinamiento crítico del 216 %.
Dentro de la intervención este recinto debería adecuarse a los estándares internacionales, así mismo realizarse los traslados a los penales y una vez más que los responsables sean ubicados y enjuiciados, que no exista impunidad alguna y lo más importante garantizar que no se repetirá este tipo de hechos.
Recordó que en tres años se han registrados tres masacres en calabozos policiales en las que no se ha tenido respuesta alguna y donde el Estado es el responsable. En el 2017 la masacre de Amazonas con 39 presos fallecidos, en el 2018 en el calabozo policial de Carabobo donde fueron asesinados 67 presos y dos visitantes para un total de 69 personas y en este 2019 la masacre de la Policía de Acarigua donde murieron 30 presos.
Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones