Opacidad en el manejo de los recursos del Estado, que los ciudadanos se vean obligados a pagar más impuestos y mayor impresión de dinero inorgánico serán algunas de las consecuencias que acarreará la ejecución del presupuesto 2017, aprobado la semana pasada por el gobierno, sin la autorización de la Asamblea Nacional, según especialistas.
Los economistas Anabella Abadi, consultora de la firma ODH, y Víctor Álvarez, ex ministro de Industrias Básicas de la gestión del presidente Hugo Chávez; así como Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, coinciden en que el presupuesto se diluirá con la inflación y será insuficiente para pagar la deuda con la educación, salud y seguridad que tiene el gobierno.
Advirtieron que el hecho de que el gobierno fijará la Ley de Presupuesto 2017 en 8,5 billones de bolívares es un aviso de que se imprimirá dinero para financiarlo, porque no cuenta con esos recursos y, además, recurrirá a créditos adicionales.
Abadi indicó que en septiembre había 6,7 billones de bolívares en circulación, lo que indica que habría que utilizar todo el dinero disponible y más. “Se oficializó la impresión de dinero para aumentar la liquidez monetaria y financiar el presupuesto”.
De Freitas reiteró que los 8,5 billones de bolívares no se ajustan a la realidad, se diluirán con la inflación y no cubrirán la deuda del gobierno con la educación, la salud, la seguridad ciudadana, los adultos mayores y las cárceles.
Debido a la caída de los precios del petróleo, el Ejecutivo calcula que 83% de los ingresos previstos en el presupuesto provendrán de impuestos que pagarán los venezolanos. Sary Levy, coordinadora del Observatorio de Gasto Público, ratificó que ante la negativa del gobierno de recalcular la unidad tributaria a partir de la inflación efectiva, los ciudadanos tendrán que cancelar más impuesto sobre la renta.
Precisó que más de 7 millones de bolívares recaudará el Fisco entre renta aduanera, impuesto al valor agregado, ajustes por inflación e impuesto sobre la renta, monto que será insuficiente. Además, destacó que el aporte de un billón de bolívares, como proyección de los ingresos de empresas del Estado, resulta cuesta arriba porque la mayoría no generan los rendimientos ni la producción deseada.
Opacidad. Víctor Álvarez y Abadi concordaron en que “el presupuesto de la nación dejó de ser un instrumento de planificación financiera y quedó como un procedimiento administrativo”.
Álvarez recordó que no presentó macroindicadores y no describe la ruta que va a seguir el gobierno, porque se desconocen las metas claves, los objetivos económicos y las prioridades. Añadió que la práctica de utilizar un presupuesto paralelo distinto al que aprueba la Asamblea Nacional se había implementado ya con la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional, Fonden, en 2005.
Este año no fue diferente, entre enero y septiembre, a través del decreto de emergencia económica, se asignaron recursos adicionales superiores al 108% de lo aprobado en el presupuesto 2016, aseguró Abadi.
De Freitas dijo que el presupuesto fue aprobado sin discusión ni consulta a los sectores. “Imperó la opacidad de la información y la discrecionalidad”.
Levy alertó que sin información se impide la obligada transparencia en el manejo de los fondos públicos y se coarta el derecho ciudadano a una contraloría social.
FUENTE: EL NACIONAL
FECHA: 18 DE OCTUBRE, 2016