Tras cuatro meses de funciones, la Asamblea Nacional volvió a ser bloqueada. Esta vez por el Poder Ejecutivo, luego de que el presidente Nicolás Maduro publicara en Gaceta Oficial el Decreto 2.309, en el que “restringe y difiere” la moción de censura que dio el Parlamento al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres.
Bajo la razón del Decreto de Estado de Emergencia Económica, la facultad de la AN para remover ministros queda suspendida en tanto se extienda la situación. Sin embargo, para los expertos consultados por Efecto Cocuyo, la maniobra es inconstitucional.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Pedro Alonso Del Pino, el Gobierno se está escudando en el Estado de excepción para ejercer la medida. No obstante, señaló que “la idea de esta medida de excepción es reforzar la Carta Magna, no violarla”. Adicionalmente, recordó que el Decreto de Estado de Emergencia que excusa la restricción del veto a los ministros fue rechazada en un principio por el mismo Parlamento y, posteriormente, aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia.
Para el constitucionalista Gustavo Linares Benzo, la restricción y el diferimiento de la moción de censura representan una contradicción. “No se sabe si el presidente Maduro no quiere que haya censura o que solo sean diferidas por un período de tiempo“, dijo.
Agregó que la emisión del decreto es inconstitucional porque viola el artículo 339 de la Carta Magna, el cual establece que “la declaración del Estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público“, sino que plantea que se mantengan las prerrogativas de los demás poderes.
Del decreto, Del Pino también resalta el calificativo de “burguesa” hacia la AN y las afirmaciones de que el Parlamento persigue una confrontación política o que obedece a órdenes de gobiernos extranjeros. En su opinión, son motivos para “desconocer la voluntad popular que se pronunció el pasado 6 de diciembre”.
Aunque desde un principio se planteó una lucha de poderes entre el TSJ y la AN, ahora son más actores los que intervienen en el escenario, incluyendo al Ejecutivo tras la emisión del decreto. “En la práctica, son todos los poderes contra uno solo. Son cuatro atropellado a la Asamblea. No hay una pugna, sino un arrollamiento de poderes“, subrayó Del Pino.
Frente a esta situación, el Parlamento podría acudir a la Sala Constitucional del TSJ para solicitar que se anule el decreto y no se suspendan sus facultades; sin embargo, los especialistas dudan que el máximo tribunal del país se pronuncie a favor de la oposición. “El TSJ es un representante del Ejecutivo“, aseguró Linarez Benzo. “No hay ninguna esperanza de que el TSJ le quite la razón al Presidente”.
Del Pino ve en la Carta Democrática un camino con menos obstáculos para los diputados de la bancada opositora. “Yo lo que creo es que se debe acelerar el proceso de activación de la Carta Democrática. Es evidente que no hay una separación de poderes”, expresó.
Ambos especialistas critican que no se ha dejado al Parlamento ningún radio de acción. “No puede legislar, no puede manejar el presupuesto, no tiene a todos sus diputados y no puede vetar ministros“, apuntó Linares Benzo; sin embargo, el constitucionalista considera que el voto de confianza puesto en la Asamblea por parte del electorado continúa. “El pueblo no vende, alquila. El Capitolio se lo alquiló al chavismo y ahora le tocó a la oposición“, afirmó.
FUENTE: EFECTO COCUYO