Las medidas que extiende Maduro fomentan el cierre de más empresas y, por consiguiente, la pérdida de empleos directos e indirectos, advierten economistas y dirigentes empresariales.
La extensión hasta el 31 de diciembre de 2020 de las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro en marzo y la ampliación del plazo para pagar el IVA de una semana a 15 días, no ayudan a las pocas empresas que quedan en Venezuela a resistir a los efectos de la pandemia y de la cuarentena impuesta por el gobierno para tratar de detener la propagación del coronavirus.
Entre las medidas anunciadas en marzo por el gobierno y que fueron ratificadas por Maduro el 26 de agosto, figuran la entrega de bonos de la patria a los trabajadores informales, la suspensión del pago de alquileres de comercios y viviendas, la prohibición de ejecutar las garantías de créditos hipotecarios y el subsidio del salario mínimo a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Estas medidas han sido catalogadas por gremios empresariales como «absolutamente decepcionantes», sobre todo si se comparan con las que han tomado otros gobiernos, fundamentalmente diferimiento de impuestos, rebajas de aranceles y créditos.
Lejos de reducir los riesgos económicos, economistas y dirigentes empresariales advierten que las medidas anunciadas por Maduro fomentan el cierre de más empresas y, por consiguiente, la pérdida de empleos directos e indirectos.
El sector privado ha solicitado al Ejecutivo que reduzca un 60% el encaje bancario para acceder a financiamiento, con tasas y condiciones preferenciales, que extienda el plazo para la declaración y pago del ISLR, incorpore exoneraciones o reducciones de impuestos, y que garantice el combustible para el transporte de sus trabajadores, materia prima y productos terminados.
Una medida «insuficiente»
No obstante, Maduro anunció un cambio en una de las medidas presentadas en marzo: la ampliación del plazo para pagar el Impuesto al valor agregado (IVA) de semanal a quincenal. Dirigentes gremiales sostienen que si bien va en la dirección correcta, sigue siendo una medida insuficiente. El sector privado pide al Ejecutivo regresar al pago mensual de este tributo, como era antes de agosto de 2018.
«Ninguna empresa tiene en estos momentos flujo de caja para financiar el pago del IVA», afirma Luigi Pisella, director de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria). «Para el sector industrial ha sido realmente complicado honrar este pago. No puedes financiar un impuesto que todavía no has logrado retener. Todavía con 15 días no nos alcanza la cobranza para pagar el IVA, tenemos que seguir financiándolo nosotros mismos con dinero de nuestros bolsillos como hacíamos con el pago semanal«.
En Venezuela la industria da a sus clientes plazos de entre 30 y 90 días, aproximadamente, para el pago de la factura, a diferencia de los comercios cuyos clientes tienen que pagar inmediatamente los productos que compran. Con un plazo de 30 días, como era anteriormente, a las empresas se les hacía más fácil cumplir con este compromiso, pero desde que el gobierno lo llevó a semanal y sin posibilidad de acceder a créditos, la única manera que han tenido los empresarios para pagar este impuesto es con su capital de trabajo, con lo cual ha venido mermando su flujo de caja.
«Nosotros esperábamos que el gobierno retomara el pago mensual del IVA como era antes», indica Pisella.
La ampliación del plazo para pagar el IVA es hasta ahora uno de los pocos y leves sacrificios que ha asumido el Estado en los más de cinco meses que lleva la cuarentena. Sin embargo, al gobierno no le conviene retomar el cobro del IVA de manera mensual, pues los ingresos que recibiría estarían devaluados por el proceso hiperinflacionario que en noviembre de 2020 cumple tres años.
Según Felipe Capozzolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), la medida sobre el IVA es un pequeño paso, pero aún queda mucho camino por recorrer. «Toca abrir la discusión sobre pago de impuestos en base mensual y tributos municipales».
Sostiene que en la situación actual, además de ser una medida un poco tardía, también resulta insuficiente. «En este momento, sería importante seguir avanzando y ya entrar en una discusión para ir proyectando el pase del pago de IVA de base quincenal a base mensual, que es lo que realmente va a dinamizar la actividad de las empresas agropecuarias, industriales y comerciales del país».
«Hay que buscar medidas que realmente vayan en pro del crecimiento de la empresa a nivel nacional, y sobre todo la productividad, siempre cumpliendo parámetros de bioseguridad, que es la garantía que nos va a permitir avanzar hacia el futuro de manera segura», dijo el dirigente gremial a Unión Radio.
En este sentido, el abogado tributarista Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas, coincide con Capozzolo al expresar que «tardía e insuficientemente el Ejecutivo nacional adoptó la medida de establecer la declaración del IVA de semanal a quincenal, que desde marzo los gremios habíamos pedido que se llevara a mensual con suspensión de los anticipos».
«Esto permite reforzar la argumentación y propuesta de en torno a llevar al conocimiento del Consejo Bolivariano de alcaldes, establecer límites estrictos en cuanto a la presentación anticipada de las declaraciones de impuesto a las actividades económicas. El Ejecutivo insiste en convertir al IVA en un impuesto al flujo de caja, al ISLR en un impuesto a los ingresos brutos acelerando la pandemia empresarial. Es necesaria una cuarentena tributaria«.
Pisella señala que las empresas que no son consideradas como esenciales quedan en la misma situación, ya que en la semana que el gobierno agregó para el pago del IVA no tienen actividad por el esquema de flexibilización 7+7 (una semana de trabajo y una semana de cuarentena).
«No está beneficiando a ninguna de las empresas que se consideran no priorizadas porque trabajan una semana y luego la otra cesan sus operaciones. El efecto se pierde porque de los 15 días que tienen para pagar el IVA trabajan siete días nada más y a media jornada, pues ya no es de ocho horas, sino de cuatro. Siguen en las misma situación».
En este sector no esencial está 80% de las empresas venezolanas.
Pisella advierte que mantener el modelo de 7+7 es perjudicial para la industria. «Es cuesta arriba para una empresa trabajar una semana y paralizar la semana siguiente». Propone mantener la operatividad y rotar el personal.
Otras propuestas
Retomar el cobro mensual del IVA no es la única medida que han pedido los empresarios. También acceso a financiamiento, revisión de las estructuras de pagos que hacen las empresas de todos los impuestos, que no se sigan incrementando los impuestos municipales.
Solicitan que se prevea «urgentemente» un financiamiento con tasas y condiciones preferenciales y propias de las circunstancias, para la adquisición, tanto en el país como en el exterior, de insumos, materia prima y de todo lo que sea necesario para el procesamiento oportuno del producto final, y en la cantidad requerida.
También han propuesto diseñar un plan de levantamiento de la cuarentena de las empresas, que ha agravado el estado de deterioro del parque industrial nacional. Los subsectores alimentos, medicinas e higiene personal y del hogar dependen de los de envases, que a su vez requieren de los del plástico, papel, pulpa, cartón y metalúrgico, y estos del sector de las artes gráficas.
Expertos advierten que mantener el país paralizado, lo que, según economistas y dirigentes gremiales, acabará con lo poco que queda de economía tras siete años de recesión. En los 20 años de revolución bolivariana el parque industrial venezolano se redujo más de 80%. En 2019 Conindustria reportó el cierre de 400 empresas, quedando apenas unas 2.145 instalaciones al cierre del año, cuando en 1999 Hugo Chávez asumió la Presidencia con una Venezuela que tenía más de 13.000 empresas manufactureras.
Por otro lado, Pisella considera que es positivo que las empresas nuevas estén exentas de todos los pagos.
Las nuevas pequeñas empresas -que tengan ingresos hasta por 400 petros anuales- que se creen durante la pandemia y en los seis meses posteriores a la superación de la emergencia, no pagarán el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) ni patentes sobre los ingresos obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2020.
Además, Maduro dio un plazo no mayor de 30 días a su equipo económico para simplificar los trámites para abrir empresas y registrar emprendimientos.
«Según las estadísticas somos el segundo país más lento del mundo en trámites para abrir empresas. El tiempo para abrir una empresa no puede superar una semana», ordenó el gobernante.
El jueves 27 de agosto, el gabinete económico encabezado por el vicepresidente sectorial Tareck El Aissami, anunció que se eliminarán progresivamente las exenciones de aranceles e impuestos a productos importados que puedan se fabricados en el país. El sector privado también ha pedido en los últimos meses suspender la exoneración de aranceles a los productos importados, vendidos muchas veces a precios inferiores a los que son elaborados en Venezuela, lo que ha generado una fuerte competencia «desleal» con los productores locales.