En la Cota 905, luego de tres días de enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y bandas armadas, fue incautado un arsenal que deja en evidencia la falta de control sobre las armas que posee el Estado venezolano, advierten investigadores y expertos en seguridad ciudadana.
El tiroteo en la Cota 905 y barrios aledaños, por parte de la mega banda controlada por Carlos Luis Revete, alias “el Koki”, terminó coincidencialmente el 9 de julio, día internacional de la destrucción de armas de fuego. Para los vecinos del oeste de Caracas, su vida esos tres días se resume en la estrofa de una canción de Desorden Público: “Valle de balas, vivo en un valle de balas. Valle de balas, mi ciudad está brava”.
En Venezuela, donde se contabilizan al menos 19 mega bandas distribuidas en todo el territorio, el poder de fuego de estas organizaciones delictivas queda demostrado con las más de 22.000 municiones incautadas en el operativo desplegado por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz en la Cota 905 y alrededores durante tres días para dar con “el Koki” y sus aliados.
La ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, en una rueda de prensa el 10 de julio al informar sobre la “Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro” enumeró: dos mil cartuchos calibre .50, cuatro mil cartuchos calibre 7.62×39, 150 cartuchos calibre 5.56; 18.000 cartuchos calibre 7.62×39; 19 recipientes cilíndricos de balas calibres 7.62×59; 380 cartuchos calibre 7.62×51; 11 cargadores de FAL y tres tipos de lanzacohetes.
No se tiene claro si a este arsenal se debe sumar la gran cantidad de municiones disparadas por los delincuentes durante tres días desde diferentes puntos de la zona.
Un perfil de Insight Crime sobre “el Coqui/Koki” detalla que a partir de 2017, con la retirada de los cuerpos de seguridad de ese sector luego de un operativo, el líder de la mega banda ha podido acumular “un arsenal de armas de grueso calibre, que se estima en alrededor de 200 granadas, 15 fusiles AR-15 y 150 armas de fuego más pequeñas. De esta manera, su banda tiene casi el mismo poder de fuego de las fuerzas de seguridad”.
Todo esto, mientras en Venezuela sigue vigente la medida de suspensión de porte de armas de fuego y armas blancas, establecida en la resolución N°161, publicada en Gaceta Oficial 41.468, el 27 de agosto del año 2018.
Para especialistas en temas de seguridad ciudadana y analistas castrenses, la cantidad de municiones y armas reseñadas luego del operativo en la Cota 905 puede tener varias vías de procedencia. El abogado y profesor de Criminología Luis Izquiel lo resume: Podrían salir de los cuarteles militares o policiales por corrupción o negligencia en el cuidado del parque de armas. Otra vía sería por contrabando usando las fronteras terrestres, puertos o aeropuertos.
“Eso también sería negligencia por parte del Estado pues les corresponde la custodia de vías terrestres, puertos y aeropuertos”, refiere Izquiel, al tiempo que recuerda que en Venezuela no hay armerías privadas. Es decir, “no puedes ir a una tienda y comprar una pistola o un revólver, mucho menos un fusil o una granada”.
En Venezuela existe la Ley para el desarme, control de armas y municiones que establece penas para quien venda un arma, la utilice sin porte u otras situaciones establecidas dentro del instrumento legal y que se pagan con cárcel.
“El asunto es que continuamente vemos como megabandas criminales usan fusiles, usan municiones que probablemente salgan de los cuarteles policiales y militares y no se hacen investigaciones profundas que desmantelen las posibles redes de corrupción que haya en estas instituciones o que se sancione a quienes por negligencia no cumplieron con el resguardo de parques de armas”, afirma el abogado Izquiel.
Sin certeza
La abogada Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, destaca que, en las redes sociales, se difunden imágenes de armas que muchos atribuyen a la situación en la Cota 905. Pero advierte que no se tiene certeza alguna y es fundamental evitar las especulaciones.
“En algunas imágenes sí se ven municiones, creo que, inclusive, se ve lo que puede ser una Barrett (fusil) cuyo modelo no sé precisar. Hay muchas armas que aparentemente fueron decomisadas a estos sujetos, pero afirmar que provienen de la Fuerza Armada Nacional (FAN) es un tremendismo”, señala.
San Miguel advierte las razones de la cautela necesaria sobre las armas tras el conflicto criminal.
“Primero, porque no tenemos cómo demostrarlo. Segundo, creo que difícilmente se podrá saber porque esto lo manejará herméticamente el Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Compañía Anónima de Industrias Militares (Cavim) y la Fuerza Armada en general, entonces difícilmente se va a saber”, advierte.
TalCual solicitó una entrevista al director del Cicpc, comisario Douglas Rico, para conversar sobre este tema pero no se obtuvo respuesta.
La analista militar esboza que lo que sí representa una hipótesis real y demostrable es que Venezuela es un país en el que se ha comprado y fabricado un arsenal importante de armas. Control Ciudadano ha advertido insistentemente sobre la opacidad y la ausencia de control parlamentario en las adquisiciones de sistemas de armas en Venezuela, la ausencia de control previo o posterior por parte de la Contraloría General de la República o de la Contraloría General de la FAN, así como la falta de licitaciones para la escogencia o selección de los sistemas más idóneos en atención al concepto estratégico de la nación.
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Con información de Tal Cual