El ingreso mínimo quedó en 450.000 bolívares y significó un incremento de 66,6%, lo que coloca el nuevo salario en 6,6 dólares, según la tasa de referencia del Banco Central de Venezuela (BCV) de este lunes 13 de enero.
Ese 66,6% de aumento no es significativo para Froilán Rivero, de la parroquia Sucre. Aseguró que de no ser por los alimentos subsidiados por el Estado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y las jornadas de Mercado de Alimentos (Mercal), pasaría muchos días sin comer.
Aunque 2019 cerró con una inflación acumulada de 7.374,4%, de acuerdo con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y con 80% de las compañías productoras venezolanas paralizadas, según la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Rivero atribuye la pulverización de sus ingresos a lo que él califica como una decisión arbitraria de los comerciantes de aumentar los precios de los productos.
“El Presidente aumenta y ahí mismo los comerciantes suben todo. Dicen que es por el dólar, pero cuando el dólar baja, ellos no bajan los precios”, se quejó. José Ignacio Guarino, licenciado en Administración de Empresas y presidente de Interbono, explicó a que atribuirles la responsabilidad de la económica a los comerciantes es reducir una crisis que enlista un proceso hiperinflacionario de dos años; una tasa de cambio descontrolada; una liquidez monetaria decaída y, sobre todo, la ausencia de políticas económicas que permitan aumentar la producción nacional.
Controles y regulaciones
Marco Quintero, residente de la parroquia Altagracia, considera que los aumentos salariales se evaporan por la especulación generada en los mercados y abastos de Caracas. “Trabajas un día completo y no te puedes comprar ni una harina”, dijo del producto cuyo precio casi alcanza los 100.000 bolívares, o lo que sería 22% del salario integral. Él cree que la solución es aplicar controles de precio como lo ha hecho la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en varias oportunidades.
Pero Guarino expone que la consecuencia de ese tipo de regulaciones es la escasez y la venta informal de alimentos y productos de primera necesidad, cuyos comerciantes en Venezuela son conocidos como bachaqueros.
Aura Márquez, quien vive en la barriada Petare, calcula: una pasta de medio kilogramo, 138.000 bolívares; un aceite de un litro, 185.000 bolívares. Deja a medias la suma y concluye que con el ingreso mínimo solo puede comprar dos o tres productos. Como muchos, Aura cree que los comerciantes aumentan precios indiscriminadamente y, además, a diario.
Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera, insistió en que la falta de políticas económicas estabilizadoras afecta negativamente la relación entre consumidores y comerciantes, que son el último eslabón de la cadena de producción. Generalmente, explicó, las responsabilidades del Estado y de las autoridades económicas son atribuidas a los comerciantes. “Estos comportamientos son respuesta del entorno económico en el que se aprenden”, dijo.
Con información de El Pitazo