A un mes de la muerte del concejal Fernando Albán bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), su familia denunció que fue víctima de una “cruel persecución” desde el año 2016, “obligando a su esposa e hijos a exiliarse en otro país”.
Mediante un comunicado, señaló que Albán fue “detenido arbitrariamente”, “incomunicado y desaparecido forzosamente por el Sebin por más de 24 horas“por el hecho de reunirse con miembros de su partido en la ciudad de Nueva York, en el marco de las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“Jamás fue presentado ante el tribunal competente y se le mantuvo privado de libertad aún vencido el lapso que dispone la Constitución y la ley; todo ello, en un procedimiento judicial plagado de violaciones al debido proceso, y cuyo fin era que acusará falsamente a Julio Borges del supuesto intento de magnicidio. Luego de esto, sobrevino inusitadamente su muerte. Esto es lo que sabemos”, añade el comunicado.
La familia del concejal anunció que tomará las acciones pertinentes para lograr justicia.
Asimismo, formuló una serie de irregularidades sobre el caso. ” ¿Por qué el Fiscal General (de cuestionada legitimidad por no haber sido designado por el órgano constitucionalmente competente), señor Tarek William Saab, al informar sobre la muerte de Fernando, calificó su muerte, de manera precoz e ilegal, como un “suicidio”, sin haber realizado investigación de ningún tipo”, indicó.
¿Por qué posteriormente se contradijo en cuanto a la forma en que habrían ocurrido los hechos, y sus declaraciones también son contradictorias a las dadas por el Ministro de Interior y Justicia Nestor Reverol (en funciones, a pesar de haber sido destituido por la Asamblea Nacional por graves violaciones a los Derechos Humanos)? ¿Por qué el señor Saab mintió diciendo en rueda de prensa que ha entregado a los familiares la autopsia?, cuando eso es radicalmente falso”, agregó la familia en el texto.
Manifestó que, de acuerdo con afirmaciones de un diputado a la Asamblea Nacional, “de la Fiscal General designada legítimamente por la Asamblea Nacional, el Partido Primero Justicia, miembros del parlamento español y del Europarlamento”, la muerte de Albán “encuadra en los específicos supuestos de ‘muerte potencialmente ilícita’, en los términos del Protocolo de Minnesota, el cual debe ser aplicado en la presente investigación, al igual que el Protocolo de Estambul, por las torturas a las que podría haber sido sometido”.
La familia del concejal solicitó a la Asamblea Nacional, al partido Primero Justicia, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que intervengan y ayuden a esclarecer las causas de su muerte.
“En Venezuela no contamos con un sistema que pueda garantizar que se haga justicia en su caso, por ello exigimos se practique una investigación independiente, con participación de expertos designados por los familiares a los fines de establecer si estamos en presencia de una ejecución extrajudicial”, señalaron.
Con información de El Pitazo.