Aseguró que seguirá cumpliendo con su rol como lo establece la Constitución
Este miércoles, la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, desconoció la sentencia que dictó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que da competencias de investigación penal a la Defensoría del Pueblo, pues a su juicio dicha medida busca desmantelar al Ministerio Público.
“Con esta sentencia, la Defensoría del Pueblo puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público. Al mismo tiempo puede solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras diligencias de investigación penal en materia de derechos humanos. Esta sentencia es inmotivada, pues no le ponen razón por las que toman esa decisión”, dijo.
Aseguró que tales acciones ponen en peligro los derechos humanos de la ciudadanía, e indicó que dicha sentencia busca acabar con el Ministerio Público, tal como ocurrió con las Asamblea Nacional con las sentencias 155 y 156, las cuales fueron emitidas por el Poder Judicial en la que le quitó las competencias a la Asamblea Nacional para otorgárselas al Tribunal Supremo de Justicia.
“Lo que el TSJ hizo con la Asamblea Nacional ahora lo quiere hacer con el Ministerio Público, es decir, que continuamos con la presencia de la ruptura del orden constitucional, se sigue violando la Constitución y se sigue desmantelando el Estado”
Argumentó que en Venezuela hay “terrorismo de Estado, porque se arremete cruelmente a los manifestantes se enjuicia a los civiles en tribunales militares, se allana sin orden judicial y no hay derecho a elegir”, expresó.
En ese orden de ideas, indicó que hay un proceso de desmontaje progresivo del Ministerio Público, lo que hace que aumente la inseguridad jurídica en el país.
“Por ejemplo, en el país se dieron millones de dólares para reparar hospitales y no se repararon, y no se sabe dónde está del dinero. El Ministerio Público pidió privativa de libertad contra una ex ministra y no pasó nada, estamos en un limbo jurídico. También Encontramos 75 contenedores de medicamentos e insumos médicos que lo denunció un funcionario del Sefar y pedimos privativa de libertad contra las persona responsables y tampoco fue otorgado. También solicitamos la privativa de libertad contra el conductor de una tanqueta que atropelló a un ciudadano en una protesta y tampoco, fue concedido, todo esto para acabar con la institucionalidad y el Estado. Sin embargo, seguiremos cumpliendo con nuestro rol, como los establece la Constitución”, expresó.
Fuente: Prensa Henrique Capriles / Javier Ramírez
Fecha. 28 de junio de 2017