Más de 40 comercios de Quíbor, municipio Jiménez, han sido fiscalizados en las últimas semanas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con multas que superan los 300 euros. La razón principal de estas sanciones es que en plena pandemia, cuando las empresas no priorizadas sufren la peor crisis económica por permanecer cerradas semanas enteras tras la cuarentena radical, la institución reclama que cada negocio tenga las máquinas fiscales con el dispositivo de captura y transmisión de datos para la elaboración de facturas, una medida que vienen exigiendo desde el 6 de noviembre de 2018, cuando fue publicada la Providencia 0141.
«Pareciera que los fiscales del Seniat de Quíbor viven en otro planeta donde no hay pandemia, porque aplican fiscalizaciones a pesar que los sectores no priorizados tienen prohibido abrir en semanas de radicalización. Este tipo de medidas sólo impulsan que la mayoría de los comerciantes formales migren a la economía informal, porque nadie que apenas está recibiendo ingresos para sobrevivir, va a poder pagar 500 dólares que es lo que cuesta el dispositivo de captura y transmisión de datos que exige el Seniat, o 1200 dólares para comprar una máquina fiscal actualizada. Aquellos que tengan ese dinero van a preferir invertir ese dinero en mercancía», alegó Amilkar Marcano, presidente de la Asociación de Comerciantes, Industriales y Afines del municipio Jiménez.
El vicepresidente de esta institución Fernando Rodríguez, es dueño de una carnicería, y contó a LA PRENSA que fue fiscalizado por el Seniat el 10 de marzo de 2020, pero la multa le llegó un año después por un monto de 300 euros. Los fiscales del Seniat están aplicando procedimientos irregulares. «A mí me multaron porque alegaron que yo no entregué los libros de venta del 11 de marzo del año pasado, pero cómo los iba a entregar si me visitaron un 10 de marzo. ¿Cómo sé qué ventas voy a tener el día anterior?», soltó.
Sostiene que el dispositivo de transmisión funciona al conectarlos a internet y la calle Comercio de Quíbor donde se ubica, no tiene internet desde hace meses, tampoco las oficinas del Seniat en ese municipio. «En las condiciones en que está el país estas multas de máquinas fiscales se vuelven confiscatorias», expresó.
Según explicó Juan Pablo Pérez, director Tesorero de la Cámara de Comercio en Lara, el Seniat está obligando a los comerciantes a cumplir el Código Orgánico Tributario, que establece que si un comercio no factura recibirá multas equivalentes a 300, 150, 100, veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, que es el euro.
«La administración tributaria debería sacar una norma para darle una prórroga a los comerciantes y que se pongan al día con las máquinas fiscales actualizadas, por el tema pandemia. Porque para que los empresarios puedan comprar los dispositivos tienen que tener el derecho de trabajar. Ya está demostrado que no son los comerciantes los que propagan la COVID 19, laborando con medidas de bioseguridad todos los días se puede reactivar la economía», mencionó.
El presidente de la Cámara de Comercio de Palavecino, Samuel Medina, informó que el municipio no escapa de estas sanciones. «Los fiscales del Seniat llegan con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana quienes a veces aplican multas dobles, una por estar abierto en semanas radical y la otra por incumplir la Providencia 0141. El Seniat debe entender que el sector comercio está tan afectado como el resto de los sectores productivos del país, y que exigir a un negocio que ni siquiera factura el 20% de lo que facturaba en una situación normal, es prácticamente quebrarlo», expresó. A su criterio este tipo de medidas extorsionan.
Para leer la nota completa en La Prensa de Lara, pulsa aquí
Con información de La Prensa de Lara