Venezuela es un país rodeado de agua, por el norte, sus fronteras limitan con el mar Caribe y por el sur al menos 90% de sus límites están demarcados por ríos, lo que hace que la ilegalidad propia de las zonas de frontera utilice estas vías para el transporte de mercancías y de personas.
De acuerdo con investigaciones de campo realizadas por FundaRedes, denuncias y testimonios recibidos en la organización, los principales cuerpos fluviales utilizados por grupos armados irregulares, organizaciones de guerrilla de origen colombiano y bandas criminales para controlar los territorios fronterizos y las actividades económicas ilegales son la cuenca lagunar Marabina y la hidrográfica del río Catatumbo –comunes para el departamento de Norte de Santander, Colombia, y el estado Zulia, Venezuela– junto a un importante tramo del río Táchira –que separa el departamento de Norte de Santander en Colombia y el estado Táchira en Venezuela-; así como los ríos Arauca, Meta y Orinoco, límites entre Colombia y Venezuela desde el llano hasta la Amazonía, y el río Negro, que establece la frontera entre Venezuela y Brasil.
En las fronteras de Zulia y Táchira con Colombia los ríos conectan cientos de pasos ilegales, conocidos como trochas. En muchos de ellos hay puentes artesanales que facilitan el paso ilegal de personas y mercancías, aunque en algunos casos los contrabandistas se valen de botes, chalanas y todo tipo de embarcaciones improvisadas para mover sus recursos de una a otra orilla. En la medida en que el caudal es más abundante y los ríos se hacen más navegables se convierten en verdaderas autopistas fluviales, ríos de ilegalidad que conectan a Venezuela con Colombia y Brasil; en los territorios de Apure y Amazonas propicios para el tráfico de productos y materia prima que van desde ganado en pie y productos agrícolas hasta combustibles y oro.
En la zona de Arauca, específicamente en el lugar conocido como “Paso de las Canoas”, en el sector Murgas, muy cercano al Puente Internacional José Antonio Páez, se registra un alto movimiento de personas que salen sin documentación de Venezuela a Colombia y viceversa. Un testimonio obtenido por FundaRedes que forma parte de nuestra base de datos da cuenta de que “allí hacen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional mediante el Frente Domingo Laín, que a su vez depende del Frente de Guerra Oriental y las 2 disidencia de la Farc-EP provenientes del Frente 10 Martin Villa, del cual se encuentran divididas tanto del lado de Apure-Venezuela, como Arauca-Colombia”, precisó la fuente quien pidió mantener en reserva su identidad por razones de seguridad.
Un investigador en Apure que colabora con organismos internacionales afirmó a FundaRedes que en las inmediaciones del río Arauca, la disidencia de las FARC ejerce el control del territorio, narcotráfico y contrabando de gasolina, igualmente realizan secuestros en Colombia y pasan a sus víctimas a territorio venezolano para mantenerlas en cautiverio, modalidad que aplican desde el año 2018. “Los plagiados son pasados por lugares fluviales, no solamente por el río Arauca binacional, sino también por otros sectores ribereños de El Amparo, La Victoria, Los Pájaros, en los municipios Páez y Rómulo Gallegos del estado Apure que confluyen con el departamento de Arauca-Colombia”, afirmó. Según este investigador, más de 10 personas secuestradas en 2019 fueron trasladadas por estos pasos, y comenzando el año 2020 ya se han reportado varios casos similares.
Pero además, las pugnas por territorios generan enfrentamientos a uno y otro lado del río, en los que en ocasiones quedan atrapados ciudadanos comunes. Uno de los casos más recientes fue reseñado por la prensa colombiana tras la muerte de un taxista venezolano en medio del fuego cruzado.
La fuente aseguró a FundaRedes que “el río Arauca es controlado por la guerrilla del lado venezolano, mantiene un monitoreo constante sobre todo del contrabando de gasolina para elcobro de la vacuna tanto a los canoeros como a quienes la trafican. Las personas tienen temor a todo, hasta a denunciar, ya que los guerrilleros pueden matar a quienes ellos consideran que están informando tanto a medios de comunicación como a agentes del orden público en los dos países limítrofes”.
Los habitantes de estos territorios fronterizos se han ido acostumbrando a que la autoridad de la zona es encarnada por miembros de esos grupos armados irregulares, y muchas veces se ven obligados formar parte de esas organizaciones criminales, pues quienes no actúan como sus colaboradores exponen su integridad personal y la de su familia, lo que constituye graves violaciones del derecho a la vida establecido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, así como en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que: “el derecho a la vida es inviolable”.
Con información de FundaRedes