Sus zapatos no han aparecido, tampoco las fotografías sobre el levantamiento del cadáver. Sus familiares insisten en que Fernando Albán fue asesinado y el gobierno de Nicolás Maduro defiende la hipótesis de que el concejal del municipio Libertador de Caracas se “lanzó al vacío” desde el piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Plaza Venezuela, donde permanecía recluido de forma arbitraria por estar acusado de participar en el magnicidio frustrado del 4 de agosto de 2018.
Este 8 de octubre se cumplió un año de la muerte de un dirigente político que, según los más allegados, creía profundamente en Dios y ayudaba al más necesitado; solo por eso, hubiese sido incapaz de quitarse la vida, afirman.
Doce meses después del hecho, sus familiares continúan exigiendo a Maduro que permita trasladar el cuerpo de Albán a Estados Unidos, donde reside su esposa, y que los abogados tengan acceso al expediente del caso, como corresponde. Sin embargo, la única respuesta del Gobierno ha sido imputar a dos funcionarios del Sebin por el delito de quebrantamiento de las obligaciones de custodia, previsto en el artículo 268 del Código Penal, y cuya pena va de 15 días a seis meses.
Ramón Aguilar, uno de los abogados, indica que el Estado venezolano no está investigando la muerte, sino que parte del hecho de que Albán se escapó: “El delito que les imputaron no existió. Y si asumimos que el juez admitirá la acusación en la audiencia preliminar, podría otorgar casa por cárcel o liberarlos debido a que el delito no es grave ni hay peligro de fuga. Ambos serían tomados en cuenta como delincuentes primarios ya que no tienen antecedentes por ser funcionarios de seguridad”.
La defensa recuerda que en diciembre de 2018 introdujeron una denuncia ante el Ministerio Público, en la cual se argumentó que los funcionarios del Estado, incluyendo jueces y fiscales, habían cometido los delitos de desaparición forzada, privación ilegítima de libertad, encubrimiento de desaparición forzada, tortura, homicidio calificado, ejecución extrajudicial y asociación para delinquir. Tampoco hubo respuesta.
La demanda tiene base en algunos extractos y fotografías a los que tuvieron acceso los abogados por cooperación de otros miembros de los organismos del Estado. De acuerdo con la revisión preliminar de la autopsia, en la que participaron los fiscales Dinorah Bustamante y Farid Mora, Albán recibió electricidad y murió luego de ser asfixiado; la cabeza tenía una coloración distinta al resto del cuerpo.
A Aguilar le llama la atención que el rosario de Albán estaba en una mesa donde había comido, otro elemento para dudar del supuesto suicidio. Incluso, en el mes de noviembre, cuando la defensa del caso estaba a cargo de Joel García, se denunció que había incongruencias en el expediente: el fiscal nacional ordenó la investigación por homicidio, se demostró por el levantamiento planimétrico que no había un baño cerca, como intentó hacer creer Tarek William Saab.
Albán tampoco estaba a la espera de ser trasladado al Palacio de Justicia, donde lo esperaban sus abogados para la audiencia de presentación. En el folio 83 del expediente, se describe la declaración de un funcionario del Sebin en la que señala que la fiscal Bustamante llamó para ordenar que no fuese llevado al Tribunal 1° de Control con competencia en terrorismo, que está a cargo de la jueza Carol Padilla.
En diciembre de 2018, Meudys Osío, esposa de Albán, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigiera al Estado venezolano la repatriación del cuerpo a Estados Unidos. En abril de este año, la defensa y los familiares acudieron nuevamente a este organismo para que el gobierno de Maduro investigue la muerte y entregue el cuerpo, que se encuentra sepultado en el Cementerio del Este, en el estado Miranda. La Cidh consideró que no había argumentos suficientes para proceder a favor de los familiares.
Albán tenía nacionalidad colombiana y por ello la defensa recurrirá a la Embajada de Venezuela en Colombia para solicitar apoyo con expertos independientes que analicen las fotografías y el levantamiento planimétrico y realicen una autopsia psicológica. Los resultados servirán para agregarlo al expediente de la Cidh y darle más fortaleza a la denuncia.
Con información de El Pitazo