El gobierno afianza la persecución y el control del enemigo interno. Aunque la detención de la disidencia no es una acción nueva del régimen de Nicolás Maduro, en los últimos días los métodos de persecución se basan en el seguimiento de los mensajes telefónicos y publicaciones en las redes sociales.
Este patrón se ha aplicado para dirigentes sindicales, trabajadores de la salud, periodistas, y otros ciudadanos. El mecanismo arrecia en tiempos de covid-19 y muchas de las detenciones han sido realizadas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Para Mairis Balza, coordinadora de la Comisión para los Derechos Humanos y La Ciudadanía (Codehciou), la teoría del enemigo interno es aplicada por el gobierno con la finalidad de causar terror. Al mismo tiempo, expresa, el objetivo es enviar un mensaje ejemplarizante que disuada la protesta o la expresión disidente. La persecución se ejecuta también contra quienes refieran o reproduzcan mensajes relacionados con funcionarios del entorno de Maduro.
Alí Daniels añade que otro cariz de la persecución es la aplicación de la Ley Contra el Odio. Esta norma, acota, prevé sanciones muy altas e incluso penas de prisión de hasta por 20 años.
Persecución y control
El director de Acceso a la Justicia señala que la aplicación de la figura del enemigo interno trae consigo la violación del debido proceso y del derecho a la defensa. Entre finales de marzo y principios de abril de 2020, en Bolívar, la persecución tuvo como blanco a Elio Mendoza, trabajador de la planta de pellas en Sidor, y a Tania Rodríguez, extrabajadora de Ferrominera del Orinoco.
En la lista de las más recientes persecuciones también figura la bioanalista Andrea Sayago (Trujillo), por difundir información sobre el covid-19. Asimismo, Darelis Mercedes Corales Cabeza (Portuguesa), detenida por, presuntamente, haberle enviado un mensaje de texto a la esposa de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y a quien la Dgcim allanó la vivienda el 27 de marzo.
En ese sentido, Alí Daniels puntualiza que, si se da una investigación ajustada a derecho, lo procedente es que los acusados, que no tienen ningún prontuario, sean juzgados en libertad. “Además nadie puede ser procesado por la fiel reproducción de un mensaje”, enfatiza. Otro aspecto señalado por el activista es que el gobierno persigue por la información que se emite sobre el covid-19. “El decreto de estado de alarma no prevé sanciones por su incumplimiento”, subraya.
Situación de vulnerabilidad
La coordinadora de Codehciou señala que en medio de la persecución del Estado, los ciudadanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de miedo infundado. “Quién puede tener certeza de con quiénes comparte mensajes”, refiere.
Insiste en que la exigencia al Estado es que ofrezca las garantías constitucionales. “Que no haya abusos y que se respete el debido proceso. Aún en Estados de excepción, por mandato constitucional y por vía de obligaciones de tratados, el debido proceso no puede ser restringido. Esto es fundamental para el resguardo de derechos”, subraya.
Vigilancia en tiempos del covid-19
Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) rechaza el patrón de persecución del gobierno de Nicolás Maduro que tiene un nuevo capítulo en medio de la alarma por covid-19. Advierte que los delitos contra la opinión vulneran el artículo 57 de la Constitución.
Añade que a esto obedece la persecución contra representantes del sector salud y periodistas, entre otros. Refiere el dirigente sindical el caso de Andrea Sayago, bioanalista del Hospital Central de Valera, quien fue detenida el 3 de abril y obligada a renunciar a su cargo, por tomar foto a la orden de exámenes de una paciente que dio positivo al covid-19 y denunciar la presencia de la enfermedad en otras regiones del estado Trujillo.
Más de 55 perseguidos
Noel Hernández, coordinador de la Intersectorial de los Trabajadores de Guayana, afirma que asciende a más de 55 los trabajadores de las empresas básicas de Guayana perseguidos por el gobierno desde septiembre de 2018. En julio de 2019, Tania Rodríguez fue despedida de Ferrominera por participar en protestas promovidas por Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera).
“Está claro que el gobierno pretende amedrentar a toda la dirigencia sindical que se ha mantenido en defensa de los trabajadores. Todo esto se hace mediante leyes que no son constitucionales como la Ley contra el Odio. Hemos hecho seguimiento a todos estos casos, y hemos pedido a nuestros sindicatos y dirigentes sindicales resguardarse y no caer en provocaciones porque la persecución es sistemática”, concluye Hernández, quien añade que esto no implica que la dirigencia sindical paralice su lucha por las libertades del sector y del país.
Con información de Tal Cuál