Se considera que Venezuela figura entre los países con más biodiversidad de la Tierra. Su riqueza acuática y terrestre se extiende, por el norte, desde las aguas, los pantanos de manglares y las playas del mar del Caribe; por el interior, a lo largo de la vasta red de ríos biológicamente exuberantes, como el Orinoco; hacia el oeste, hasta Los Andes; y por el sur, hasta las mesetas y montañas amazónicas cubiertas por la exuberante selva tropical.
El país alberga de todo, desde manatíes, perezosos y jaguares, hasta 1.400 especies de aves y 25.000 variedades de orquídeas de bosque nuboso solamente.
En 2012, el Poder Ejecutivo interrumpió oficialmente la publicación de su índice de producción pesquera nacional, junto con una lista de las playas adecuadas para el uso por parte del hombre: aquellas seguras para la pesca, la natación y el surf. Desde entonces, muchos otros índices medioambientales importantes se han ocultado de la vista del público. Esta tendencia hacia el secretismo de datos en una sociedad democrática se ha intensificado en gran medida en el gobierno de Nicolás Maduro (2013-actualidad) y ha tenido muchos efectos negativos.
El ocultamiento de datos nacionales sobre el medioambiente implica que los investigadores, los reguladores, las ONG, los activistas, los tribunales y otros organismos institucionales ya no tengan datos de referencia en función de los cuales realizar mediciones. La falta de estadísticas anuales y a largo plazo impide la comparación de condiciones pasadas y presentes y, así, paraliza muchas actividades vitales, entre ellas, la creación de evaluaciones de impactos ambientales (EIA), la aplicación de leyes en contra de los contaminantes, la realización de pronósticos y la adaptación exitosa al cambio climático.
Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013), muchos índices macroeconómicos y sociales se difundían públicamente para mostrar los avances de la sociedad en cuanto a la educación, la salud y los ingresos personales —en mayor medida, el resultado de la extracción que hizo Chávez de la riqueza petrolera de la nación (que entonces fluía a más de $100 por barril) a través de varios mecanismos de distribución de ingresos que hicieron que Venezuela se convirtiera en la nación más acaudalada de Suramérica—.
No obstante, cuando sobrevino la dramática caída del precio del petróleo junto con el colapso de la producción petrolera de Venezuela, esos índices societarios empezaron a descender y llegó la censura estadística. Un ejemplo: en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, la sección “Ambientales” muestra cifras de deforestación, calidad del aire, energía producida y consumida, cantidad de autos en la ruta y hasta recolección de residuos congelados desde 2011.
“Todos los datos estadísticos se miden y recopilan, pero su publicación no está permitida”, explica un exempleado del Ministerio de Ecosocialismo que habló con Mongabay con la condición de mantenerse en el anonimato.
El ocultamiento de información estadística es rampante en toda la administración de Maduro. El gobierno no publica los datos oficiales sobre la desastrosa inflación de Venezuela desde 2017 —que fuentes externas han proyectado que alcanzó 1 millón% en 2019— y, desde el 2012, no publica ni las causas de muerte ni las cifras de vehículos robados. Las tasas de desempleo, los registros de asistencia escolar, incluso la cantidad de nacimientos, divorcios y suicidios está muy desactualizada.
La excusa habitual para la falta de información a disposición de los ciudadanos, de los activistas y de los periodistas es la falta de “autorización de un superior”. Un informe de responsabilidad de 2015 publicado por el Ministerio de Salud demuestra la naturaleza kafkiana de la burocracia venezolana bajo el presidente Nicolás Maduro. El documento observa que los organismos estatales han proporcionado los datos al ministerio nacional para el índice de mortalidad de 2013, cuya publicación pendiente “solo está en espera de su aprobación”. Al 2019, los datos de 2013 permanecen ocultos.
La compañía Hidrocentro refleja los riesgos potenciales de la confidencialidad de los datos. Esta compañía regional de agua cerca de Caracas, que abastece a Aragua y Carabobo, dejó de publicar todos los datos sobre calidad del agua en su sitio web a mediados de 2018 sin explicación. Previamente, la empresa publicó solo 11 de los 58 índices exigidos por ley, que demostraban, por ejemplo, la cantidad excesiva de cloro usada para controlar la calidad deficiente del agua en las reservas y en las plantas de tratamiento de agua, según un informe de 2015 del Ministerio de Ecosocialismo. Los datos relativos a los derrames de petróleo en los ríos de Venezuela también han desaparecido.
El profesor Alejandro Álvarez Iragorry de la Coalición Clima 21 e integrante del equipo que proporciona información medioambiental a la Asamblea Nacional de Venezuela, explica los peligros relativos a la falta de transparencia: “Estamos pagando por esta falta de información y conocimiento medioambiental con nuestro derecho a un mediombiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, así como con la falta de servicios como agua y electricidad”.
Para él, la censura extrema está anclada a la perspectiva ideológica de la verdad que tiene el gobierno. La catastrófica crisis económica, la terrible inseguridad financiera y la diáspora nacional que se acentúa (aproximadamente 4,8 millones de venezolanos se han ido del país) constituyen una gran vergüenza para el gobierno socialista de Maduro. De modo que los registros estadísticos, muy posible que aún se estén llevando, siguen sin publicarse porque proyectan una imagen negativa.
En París, Venezuela se comprometió a una reducción ambiciosa de gases de efecto invernadero de 20 % frente al status quo para el 2030 con una reserva importante: dichas reducciones dependen del cumplimiento de los compromisos que los países desarrollados hicieron a los países en vías de desarrollo en cuanto a finanzas, transferencia de tecnología y creación de capacidad. Debe observarse que las emisiones de dióxido de carbono de Venezuela son significativas. Su compañía de combustibles fósiles, Petróleos de Venezuela, se encuentra entre las 20 empresas que producen un tercio de todas las emisiones de dióxido de carbono.
Posiblemente en defensa de la falta de datos oficiales y del hecho de que Venezuela no haya presentado varios NCCC a la ONU, la Academia de Ciencias de la nación brindó su propio informe, obstaculizado —según los expertos— por algunas limitaciones drásticas. “De los 63 investigadores [originalmente] citados [en los últimos informes], menos de la mitad asistió a la última revisión porque se había marchado del país”, explicó la bióloga Alicia Villamizar, miembro del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU y secretaria de Cambio Climático de la Academia Nacional de Ciencias de Venezuela.
El informe sobre cambio climático más reciente de Venezuela, publicado en 2018, pronostica que las temperaturas de la nación podrían aumentar hasta 3.5° C (6.3° F) para 2100, con una pérdida en las precipitaciones de entre 36.5 y 109.5 milímetros (1.43 a 4.3 pulgadas) por año, especialmente en el norte del país, lo que aceleraría la desertificación. Si bien estos datos de resumen son útiles, el informe carece de precisión, en especial, de datos regionales críticos para la adaptación climática futura. Otras naciones en vías de desarrollo, como India, están mucho más avanzadas en cuanto a la planificación para afrontar la crisis climática.
“Vamos a tientas” al no tener información
Lo que empeora las restricciones gubernamentales deliberadas sobre la transparencia son las dificultades para recopilar datos científicos en una nación que sufre una caída libre socio-económica y donde la agitación pública y la delincuencia callejera son frecuentes.
El ecologista Luis Daniel Llambí le dijo a Mongabay que, actualmente, el 70% de las estaciones meteorológicas del país están dañadas o fuera de servicio, lo que implica que los patrones de temperatura y precipitaciones ya no se calculan con precisión.
“No hay estudios suficientes sobre el inventario de dióxido de carbono en los ecosistemas o sobre la manera en que las variaciones climáticas pueden afectar a los tepuyes [mesetas del Escudo Guayanés], a los manglares, a la industria pesquera de sardinas o a la selva tropical”, dice Villamizar, quien observa, además, que “las empresas [han] dejado de obtener certificaciones de calidad medioambiental debido a la falta de [supervisión gubernamental y de] presupuesto”.
En lo que respecta a las ciencias medioambientales: “Vamos a tientas. No sabemos cuán vulnerables somos”, dice Villamizar ante el ocultamiento de información ambiental en el país.
Los misterios de la minería y la deforestación
Ante la falta de datos oficiales del gobierno, ahora hay varias iniciativas de ONG que recopilan y divulgan datos sobre Venezuela, especialmente sobre temas relativos a la salud y los alimentos, pero también sobre asuntos medioambientales.
De acuerdo con RAISG, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, que incluye a las ONG Provita y Wataniba como socios locales, el índice de deforestación de Venezuela aumentó entre 2005 y 2015, siendo además el único país amazónico cuya tasa de deforestación se elevó.
Además, RAISG revela que, en ese mismo período, en Venezuela, la minería desplazó a la creación de terrenos de pastura y campos de cultivos como causa principal de deforestación.
Ese informe dice que Venezuela perdió 2.821 kilómetros cuadrados (1.089 millas cuadradas) de selva tropical solo entre 2011 y 2015. Esto incluye 445 kilómetros cuadrados (172 millas cuadradas) dentro de áreas protegidas y 953 kilómetros cuadrados (368 millas cuadradas) dentro del Arco Minero del Orinoco, que incluye gran parte del Amazonas venezolano. Este índice de deforestación, que el gobierno venezolano no ha confirmado, se calculó utilizando sensores satelitales.
Otra mala noticia: a pesar del estado de depresión económica de Venezuela, la minería continúa su crecimiento meteórico, lo que provoca aún mayor deforestación. La falta de regulación y aplicación de leyes por parte del gobierno y la corrupción han significado que la extracción de oro y de minerales de conflicto esté mayormente gestionada por el ejército, la guardia nacional, los grupos paramilitares y las mafias que suelen exportar de contrabando el mineral procesado.
El mismo enfoque de recopilación de datos por sensores remotos de RAISG, respaldado por los datos de campo de Provita y Wataniba, llevó a InfoAmazonía, una fuente de noticias medioambientales, a publicar un mapa histórico que halló 2.312 “puntos mineros” nuevos en el Amazonas. De estos puntos, 1.899 estaban en Venezuela.
Sin embargo, otra vez, la falta de transparencia e información termina siendo un arma de doble filo que no solo obstaculiza a los reguladores, científicos, ONG y activistas, sino también al gobierno mismo: en tanto Venezuela oculte los índices de referencia y anuales, será imposible para esta administración y las futuras probar las declaraciones relativas a la disminución de la deforestación, a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero o a las protecciones medioambientales mejoradas.
Como resultado, la posibilidad de que los registros medioambientales de Venezuela se conviertan en una página en blanco es cada vez mayor, ante la opacidad y la falta de información.
Con información de Efecto Cocuyo