Venezuela está entre los 20 países que más ha gastado en la carrera armamentista y el único país de Latinoamérica que figura en este conteo, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (también conocido como Sipri por su sigla en inglés), destacaron las organizaciones no gubernamentales en un comunicado de prensa.

Rafael Uzcátegui, director ejecutivo del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), expuso que desde 1999 hasta 2015 el Gobierno venezolano gastó 5.620.000.000 de dólares en la compra de aviones de guerra, misiles y defensa antiaérea, es decir, el doble del dinero que gastó Colombia (2.554.000.000 de dólares) y más que Chile (4.879.000.000 de dólares). Con esta cantidad de dinero se pudo construir 112. 400 apartamentos, 56 hospitales con 220 camas cada uno y 4.257 liceos bolivarianos, según Uzcátegui.

Según Sipri, a los países que más se les ha comprado armas son Rusia (4.005.000.000 de dólares), China (597.000.000 de dólares) y España (290.000.000 de dólares).

Uzcátegui precisó que en 2013 el presupuesto para el Ministerio de la Defensa fue de 32.135.581.911 bolívares, el cual superaba el dinero de los ministerio de Salud, Educación Universitaria, Energía Eléctrica, Ambiente, Alimentación, Agricultura y Vivienda, sectores en donde en estos momentos hay crisis.

El presupuesto de Min Defensa superó 156 más que el Ministerio para Pueblos Indígenas y 74 veces más que el Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género. En 2016,luego de la crisis de divisas, el ente militar cuenta con 85.377.082.544 Bs, lo que representa menos dinero que el asignado a los ministerios de Relaciones Interiores, Economía, Trabajo, Educación, Universidad, Consejo Federal de Gobierno y Salud.

Militarización y violación de derechos

El 15 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Objeción de Conciencia y Laboratorio de Paz, Provea, Civilis, Cepaz y Centro DDHH-Ucab, aprovechó la efeméride para consolidar su campaña #SoyCivilNoMilitar.

En junio de 2014 entró en vigencia la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, el cual obliga al Registro Militar Obligatoria. Los panelistas invitados especificaron cómo se violan los derechos desde que se promulgó la normativa:

Educación/ Nancy Hernández, miembro de Fenasopadres, contabilizó cuatro momentos en los que desde 1999 se comenzó a militarizar la Educación: 2004 se planteó el Plan Estratégico de la Nación en el cual se propuso promulgar principios militares en las aulas; en 2010 se creó el Comando de Guerrilla Comunicacional para alistar a adolescentes; en agosto de 2011 se publicó la resolución que dispone la incorporación de la Educación a los planes de la Defensa Integral de la Nación. Por último, citó una serie de ensayos, poemas, canciones y obras de teatro que el Ministerio de la Defensa y el Comando Estratégico Operacional de la FANB pretende desplegar en las aulas en octubre de este año para adoctrinar a la nueva generación de venezolanos con una campaña promocional sobre el “valiente soldado venezolano”

Laboral

Carlos Patiño, presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Inces, ejemplificó la violación de la militarización en lo laboral al recordar el caso de José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela y otros nueve dirigentes sindicales que fueron detenidos el 3 de febrero de 2014 por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por protestar el retraso en la discusión del contrato colectivo y repartir volantes en la refinería de PDVSA en Puerto la Cruz, Estado Anzoátegui. Fueron enjuiciados por la presunta comisión del delito de violación de zona de seguridad.

Diversidad sexual

Edgar Baptista habló por la Red LGBTI de Venezuela. Citó el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar que penaliza la homosexualidad entre los militares, por el cual hay dos personas imputadas. Recordó que el Informe por crímenes de odio por homofobia y transfobia evidenció que 54,7% de los casos de agresión a personas de la comunidad LGBTI fueron perpetrado por la GNB.

Niños, niñas y adolescentes

Carlos Trapani, defensor de niños, niñas y adolescentes, precisó que la Instrucción Militar en colegios que se implementó desde 1999 instaura un militarismos en las aulas que vulnera el pensamiento crítico, democrático y excluye el empoderamiento de valores ciudadanos, el cual viola la objeción de conciencia.

Ciudadanía

Feliciano Reyna, activista de Civilis, detalló que la Ley Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación atenta contra la Libertad de Asociación y la Protección del Espacio de la Sociedad Civil porque la normativa extiende su aplicación a todas las asociaciones u organizaciones con personalidad jurídica y entes públicos y privados, estableciendo su registro obligatorio en las Circunscripciones Militares y sanciona a quienes se nieguen a cumplirlo

En el foro e inicio de la Campaña #SoyCivilNoMilitar varias organizaciones no gubernamentales y personas del mundo de los derechos humanos, la academia, el periodismo, la política y el espectáculo entre los que cuentan el músico Fulvio Guarino del grupo Zombies No, la historiadora Margarita López Maya y el fotógrafo Nelson Garrido manifestaron en forma pública y colectiva su rechazo al Registro Militar Obligatorio por la Desmilitarización y la Democracia en Venezuela declarando su Objeción de Conciencia.

Provea y Laboratorio de Paz tendrán en sus páginas web el recurso de nulidad de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación que se introducirá ante el Tribunal Supremo de Justicia para quienes se quieran adherir.

Implicaciones y sanciones del Registro Militar Obligatorio

En 1999 la Constitución incorporó en el artículo 61 la libertad de no participar en actividades militares por conciencia.
En 2014 apareció en Gaceta Oficial la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación que viola la Carta Magna.
Si un venezolano se niega a inscribirse en Registro Militar tendrá una multa entre 5 y 15 unidades tributarias (885 a 2.655 bolívares)
Si un empleador no solicita el registro militar su multa varía entre 30 a 40 unidades tributarias (5.310 bolívares a 7.080 bolívares)
La negativa a inscribirse en el Registro Militar impide el derecho a inscribirse en una universidad, recibir un título universitario, tramitar una licencia para conducir y postularse a un trabajo.

Fuente: EL ESTÍMULO

Fecha: 13/05/16

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