Más de 5 millones de hectáreas productivas expropiadas es el saldo de la “guerra contra el latifundio” que inició el presidente fallecido Hugo Chávez Frías en 2005 y continuó su sucesor Nicolás Maduro. “De producir alimentos para todos los venezolanos ahora esas tierras solo producen lástima”, aseguró Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro.
Sostuvo que la política expropiatoria es una de las responsables de la caída de la producción de todos los rubros que el gremio ha registrado desde 2007. “El resultado de esa ‘guerra contra el latifundio’ es un fraude. Esas tierras se las entregaron a campesinos sin ningún tipo de ayuda como financiamiento, capacitación, asistencia técnica e insumos. Ahora no producen nada”.
Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice, aseveró: “Las políticas de expropiaciones y de control nos llevaron al hambre. El gobierno se encargó de acabar lo que expolió. Prácticamente destruyó al campo”.
En mayo de 2009, el Instituto Nacional de Tierras tomó “arbitrariamente 100 de 210 hectáreas del fundo San Luis, en Calabozo, estado Guárico, por considerarlas ociosas”, contó uno de los trabajadores del fundo, que prefirió no identificarse. Dijo que los propietarios eran productores de ganado. El terreno albergaba 400 animales: vacas, ovejas, caballos, yeguas y ganado. Cada año sacaba una buena cantidad de carne para el consumo.
Solo cinco meses después, el gobierno les tocó nuevamente la puerta. Willian Lara, en ese entonces gobernador de Guárico, visitó el terreno el 2 de octubre acompañado de funcionarios del INTI y militares, quienes dijeron que rescatarían las tierras por causa de utilidad pública para producir más alimentos. El trabajador relató que tuvieron que convivir con 6 trabajadores de la Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria. “Veíamos cómo acababan con todo. Se murieron más de 200 reses”, dijo.
A pesar de que el propietario logró quedarse con 86 hectáreas, el 21 de noviembre de 2015 se vio obligado a abandonar junto con su familia el hogar que le pertenecía desde 1986 por la inseguridad. Ahora el fundo está abandonado y destruido. El trabajador aseguró que las 124 hectáreas expropiadas no fueron indemnizadas. “El gobierno se las robó”, afirmó.
El año pasado continuaron las violaciones a la propiedad privada. De acuerdo con Cedice, en 2017 se expropiaron 208.000 hectáreas en estados de vocación agrícola según el balance anual del Instituto Nacional de Tierras, medida que afectó 73 predios.
El martes pasado, en un acto en el Palacio de Miraflores con campesinos, Maduro les prometió que les entregaría 44.000 hectáreas, y añadió que se sumaría a las 6 millones de hectáreas entregadas durante la gestión chavista.
“Quiero una investigación seria para castigar severamente a los que se alían con los terratenientes. Prohíbo totalmente los desalojos a las comunidades campesinas”, dijo. Sin embargo, el mandatario no mencionó nada sobre el colapso de la producción agrícola privada por falta insumos, inseguridad jurídica e financiamiento, y que apenas puede satisfacer 25% del consumo.
Carrasquero alegó que desde 2005 el gobierno ha vulnerado el derecho de propiedad de los productores agropecuarios, lo que significa que violó el artículo 115 de la Constitución, el cual establece: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”.
Fincas emblemáticas
La expropiación de la Hacienda Bolívar, que le pertenecía a la familia Brillembourg, fue un caso que mencionaron Hopkins y Carrasquero como uno de los más emblemáticos por las consecuencias que tuvo.
El 17 de diciembre de 2010 el gobierno expropió 3.899 hectáreas de esa hacienda, ubicada en la parroquia Santa Bárbara en el estado Zulia. Fue famosa por desarrollar la raza de bovino Santa Gertrudis y el churrasco Santa Bárbara.
La Hacienda Bolívar, ahora Hacienda La Bolivariana, fue uno de los 47 fundos que el gobierno ordenó tomar en el Sur del Lago de Maracaibo, reconocidos por la producción de palma aceitera, leche, carne, y plátano. El ministro de Agricultura y Tierras en ese entonces, Juan Carlos Loyo, luciendo una franela del Che Guevara y rodeado de militares, anunció las expropiaciones desde el Fuerte Caribay, en El Vigía. “Vamos al rescate de las mejores tierras para nuestro pueblo que hoy está bajo las aguas”, alegó.
En 2015 el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice visitó el Sur del Lago de Maracaibo y constató el estado de la Hacienda Bolívar: instalaciones deterioradas, caída de la producción, pugnas entre grupos de invasores, ocupantes y autoridades locales, y desaparición del ganado Santa Gertrudis, después de 70 años desarrollándose. “La infraestructura que tenía esa propiedad estaba en el piso”, dijo Carrasquero.
En los últimos 3 años la situación ha empeorado. “Antes esas hectáreas eran 100% productivas de carne de calidad, ahora solo hay ranchos y miseria”, expresó Hopkins.
El instrumento de la “cruzada” de expropiaciones fue la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en la Gaceta Oficial 37323 de fecha 13 de noviembre de 2001. Fue decretada con el fin de eliminar el latifundio “como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones”. El artículo 7 determina que un latifundio es un terreno rural ocioso o inculto que excede de 5.000 hectáreas.
Hopkins dijo que el gobierno no luchó contra el latifundio porque expropió fincas productivas, lo que hizo fue perjudicar la producción privada. “Creó una ola expropiatoria de tierras que producían alimentos para todos los venezolanos”.
Destacó las expropiaciones de los Valles de Aragua y de los Valles del Turbio, donde anteriormente había grandes plantaciones de caña de azúcar. “Ahora no hay nada, solo lástima. Solo hay maleza en los galpones de ambiente controlado”.
Ha sido tan poco transparente la información sobre las indemnizaciones que se desconocen los acuerdos entre el gobierno y los afectados. La reforma de la Ley de Tierras en 2010 agregó un artículo que establece que una persona debe presentar la cadena titulativa desde el desprendimiento de la Corona Española para demostrar la propiedad privada, un requerimiento prácticamente imposible de conseguir.
El presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, precisó que solo 3% de 5,8 millones de “hectáreas confiscadas” han recibido indemnización.
Publicado por El Nacional
16/04/2018